Grecia es el país más endeudado de la zona euro. Cuando estalla la crisis financiera en 2008, ostentaba elevados niveles de deuda y déficit públicos, por tanto la crisis agrava sobremanera la anterior situación.

La deuda pública pasó del 110 % del PIB en 2008 al 177 % del PIB en 2014. La deuda per cápita es de 28, 867 euros por habitante.

Los principales acreedores griegos son los países centrales de la zona euro (Alemania, Francia e Italia), el FMI y el BCE. Grecia les  debe alrededor de 300 mil millones de euros, de ellos 9, 162 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dentro de la eurozona, el mayor acreedor es Alemania, con una exposición total de 57 mil millones de euros, el  28,3 % del total. Le siguen Francia (42 mil millones) e Italia (37 mil millones). En total, 226 mil millones están en manos de los socios europeos y el FMI, y 120 mil millones en manos del BCE (BBC Mundo, 2015).

En abril de 2010, la situación de la deuda pública llega a su punto crítico, cuando el Estado declaró la imposibilidad de acceder al crédito en los mercados financieros y su incapacidad de encontrar los recursos necesarios para pagar una gran cantidad de deuda con vencimiento en el segundo trimestre de 2010.  Desde entonces el país ha estado al borde de la bancarrota.

Dos han sido los rescates efectuados por la Troika a Grecia, en el 2010 y en el 2012; sin embargo no se ha obtenido un resultado favorable para la economía griega, por el contrario la nación helena ha visto caer en picada su PIB desde el 2009.

A cambio de recibir los préstamos, Grecia ha tenido que aplicar un conjunto de medidas de austeridad que exigieron el aumento de las privatizaciones de empresas públicas, la  eliminación de los aumentos automáticos del salario y disminución del salario mínimo, la rebaja de los salarios de los funcionarios y recortes en las pensiones, entre otras.

Para adoptar estos programas el gobierno se ha visto precisado a enfrentar la oposición tanto de diputados socialistas, conservadores y de ultraderecha, así como las dimisiones de ministros y viceministros.

Lo cierto es que las medidas han sido aprobadas en un ambiente social muy efervescente, caracterizado por huelgas generales desde el 2010 hasta 2012.

Estas fuertes medidas de ajuste fiscal tenían como objetivo reducir el déficit fiscal con respecto al PIB hasta el 2,6 por ciento en el 2014. Entre 2013 y 2014, el déficit griego se redujo en un 71 % y pasó del 12 por ciento del PIB al 3,5 %.

Esa abismal reducción ha estrangulado la economía y la sociedad. La recesión económica encalló con fuerza en Grecia; entre 2009 y 2013 el PIB no creció y repuntó un ligero 0,8 % en el 2014. Sin embargo, el resultado del pasado año no logró mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los empobrecidos ciudadanos.

El PIB, que alcanzó  242 mil millones de euros en 2008, a partir de ese año descendió hasta los 179 mil millones de euros en 2014, una caída del 26 %.

Con el 25,4 % Grecia -seguida de España con el 22,7 %-, posee la mayor tasa de desocupación de la zona euro. Aproximadamente el 75 % de los desocupados son de larga duración (12 meses o más sin trabajo). La plantilla de trabajadores públicos ha disminuido en 200 mil personas desde 2009 y el costo salarial del sector en 8 mil millones de euros anuales.

Más del 52 % de los jóvenes están desempleados y el 45 % de los jubilados son pobres, en un contexto en que el subsidio es el sustento sustancial para la mitad de los hogares de la nación.

Por otra parte, Grecia no recibe fondos del exterior desde agosto del 2014 y desde esa fecha al presente ha pagado vencimientos de deuda por 17 mil millones de euros (que representa el 10% de su PIB).

Bajo ese contexto, al gobierno le era imposible aceptar el tercer rescate que proponía la Troika, con nuevas medidas de austeridad.  El 30 de junio de 2015 venció el plazo de que disponía para reprogramar nuevos créditos y, continuar con su pago al FMI. En esa fecha, declaró el impago.

El nuevo gobierno de izquierda, presidido por Alexis Tsipras, sometió a votación popular las propuestas de sus acreedores el 5 de julio, consistentes en rechazar las medidas de austeridad, aplazarlas en el tiempo o continuar con la decadencia económica y social del país.

En la votación popular triunfó la propuesta del No contra las medidas exigidas por la Troika. Sin embargo, la negociación posterior al referéndum efectuada por el gobierno de Tsipras ha traído como resultado la continuidad de Grecia en la zona euro, pero con unas condiciones más exigentes que las que figuraban en la propuesta que se había rechazado antes de la consulta.

El Gobierno tuvo que claudicar y aceptar un ajuste que traspasa los objetivos que se había fijado. Si el rescate no se aceptaba, en dos o tres semanas tendrían una “catástrofe humanitaria, escasez de alimentos y medicinas, desorden público”. No tenían alternativa en un contexto de corralito financiero, con los bancos cerrados y sin liquidez para reembolsar los vencimientos de la deuda.

El Banco Central Europeo restringió la liquidez de emergencia del sistema financiero y el gobierno griego tuvo que anunciar el cierre de los bancos, de la Bolsa y la imposición de controles de capital para evitar el colapso.

El gobierno decretó el cierre de los bancos y la limitación a 60 euros diarios la extracción del dinero de los cajeros. Todo ello unido al retiro de depósitos bancarios por parte de los ahorradores. Entre octubre de 2014 y abril de 2015 salieron de los depósitos bancarios 30 mil millones de euros y, sólo en la segunda semana de junio de 2015, cuando fracasó una negociación entre Atenas y Europa, los ahorradores retiraron 4 mil millones de euros de los depósitos.

Las entidades financieras del país, ente ellas Piraeus, Alpha, NCG y Eurobank, necesitan 25 mil millones de euros para volver a operar, levantar el corralito y no colapsar en los próximos días, según estimaciones del Eurogrupo. Asimismo, el Estado necesita otros 7 mil millones para afrontar pagos al Banco Central Europeo (BCE) el próximo 20 de julio y ponerse al día con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El rescate actual de Grecia asciende a  86 mil millones de euros, y abarcará los próximos tres años. A cambio, tendrá que implementar el plan de medidas de austeridad que son humillantes para el pueblo griego y que eran impensables  semanas atrás. El propio Alexis Tsipras ha reconocido que su Gobierno ha tenido que hacer «concesiones difíciles».

Hasta el propio FMI asegura que el endeudamiento se aproximará al 200 % del PIB en el plazo de dos años, a pesar del rescate. El Fondo considera que el alivio de la deuda debe ser a un nivel superior al acordado y, propone ampliar los plazos de devolución mucho más allá de los actuales, e incluso considera que serán necesarias profundas cancelaciones.

El FMI acepta que las finanzas de Grecia son prácticamente inviables, incluso cumpliendo el programa que estaba en vigor, antes del referéndum, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda son elevados.

Grecia necesita crecer para pagar su deuda. La mayoría del dinero prestado al país se ha utilizado simplemente para pagar los intereses y el principal de la deuda. En otras palabras, la política europea supone un rescate económico no para Grecia, sino para los bancos de los países acreedores. El Gobierno griego simplemente ha actuado como intermediario, mientras que a los ciudadanos, que han visto caer en picada su nivel de vida, se les exige que hagan aún más sacrificios para que ellos también puedan aportar fondos a ese rescate.

Realmente, el tercer y actual rescate de Grecia es el más drástico en cuanto a las medidas acordadas, teniendo en cuenta el estado calamitoso de la economía y sociedad griegas. Y lo que sí está fuera del debate dentro de los círculos europeos es una cancelación de la deuda.

A pesar de que dentro de las nuevas medidas, se habla de la reestructuración de la deuda, quizás sería un alivio pero no la solución al problema. Ya en 2012 se reestructuró y, a pesar de ello, la deuda continuó creciendo. Se conoce que, antes del primer rescate en el 2010, la deuda pública griega era inferior a la actual y tenía un peso muchísimo más bajo en el PIB (126,8 % del PIB) al concluir el 2009, según Eurostat.

La deuda pública griega es impagable aunque la Troika insista en extender la financiación para que Grecia continúe pagando los intereses y las amortizaciones previstas e intentar que el país sea capaz de devolver la totalidad de los préstamos, algún día. En realidad, su cancelación pasa por decisiones políticas y la voluntad de los grandes Estados de la zona euro de aceptarla.

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