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Andrés Mora Ramírez

Itzamná, Ollantay

Investigador, abogado y antropólogo quechua. Corresponsal y columnista de varios medios alternativos de América Latina y Europa, defensor de derechos en el ámbito de cooperación entre los pueblos. Autor de varios libros publicados sobre el tema.

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América Latina: indios insumisos, democracias predilectas

Por Ollantay Itzamná*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

 

Mientras las noticias espectaculares sobre América Latina están centradas en las “pacíficas” protestas callejeras de los ricos contra los pobres en Venezuela, en la América Latina profunda los pueblos indígenas y campesinos son objeto de una represión neoliberal  permanente, sin que esto sea noticia.

El 20 de mayo, los hermanos Miguel y Agustín Vázquez -defensores del pueblo indígena Wixárrika- fueron asesinados por hombres armados en un hospital en Jalisco, México; y el 22 de mayo, en Chiapas, corrió la misma suerte Guadalupe Huet, defensor indígena del pueblo indígena tzotzil y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular. Según señalaron representante de la ONU en México, los asesinatos están asociados a la defensa de sus derechos.[1]

El sábado 27 de mayo, el indígena maya q’echí Carlos Maaz Coc, del gremial de pescadores, fue asesinado en El Estor (Izabal), Guatemala, por la Policía Nacional Civil durante una protesta contra la empresa minera (CGN) que contamina el lago donde pescan. El gobierno nacional no sólo respondió con la represión a las demandas legítimas de los defensores del lago, sino que negó la existencia de una persona fallecida.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, suman más de 30 los defensores indígenas y campesinos asesinados  por defender su tierra y territorios. El más reciente de ellos fue el del gobernador del cabildo Kite Kiwe, Gerson Acosta Salazar,  en Timbío, Cauca, el pasado 19 de abril.[2]. Esos y otros hechos de similar naturaleza ocurren en pueblos indígenas defensores de sus territorios y medios de vida, ante la violenta invasión de empresas hidromineras sin licencia social.

En 2012, el pastor evangélico y político que entonces fungía como canciller Harold Caballero, ante las denuncias públicas de la masacre de indígenas mayas en Totonicapán -cometida por las fuerzas del orden- expresó, compartiendo el pensamiento de los gobiernos neoliberales:  “Tampoco vamos alarmarnos con ocho muertes. Aquí tenemos todos los días el doble de ocho asesinatos”.[3]

Los gobiernos neoliberales reprimen y aniquilan a mansalva a familias y pueblos indígenas defensores de sus derechos, mientras protegen a los animales en extinción en la fauna silvestre.

Si bien organismos internacionales como la ONU emiten sus voces de “preocupación” al respecto, otros como la Relatoría de pueblos indígenas de la OEA mantienen un silencio cómplice. En tanto, entidades financieras internacionales como el Banco Mundial (que financian proyectos hidromineros por todas partes) derrochan elocuencia.

En abril del 2016, en Nueva York, el presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim, al referirse al asesinato de la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, justificó ese acto delictivo en los siguientes términos:  “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes.”[4]

Tales reacciones premeditadas de las sociedades hegemónicas evidencian lo medular de la filosofía occidental moderna respecto a los pueblos indígenas, en especial en lo que atañe a los  indígenas en resistencia ante el avasallamiento de la inversión privada en sus territorios.

Para esos grupos hegemónicos, los derechos humanos son privilegios privativos de los nichos sociales que representan, al igual que la dignidad y la condición humana. El o la indígena no tienen derechos, sólo obligaciones. No son seres humanos sino un complemento más de la tierra y de los bienes a saquear, destinados a generar divisas para su propio consumo. Los indígenas sólo tienen un derecho: defender la finca del patrón.

Los “inversionistas” y gobiernos neoliberales protegen a los animales en extinción en la fauna silvestre, mientras aniquilan a mansalva a familias y pueblos indígenas. Promueven y premian a indígenas académicos y obedientes, pero castigan a los insumisos y en resistencia porque temen que la obediencia cristianamente instalada en las fincas (como máxima virtud) sea menoscabada por la “insolencia” de los indígenas  defensores de sus derechos.

Los actuales gobiernos neoliberales y sus “inversionistas” son más voraces que Colón, Cortés, Alvarado, Pizarro y otros invasores de la primera generación. Por lo menos, aquellos  no alardeaban con discursos sobre derechos humanos universales ni  presumían de ser  democráticos, como lo hacen ahora los gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Perú, Colombia… donde -acuerpados por organizaciones como la OEA- se masacra selectiva y silenciosamente a defensores indígenas  de manera sistemática, impune, permanente.

ag/oi

 

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