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Andrés Piqueras Infante

Colussi, Marcelo

Politólogo, catedrático universitario e investigador social. Nacido en Argentina estudió Psicología y Filosofía en su país natal y actualmente reside en Guatemala. Escribe regularmente en medios electrónicos alternativos. Es autor de varias textos en el área de ciencias sociales y la literatura.

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Policías privadas en Latinoamérica

Por Marcelo Colussi*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

 

La delincuencia es algo tan viejo como el mundo. Siempre ha existido, deviniendo un fenómeno marginal. En Latinoamérica, como en cualquier parte del mundo, eso estuvo presente desde siempre y nunca constituyó un “problema de seguridad nacional”. Pero algo sucedió que en las últimas décadas pasó a ser el enemigo público número uno. Se habla todo el tiempo de ello, las campañas políticas se basan en eso, la vida cotidiana no puede entenderse sin eso. ¿Acaso se terminaron otros problemas? ¿Por qué la delincuencia diaria pasó a ser el eje de nuestras vidas?

Los países de la región tienen marcadas diferencias entre sí, con grados de desarrollo disímiles y características culturales muy diversas. De todos modos, los planes neoliberales vigentes estos últimos años los homogenizaron bastante, confiriéndoles  similares notas distintivas.

Como secuela de las políticas neoliberales y su reiterado canto de sirena, el mito de la eficiencia de lo privado recorre toda la sociedad. Contra la iniciativa privada no hay prácticamente voces críticas.

Los problemas estructurales derivados de esas políticas, más las cargas históricas, convierten a casi todos los países de la región en virtuales bombas de tiempo. Altas tasas de desnutrición, analfabetismo, falta de oportunidades laborales, salarios de hambre, Estados deficitarios y corruptos, escasez de servicios básicos, impunidad generalizada, hacen de esta zona un lugar cada vez más inseguro para la convivencia cotidiana. A ello se suma, como una constante cada vez más presente en todos lados, la inseguridad por la delincuencia.

Actualmente la violencia cotidiana ha pasado a ser un problema muy grave en casi todos estos países. De hecho, la tasa de homicidios alcanza como promedio el 30 por ciento cada 100,000 habitantes, considerándosela como muy alta en relación con patrones internacionales. Esta violencia tiene un costo global como porcentaje del PBI (entre  el 5 y 15 %), mientras el de la seguridad privada oscila entre el 8 y el 15 % (dato significativo: las agencias de seguridad privadas son el ramo comercial que  ha crecido más en estas últimas décadas, y el negocio continúa en expansión).

En ese clima de caos impune, la criminalidad reinante pareciera no sólo funcional sino necesaria al sistema. Ante ello, las agencias privadas de seguridad aparecen como la solución (aunque, en realidad, fuera de un gran negocio para sus propietarios, no representan ninguna solución para las poblaciones).

Lo curioso es que esa avalancha de inseguridad (y consecuentemente, de agencias de policía privadas) surge aproximadamente al unísono en toda Latinoamérica, después de terminadas las guerras internas de las décadas de los 70/80 del siglo pasado, en el momento del retorno de las democracias (muy débiles, por cierto). ¿Estamos ante un plan continental pensado desde algún centro de poder? Lo menos que puede decirse es que resulta significativo.

¿Mecanismo distractor de los verdaderos problemas sociales? Es curioso que el nuevo fantasma que nos atormenta pasó a ser el ladrón callejero, mientras ya no se habla más de lucha de clases. Lo marginal (como se dijo: delincuencia, en tanto transgresión de las normas sociales establecidas, siempre ha habido), pasó a ser lo fundamental. ¿Hay gato encerrado ahí?

No es ninguna novedad que la pobreza extrema funciona como caldo de cultivo fértil para la delincuencia. A este telón de fondo de la pobreza crónica se suman enormes movimientos migratorios desde el campo hacia las ciudades, lo que crea presiones inmanejables en las grandes concentraciones urbanas, trastrocando la capacidad productiva de las comunidades de origen y produciendo procesos fuera de control como son los llamados barrios marginales (zonas sin servicios básicos, peligrosas, nada amigables, la mayor de las veces en condiciones de invasores en terrenos fiscales, donde lo único que cuenta es la pura sobrevivencia a cualquier costo).

La seguridad ciudadana no se logra con armas, alambradas electrificadas y sistemas de alarmas; se logra con equidad social “Es mejor invertir en aulas que en cárcelas”, afirmaba Lula da Silva.

Para la percepción popular la inseguridad pública es uno de los principales problemas a afrontar, si no el mayor (espejismo inducido), tanto o más que la pobreza histórica. El continuo bombardeo mediático contribuye a reforzar este estereotipo, alimentando un clima de paranoia colectiva donde aparece la “mano dura” como la opción salvadora.

Es en esa lógica -deliberadamente manipulada por grupos que se benefician de este clima de violencia- que la militarización de la cultura cotidiana no ceja, y las agencias de seguridad privadas aparecen cada vez más. Aunque no lo sean, pueden llegar a tener el perfil de “salvadoras” de la situación.

Las poblaciones, en general, no confían en las policías públicas. Habitualmente no se toma al cuerpo policial como “su” policía, como empleados a los que paga con sus impuestos y a quienes, por tanto, puede exigir que las cuiden con esmero. La idea generalizada, por el contrario, es que los cuerpos policiales públicos no responden a las necesidades de la ciudadanía, son corruptos, ineficientes. Peligrosos, en definitiva.

Hoy por hoy, como secuela de las políticas neoliberales presentes y su repetido canto de sirena, el mito de la eficiencia de lo privado barre toda la sociedad. Contra la iniciativa privada no hay prácticamente voces críticas. Si algo es “privado”, en contraposición a lo “público”, eso pareciera suficiente garantía para ser bueno, eficiente, de calidad. Aunque, en verdad, no lo sea. Lo que queda claro es que el emprendimiento privado es eficiente, sumamente eficiente… ¡para hacer dinero! Lo demás no cuenta. ¿Acaso aportan seguridad ciudadana tantas policías privadas?

Lo curioso es que en los países latinoamericanos, pese a ese despliegue fabuloso de guardias privados que inunda todo espacio imaginable (iglesias, moteles, pequeños negocios de barrio, peluquerías, guarderías infantiles, clínicas privadas…) los índices de criminalidad no bajan. Las tasas de homicidios no son significativamente distintas a las de muertes acaecidas durante las pasadas “guerras sucias”, contrainsurgentes, que ensangrentaron la región.

Evidentemente la ampliación al infinito de policías privadas no detiene el fenómeno de la criminalidad, lo cual obliga a concluir, como mínimo, dos cosas:

1.La proliferación de agencias privadas de seguridad es directamente proporcional al aumento de la inseguridad (léase: buen negocio para esas empresas, que obviamente guardan vínculos con la delincuencia). Dicho de otro modo: para los propietarios de esas agencias es indispensable el clima de violencia: porque hay “muchos” delincuentes, se “necesitan” muchos policías.

2. El tema de la violencia que nos toca no se resuelve con aparatos policiales, ni públicos ni privados. En todo caso, esto es un problema muy complejo que implica abordajes múltiples. Más empleos y educación, otro tipo de oportunidades para todos, desarrollo humano en su sentido más amplio, constituyen mejor receta que más policías armados, medidas de seguridad extremas y colonias amuralladas. Urge además, complementariamente, transformar la cultura de corrupción que se ha impuesto, lo cual significa: lucha contra la impunidad. Pero en todo ello no puede dejarse de considerar la posibilidad de oscuros intereses en que el caos social continúe.

En definitiva, los planteos punitivos marchan junto a la violencia desatada, pero no la resuelven. En todo caso, son la expresión de una ideología de “mano dura”, de control social, de militarización de la vida civil. Transformar los países en un gran cuartel no evita la inseguridad. Si algo se puede hacer al respecto es prevenir la violencia. Y ello se logra con mejores condiciones de vida para todo el colectivo.

La solución a todo esto no es la represión; la mejor manera de terminar -o al menos reducir sustancialmente- ese cáncer social de la violencia delincuencial, de la criminalidad cotidiana, de la violencia en general (véase que no hablamos de los delincuentes de “cuello blanco”, que son la estructura misma del sistema: la delincuencia legalizada) es la prevención. Dicho de otro modo: el mejoramiento de las condiciones de vida de la población: pan y justicia.

La seguridad ciudadana no se logra con armas, perros guardianes, alambradas electrificadas y sistemas de alarmas; se logra con equidad social. “Es mejor invertir en aulas de clase que en cárceles”, decía Lula da Silva. ¡Gran verdad! ¿Por eso le habrán cerrado el paso en Brasil y hay ahora un neofascista de presidente? Militarizar la vida nunca puede ser una solución.

ag/mc

 

*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.