Por Nils Castro

El Estado Libre Asociado (ELA) cayó en moratoria y lo que antes nos presentaban como “la vitrina del Caribe” se desacreditó. Ya nadie lo considere solvente, ni en Wall Street ni entre los tres poderes de la Unión, pues además del desastre económico ha probado ser un fiasco político.

Pero cuando corresponde definir quién pagará el desastre, ellos aducen que, como viene de décadas de malas administraciones puertorriqueñas, sus costos deben recaer sobre quienes las eligieron. La gran prensa y los carísimos consultores y cabilderos oficiales omiten quién instauró al régimen que originó tales administraciones y limitan la cuestión a decidir las medidas “técnicas” requeridas para paliarlo.

Nada nuevo en el repertorio neoliberal. Como los “pigs” europeos  Portugal, Irlanda, Grecia y España , la isla se endeudó descomunalmente y ahora la “única” salida es exigirle extrema austeridad. Maliciosa distorsión del término que no sugiere sobriedad sino que manda precarizar empleos, abatir salarios, achicar pensiones, eliminar días de descanso, reducir servicios públicos y elevar impuestos.

Esto no castiga a quienes implantaron ese modelo económico, ni aquienes contrajeron esta deuda y gozaron del despilfarro, sino a un pueblo que no tuvo otras opciones políticas. Puerto Rico es un “territorio” que pertenece a Estados Unidos pero no forma parte esa nación; el Congreso de Washington ejerce los poderes sobre la isla y define las modestas atribuciones caseras del gobierno local. En castellano, esto es una colonia.

¿De dónde vino semejante endeudamiento? De una larga insostenibilidad del modelo, que por decenios tomó empréstitos adicionales crecientemente onerosos para tapar deudas anteriores, hasta que el gobierno resultó incapaz de pagar.

Los seductores prestamistas de ayer son los implacables buitres de hoy, y aseveran  con el dogma neoliberal en el puño  que, haciéndola consumir menos y tributar más, la isla podrá pagar lo recibido y sus intereses. Pero según la legislación federal los “territorios” no tienen derecho a auxilios por bancarrota; la Casa Blanca aclara que solo piensa “asesorar” al gobierno de San Juan y el Congreso tiene otras prioridades.

A la vez, se omite que, antes de discutir cualquier pago, debería auditarse cada préstamo, pues en el bulto adeudado se ocultan gastos o extravíos inadmisibles. Como igualmente se silencia que durante más de un siglo Puerto Rico nunca dejó de subsidiar a la economía estadunidense, al tener que amoldarse a las necesidades norteamericanas incluso a expensas de su propia subsistencia.

Cuando Estados Unidos necesitó azúcar, se cañaveralizó a la isla arrasando los demás cultivos y la seguridad alimentaria, hasta que los agricultores norteamericanos la surtieron con azúcar de remolacha. Entonces se impuso la industria de derivados del petróleo hasta que la crisis de 1973 encareció el suministro y dañó el negocio.

Luego el Congreso estadunidense favoreció con exoneraciones la instalación de industrias ligera y farmacéutica en la isla, hasta que estas la abandonaron cuando los atractivos asiáticos y los TLC con México y Centroamérica les ofrecieron mayores ventajas.

Invariablemente esas empresas repatriaron enormes ganancias sin reinvertir en Puerto Rico, y cada una de esas experiencias le restó sostenibilidad a la economía del país, cuya gente nunca las ideó ni fueron sus beneficiarios. Y cada una dejó una crisis humana  y demográfica  por la cual millares de puertorriqueños no tuvieron más remedio que dejar su patria.

Más de un siglo de historia muestra que el verdadero deudor es Estados Unidos, y que los pícaros que endeudaron a la isla sabían en qué andaban y pueden asumir esa responsabilidad sin pretender ganancias adicionales.

Ello dista de ser un problema “técnico”, y es imposible apretar más la tuerca de la austeridad sin romper el tornillo. Dentro del sistema colonial que creó y recicla el problema, ningún paquete de medidas sacará a la isla del marasmo. La crisis proviene del régimen que impide a los puertorriqueños escoger sus propias alternativas y usar los mismos recursos soberanos que sus vecinas repúblicas caribeñas y latinoamericanas.

Para superar la crisis lo que toca negociar no son medidas “técnicas”, sino la transición para convertir a Puerto Rico en una república independiente  y sostenible.

ag/nc