Por Juan J.Paz y Miño Cepeda

Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina

A este tema me he referido en otras ocasiones. Pero en este momento adquiere una significación especial, por lo acontecido en Ecuador durante las primeras semanas de octubre de 2019, en las cuales se produjo una impresionante movilización indígena y popular.

En el año 2007 publiqué un libro titulado Removiendo el presente. Latinoamericanismo e historia en Ecuador (https://bit.ly/2Ogmrn2). Allí recogí varias ponencias y artículos escritos en años anteriores. Hay dos que tienen esa especial actualidad a la que me refiero: uno es “Del desarrollismo al mercado: dos modelos económicos en el Ecuador contemporáneo”; y el otro “Los principios laborales y la ¨flexibilización¨: una perspectiva histórica.

En el primero realizo un examen histórico del “modelo estatal-desarrollista”, que tiene un largo camino de construcción entre avances y retrocesos, pues se inicia con la Revolución Juliana de 1925, pasa por el pre-desarrollismo del gobierno de Galo Plaza (1948-1952) y se consolida durante las décadas de 1960 y 1970. Al mismo tiempo lo contrapongo frente al “modelo empresarial”, cuyos orígenes están en la “época plutocrática” (1912-1925), pero que adquiere su verdadera dimensión entre 1983 y 2006, cuando Ecuador adopta la ideología neoliberal y se subordina al FMI, tratando de edificar el paraíso terrenal de la empresa privada.

En el segundo examino la galopante flexibilidad laboral que acompañó al modelo empresarial, bajo la cual los derechos de los trabajadores, nacidos en la Constitución de 1929 y el Código del Trabajo de 1938, parecían perderse en forma irremediable. En otro libro -también publicado en 2007 con el título Asamblea constituyente y economía. Constituciones en Ecuador (https://bit.ly/2piZa83)-., tengo el artículo “Constituyentes, constituciones y economía”. Allí examino las 18 Constituciones que tuvo el país, desde la de 1830 hasta la de 1998.

Obviamente no incluyo la de 2008, porque el libro se publicó un año antes. Pero con ese estudio pude demostrar que la Constitución de 1929, nacida de la Revolución Juliana (1925), inauguró el constitucionalismo social, al reconocer los principios laborales; que la visión social y “progresista” fue continuada por las Constituciones de 1945 y 1979; pero que, en contraste, la Constitución de 1946, con más profundidad la de 1967 y con absoluta claridad la de 1998, tuvieron la misma línea de consolidación y garantía de una economía sujeta a los intereses privados, por sobre los públicos, que se expresó como modelo empresarial en la última Carta, inspirada, además, en la ideología neoliberal.

A la Constitución de 2008 la examiné en dos artículos posteriores, publicados en dos libros colectivos del año 2008, titulados: Nueva Constitución, el uno, y Constitución 2008: Entre el quiebre y la realidad, el otro.

Hago esta breve referencia, para recuperar una vieja tesis, pero de absoluta actualidad: en Ecuador siguen en pugna dos modelos económicos distintos: el uno, el de una economía abierta, basada en el supuesto de que la empresa privada y el mercado libre son garantías de modernización y progreso; y el otro, basado en la idea de que el Estado juega un papel rector para impulsar una economía social, pues a través de él pueden garantizarse los derechos laborales, promocionar nuevos derechos sociales, brindar amplios servicios para beneficio ciudadano (educación, salud, seguridad social) y cuidar los recursos naturales y estratégicos que, de otro modo, se sujetarían a la voracidad privada.

En este sentido, la Constitución de 2008 daba continuidad a las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979; y superaba al modelo empresarial de la última Constitución, es decir, la de 1998. Bajo los principios e instituciones de la Constitución de 2008 se dio un paso aún más avanzado, al colocar como ideal la sociedad del Buen Vivir (Sumak Kawsay) y proclamar un Estado Plurinacional, algo que solo comparte la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde luego, en última instancia, desde una clara perspectiva sociológica e histórica, no se trata de la confrontación de dos “modelos” económicos, sino de una pugna (en términos marxistas una “lucha de clases”) entre la visión económica y los intereses privados que tienen las clases ricas, el alto empresariado nacional y los sectores vinculados a ese poder, y la visión más “social”, más colectiva, a favor de las clases trabajadoras y los amplios sectores populares del país.

Una pugna por construir bien sea un “capitalismo salvaje”, sujeto exclusivamente a las supuestas leyes del mercado; o para construir un “capitalismo social”, como transición a una sociedad post capitalista, que, por el momento, se acercaría a las economías sociales de mercado de Europa o a los socialismos modernos de Canadá o los países nórdicos europeos.

La experiencia histórica del Ecuador y de América Latina con el modelo empresarial (capitalismo salvaje) ha sido nefasta para las sociedades de la región, por las graves condiciones de vida y de trabajo que crearon, por la absoluta concentración de la riqueza que lograron y la profunda inequidad que edificaron, como se demostró en las décadas finales del siglo XX y sigue demostrándose en los países que acogieron como rumbo las falacias de la ideología neoliberal.

Con dos “modelos” en conflicto, que expresan dos tipos de fuerzas sociales igualmente en conflicto, la edificación del modelo empresarial busca afirmarse a través de liquidar las capacidades de los Estados, debilitar totalmente los sistemas tributarios y derrotar las conquistas humanas que se han logrado con las leyes laborales, sociales y medioambientales. Hoy, bajo un nuevo ciclo de gobiernos conservadores en América Latina, la imposición de ese modelo ha ahondado un viejo rasgo,  que se ha vuelto cada vez más visible: se acude al autoritarismo, la dictadura del capital y la represión.

Sobre este trasfondo histórico, el levantamiento indígena y popular ocurrido en Ecuador ha removido las experiencias con las que contábamos. Ha desafiado precisamente los modelos de desarrollo y  alterado las visiones que hasta el momento se habían impuesto.

En la punta del iceberg, ese levantamiento parecía cuestionar solo un asunto: la liberación de precios de los combustibles, del decreto 883. Pero solo eso ya se dirigía al rechazo del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo marco el gobierno de Lenín Moreno había adoptado esa y otras tantas medidas económicas que fueron las causantes del estallido social.

Ha sido especialmente el movimiento indígena el que ha desafiado a las élites del poder, para utilizar un concepto del sociólogo norteamericano C. Wright Mills. Ha sido el movimiento indígena el que logró un triunfo popular contra un Estado encaminado a garantizar el poder de esas élites. Y ha sido el movimiento indígena el que puso en el escenario político la necesidad de construir el Estado plurinacional, incomprensible para esas élites que pusieron al descubierto su odio clasista y racista.

El levantamiento indígena y popular obtuvo un triunfo histórico en Ecuador. Hizo ver que la construcción de una nueva economía y una nueva sociedad no pasan por las sujeciones al capital, ni a las consignas neoliberales o las cartas con el FMI. Que la construcción de la armonía social, la paz y la democracia, está sujeta a la valoración de los intereses populares y a su imposición en el Estado.

ag/ jpm