Por Juan Paz y Miño Cepeda*
Exclusivo para Firmas Selectas
Desde que se inició el gobierno de Alexis Tsipras en Grecia (27/01/2015), lo que sucede en el país rápidamente se convierte en noticia mundial, pues las decisiones para reorientar la economía a favor de la población y, para superar el modelo neoliberal impuesto bajo el manto de uniformidad en el esquema de la Unión Europea, han comenzado a afectar no solo las relaciones de Grecia con esta comunidad, sino también a cuestionar el camino seguido.
Una de las últimas noticias tiene una significación muy especial no sólo para el mundo, sino particularmente para América Latina: a propuesta del Presidente Tsipras, el parlamento griego aprobó, en la tercera semana de marzo, la creación de un comité especial para cuantificar y reclamar a Alemania las reparaciones por los desastres materiales ocasionados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundia (1939-1945). Además, Grecia reclama por los restos arqueológicos y el patrimonio cultural robado durante la guerra.
No es la primera vez que se intenta un reclamo de semejante magnitud. En 1960 Alemania canceló unos 58 millones de euros a personas particulares y en 2010 cubrió saldos por intereses a favor de Grecia por la simbólica cifra de 69.9 millones de euros, dando por cancelada toda reparación bélica.
Pero el entonces viceprimer ministro Theodoros Pangalos declaró: “los alemanes se hicieron con las reservas de oro del Banco de Grecia, un dinero que nunca devolvieron”; y el secretario de Estado de Finanzas, Philippos Sahinidis, consideró que la deuda por reparaciones ascendía a 162 mil millones de euros. Alemania ha esgrimido como argumento en contra un Tratado de 1990 con las antiguas potencias Aliadas en la guerra, que interpreta como fin de toda deuda por causa de indemnizaciones bélicas.
Pero el Parlamento griego aprobó la creación del comité especial con el voto unánime de todos los partidos. El Presidente Tsipras incluso fue tajante ante el Parlamento: “Quiero asegurar –dijo en su discurso- que [el Gobierno] hará todo lo posible para que a través del diálogo haya progresos en Europa. Grecia cumplirá con sus obligaciones, pero el Gobierno trabajará para que los demás cumplan las suyas, que hasta ahora no han cumplido”; y añadió: “Alemania nunca ha pagado bien las reparaciones por los daños causados a Grecia por la ocupación Nazi” (HispanTV, http://goo.gl/uGCieK).
Desde Alemania la respuesta ha pretendido acabar con el tema. Steffen Seibert, portavoz del gobierno, también fue claro en afirmar: “Alemania es muy consciente de su responsabilidad histórica con las víctimas del nazismo, pero el capítulo de las reparaciones está jurídica y políticamente cerrado»; y añadió: «No vamos a entablar conversación alguna con la parte griega en relación a esas reclamaciones», instando a Grecia para “mirar hacia el futuro”. El responsable de Finanzas, Martin Jäger, también señaló que es el momento de dejarse de «debates emocionales» y concentrarse en los problemas del presente (La Izquierda Diario, http://goo.gl/F3iCMF).
Sin embargo, la propuesta de Grecia actualiza el tema de la DEUDA HISTÓRICA, que contrapone, en este caso, el asunto de las reparaciones bélicas como causa nacional y ética frente a la deuda que supuestamente tiene el país con Europa, y que asciende a unos 317 mil millones de euros (175% del PIB).
Y en esta situación Grecia adopta una postura que también ha sido actualizada en América Latina, por 14 Estados del CARICOM (exceptuando Cuba y República Dominicana), reunidos en Kingstown, la capital de San Vicente y Las Granadinas, que acordaron una demanda de 10 puntos contra Europa (estarían: España, Francia, Holanda, Inglaterra, Portugal), que busca reparaciones morales y económicas por los siglos de esclavitud sobre las poblaciones negras, la explotación social y el genocidio contra los pueblos indígenas.
La historiadora Verene Sheperd, al frente de la Comisión de Reparaciones de Jamaica, afirmó hace tiempo atrás que no es un asunto de dinero, sino de acordar mecanismos de compensación que contribuyan al desarrollo de los Estados caribeños con infraestructura, escuelas, centros de salud, carreteras y hospitales (El País, http://goo.gl/bFxWKF).
Pero a los motivos de Grecia y de los Estados del CARICOM cabe unir el reclamo de toda América Latina por la DEUDA HISTÓRICA no solo del pasado remoto, sino también del pasado reciente, es decir, de aquel que involucró a la región en el pago de una “deuda externa” inexorablemente cobrado para beneficio del capital financiero internacional, sin importar las condiciones sociales en que quedaron los países.
Recordemos algo de aquello: el origen de la “deuda externa” de América Latina tiene que ver, en mucho, con los “petrodólares”. Es que cuando el conflicto entre Israel y los países árabes se agudizó en el año 1973, los estados petroleros de la región decidieron disminuir y aún cortar el suministro de petróleo a aquellos países que respaldaban a Israel. Ello provocó el auge inusitado de los precios del crudo, que acumuló dinero que fue depositado en bancos privados de occidente y particularmente de los EEUU.
Con esa gigantesca liquidez, los monopolios bancarios comenzaron a ofrecer créditos baratos y masivos a los países latinoamericanos y también a sus empresarios. Todos cayeron en el juego de tan atractivo negocio, cuando las tasas de interés fluctuaban entre el dos y el cinco o seis por ciento, y se otorgaban facilidades crediticias, incluso presionando políticamente o conquistando a personas y funcionarios influyentes en el Estado con jugosas comisiones y otras corruptelas.
En Ecuador, hubo un ministro que, a pesar del auge petrolero de la década de los 70 -que incluso permitió contar con fondos para cancelar los últimos bonos de la “deuda de la independencia” (1974), heredada de la desintegración de la Gran Colombia en 1830-, argumentaba que el país podía acudir al “agresivo” endeudamiento externo, pues, según su particular visión, el petróleo, de agotarse, no era garantía para la generación de riqueza en el largo plazo.
Como Ecuador, que inició su “agresivo” endeudamiento externo con el capital financiero transnacional en 1976, casi todos los países latinoamericanos cayeron en la trampa de los créditos blandos. Pero la crisis estalló en 1982, cuando México no pudo cancelar su deuda, pues los intereses habían trepado al 20% o más. Y tras México, siguieron el resto de países, incluido Ecuador, que desde ese mismo año, bajo el gobierno del Presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), tuvo que dar un giro a las políticas económicas, privilegiando los paquetes de medidas destinados a generar recursos con los cuales pagar la deuda externa. Enseguida llegó el FMI y con él las “Cartas de Intención” que obligaron a los Estados de la región a adoptar medidas de liberación económica inspiradas en la ideología del neoliberalismo.
Así, el cuadro quedó fijado: reducir el gasto público, reordenar el sistema tributario para generalizar los impuestos indirectos, privatizar bienes y servicios públicos, quitar regulaciones estatales sobre la economía, “liberalizar” tasas de interés y tipos de cambio, flexibilizar el trabajo, fijar montos presupuestarios para el pago de la deuda externa, apoyar a los empresarios para el arreglo de sus deudas, liberar las fuerzas del mercado tanto interno como externo.
Se habían sentado y concretado las fórmulas de aquello que desde 1990 se generalizó y conoció como “Consenso de Washington”, un decálogo de medidas que todo país debía adoptar para retirar al Estado, privatizarlo todo y modernizar los países sobre la base del mercado libre y la hegemonía de la empresa privada más competitiva.
Con gobiernos que ejecutaron el plan neoliberal bajo los condicionamientos del FMI, naturalmente que en las décadas de los 80 y sobre todo 90 se fortalecieron las actividades empresariales y se dinamizó el mercado competitivo como supuesto regulador espontáneo y natural de la economía. Creció la riqueza de las elites empresariales y se concentró la riqueza, fenómenos que convirtieron a Latinoamérica en la región más inequitativa del mundo, pues, al mismo tiempo, se dispararon el desempleo y el subempleo, la emigración, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población. Adicionalmente, con el retiro y privatización del Estado, cayeron las inversiones y los servicios públicos, entrando en colapso- o por lo menos en abierta ruina- la seguridad social, la educación, la salud y la vivienda.
Contra la deuda externa fondomonetarista, comenzó a reivindicarse en Ecuador (y en otros países latinoamericanos) la tesis de pago de la DEUDA ECOLÓGICA, que implicaba buscar reparaciones y compensaciones por los años de explotación de recursos naturales por parte de las gigantes transnacionales capitalistas. En Ecuador este fue uno de los fundamentos para que pobladores de Lago Agrio demandaran reparaciones económicas a la petrolera Chevron-Texaco por la destrucción y contaminación de su suelo en la Amazonía. Tras años de denuncia y de proceso judicial, el pasado 12 de marzo, el Tribunal Arbitral que conocía la contrademanda de Chevron-Texaco contra el Estado ecuatoriano se pronunció a favor del país y de la demanda interpuesta por las comunidades amazónicas.
Pero no bastaba demandar la deuda ecológica, de manera que había que plantear un concepto aún más amplio, y así se encaminó la propuesta de DEUDA HISTÓRICA, que contrapuso, al cobro de la “deuda externa”, la necesidad de que los países imperialistas y acreedores de ella (acumulada con nuevos créditos para pagar anteriores deudas contraídas) son los que tienen que pagar, a los países latinoamericanos, las reparaciones y compensaciones necesarias no solo por los siglos de explotación humana y saqueo de recursos, sino también por las recientes imposiciones del capital transnacional. Y no solo ello: en el caso de Cuba, el concepto DEUDA HISTÓRICA implica incluso la reparación por más de medio siglo de bloqueo, que tantas consecuencias limitantes produjo a su sociedad y que bien puede ser calculado, en forma conservadora, ¡en más de un billón de dólares!
Pero el concepto DEUDA HISTÓRICA implica, además, la valoración de los patrimonios saqueados desde América Latina y que forman parte de museos o bibliotecas extranjeras (piezas arqueológicas, documentos históricos, bienes culturales), cuya medición en precios rebasa los cálculos que podrían imaginarse.
Cabe también destacar que el concepto DEUDA HISTÓRICA no solo se aplica contra las potencias mundiales y frente a los Estados imperialistas, sino, además, en contraposición a las clases poderosas, dirigentes y elites gobernantes latinoamericanas identificadas con intereses oligárquicos, que son responsables internas de la postergación del bienestar, el desarrollo y el progreso de las sociedades de la región.
Por tanto, el concepto DEUDA HISTÓRICA cobra vigor en el desarrollo de las políticas que llevan adelante los gobiernos de la nueva izquierda en América Latina, pues son éstos los que han revertido la hegemonía de antiguos poderes y han orientado los Estados al servicio de sus ciudadanos, imponiendo reformas que, por lo menos en una fase de transición actual, edifican un tipo de “capitalismo social” que afecta no solo los intereses de capitalistas tradicionales internos, sino de las potencias acostumbradas a ejercer su diplomacia imperialista. Las razones para reivindicar la DEUDA HISTÓRICA asisten a Grecia, al CARICOM y a Nuestra América Latina.
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