Por Rafael Cuevas Molina*
Guatemala es un país con una historia política convulsa. 36 años de guerra interna lo atestiguan indubitablemente. Es una sociedad polarizada en todos los sentidos.
Las raíces de esta situación pueden rastrearse hasta el periodo colonial, cuando fue centro del poder político-administrativo de Centroamérica, lo cual no sucedió por casualidad: poseía fuerza de trabajo, fuente de riqueza en una región con pocos yacimientos de minerales y metales preciosos.
La sujeción y explotación de la fuerza de trabajo de los naturales originó la estructuración de una sociedad altamente estratificada, polarizada, verticalista y racista , que no varió su naturaleza con la independencia, y prolongó sus características con leves variantes modernizadoras en el período republicano hasta nuestros días.
Una de estas la constituyó el acceso a espacios de poder económico y político del ladino (mestizo), grupo social que emergió de las castas coloniales, en el seno del cual se constituyeron grupos que crearon fortuna al amparo del aparato de Estado desde la segunda mitad del siglo XIX, y que durante todo el siglo XX fue ampliando su espacio de dominio.
Esos grupos fueron artífices de la construcción de la ambigua y contradictoria identidad nacional guatemalteca, que reivindica para sí el “glorioso” pasado maya que se corporizó, por ejemplo, en las ciudades-santuario construidas entre el siglo II a.n.e y el siglo XV d.n.e., y reniega de sus descendientes actuales, de quienes intenta diferenciarse y distanciarse.
Fueron también los que construyeron el Estado moderno guatemalteco, aparato que tiene como uno de sus ejes centrales de articulación al Ejército, sin el cual es impensable su dominación dadas las débiles bases del consenso con los sectores marginados del poder político y económico, especialmente los indígenas.
Las élites económicas y políticas ladinas logran espacios de consenso y legitimación ideológica especialmente entre sus iguales, que se caracterizan a sí mismos como los guatemaltecos, los portadores de los atributos positivos que todo nacionalismo atribuye a sus portadores. Los rasgos identitarios de quienes no calzan con esos atributos, así como sus acciones (de cualquier índole), son vistos como rasgos, atributos y acciones de menor cuantía, merecedoras de ser ignoradas o menospreciadas.
La resistencia y sublevación ante este estado de cosas ha sido una constante de la historia guatemalteca. Diferentes pueblos indígenas en diferentes momentos históricos han entrado en confrontación directa con el poder del Estado ladino, o contra los ladinos ricos latifundistas o comerciantes.
La respuesta reiterada que ha tenido esta resistencia y sublevación ha sido la represión, nunca la búsqueda de consenso. Los ladinos ricos y el Estado ladino no han variado un ápice en este sentido a través de la historia, con la sola excepción, tal vez, del período 1944-1954, cuando ladinos con una ideología progresista llegaron al poder político del Estado.
La última gran confrontación de esta naturaleza se vivió en la segunda mitad del siglo XX, y es conocida hoy como el conflicto armado interno. No fue este un conflicto exclusivo entre ladinos e indígenas pero, dado el hecho que la contradicción entre estos dos grandes grupos sociales tiñe todo el cuerpo social guatemalteco, sí tuvo importante expresión en él.
Posteriormente, a partir de 1996, cuando se firmó la paz entre la guerrilla y el gobierno guatemalteco, la contradicción ladino-indígena, con todas sus formas contemporáneas de expresión, ha seguido manifestándose intensamente.
Los campesinos indígenas han continuado reclamando acceso a la tierra acaparada por grandes latifundistas ladinos; han protestado y se han opuesto a la marginación a la que se les quiere someter en el uso del agua, que se está comercializando; se oponen radical y masivamente a la explotación minera, que no solo los desplaza de sus lugares de residencia sino también contamina el ambiente y crea disrupciones en la vida cotidiana; protestan, se oponen y denuncian la discriminación cultural a la que son sometidos.
Las protestas colectivas han sido, pues, una constante. Los dirigentes de tales protestas son perseguidos, juzgados, encarcelados y asesinados. En Totonicapán (“el pueblo indígena de los 48 cantones”), por ejemplo, el 4 de octubre de 2012 se protestó contra el alza de las tarifas de la electricidad, con un saldo de ocho muertos por la represión ejercida por parte de fuerzas combinadas de seguridad.
No ha sido, claro está, la única movilización indígena de los últimos tiempos. El 1 de agosto de 2014, el periódico La Nación de Guatemala consignaba que “con el propósito de parar la movilización de la resistencia de los pueblos y debilitar las protestas, el Ministerio Público (MP) ha solicitado a diferentes tribunales 285 órdenes de captura en contra de dirigentes de 8 departamentos del país”. En esa misma nota, el diario informaba que los pueblos indígenas denunciaban la captura de 60 líderes comunitarios.
Ha habido otros casos relevantes. Recientemente, por ejemplo, la resistencia de la comunidad de La Puya, en el nororiente del Departamento de Guatemala, contra el establecimiento de un proyecto minero presentado por Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de la multinacional canadiense Radius Gold Inc. que busca extraer oro. En este caso, el problema central es el del agua, en un lugar en el que se inicia el Corredor Seco del país y que, como se sabe, es utilizado en ingentes cantidades por este tipo de explotaciones mineras.
El Corredor Seco guatemalteco es una zona muy golpeada por los efectos del cambio climático. En él se ha agudizado por las prolongadas sequías la desnutrición infantil, sin parangón en América Latina, y la muerte por inanición, entre otros males.
El movimiento de resistencia de La Puya ha sido sistemáticamente reprimido, igual que los movimientos sociales indígenas. El diario Prensa Libre consigna uno de los últimos episodios en este sentido, el 5 de octubre de 2015:
Estos no son más que ejemplos sobresalientes de lo que constituye una permanente movilización de diferentes sectores populares guatemaltecos que no ha dejado de ser identificada como peligrosa por parte del Estado, que no ha vacilado en responder violentamente.
Es, sin embargo, una movilización popular que parece tener una agenda distinta a la que inspiró y activó al movimiento civil ciudadano de clase media, que se gestó y desarrolló principalmente en la ciudad capital y, eventualmente, en algunas otras ciudades del país, entre mediados de abril y finales de agosto del 2015, y llevó a la renuncia del presidente y la vicepresidenta del país, acusados de corrupción.
Este movimiento ciudadano citadino anticorrupción fue calificado, frecuentemente, como un “despertar” de la ciudadanía, comparándosele con la salida de un letargo en el que los guatemaltecos habrían estado sumidos por apatía, desidia o desinterés. Pero, como hemos visto más arriba, tal apreciación es totalmente falsa pues los guatemaltecos han estado en una movilización permanente, y esa movilización ha sido reprimida sin contemplaciones, llegando a tildársele de subversiva.
Pareciera no sólo que existen dos tipos de movilización ciudadana, sino dos países que se ignoran mutuamente: (1) Uno rural, preponderantemente indígena, denuncia el establecimiento de compañías transnacionales que despojan de sus tierras a los campesinos, contaminan el medio ambiente y se apoderan de los recursos naturales; que lucha por el derecho a cultivar la tierra en el país de América Latina con la mayor desigualdad de tenencia.
2) Otrocitadino y pluriclasista aunque principalmente de clase media ladina, que se convoca y mantiene vivo a través de las redes sociales, que se preocupa principalmente por el tema de la corrupción, no es reprimido de ninguna forma, cuenta con el beneplácito de los medios de comunicación del sistema y, además, cuenta con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos en el país. Dos tipos de movimientos sociales, dos agendas, distintos sujetos sociales, dos Guatemalas.
Nos parece importante remarcar estas diferencias por dos razones. En primer lugar porque evidencia la característica de la formación social guatemalteca, que deriva de sus orígenes históricos, locual hace difícil compaginar agendas, intereses, formas de organización y trabajo en común entre las dos Guatemalas, la rural y la citadina.
Lo que es casi lo mismo que decir la indígena y la ladina. Y, en segundo lugar, porque muestra cómo, en el seno de la sociedad ladino-urbana, el Estado ladino ha logrado conformar un sentido común, al que podríamos llamar sentido común ladino, que abarca diferentes grupos, estratos y clases sociales que sistemáticamente se autoidentifican, excluyentemente, como guatemaltecos, ignorando o minusvalorando lo que sucede en lo que podríamos llamar “el mundo indígena” o, más en general, el mundo rural del país.
Una vez establecidos estos parámetros, quisiéramos agregar algunos más para caracterizar específicamente al movimiento citadino anticorrupción que se gestó y desarrolló entre mayo y agosto de 2015.
Una primera característica relevante es la de su carácter contemporáneo. ¿Qué queremos significar con esto? Simple: que es un movimiento que está “a tono” con otro tipo de movimientos similares en distintas partes del mundo.
En este sentido, se puede deducir que el sujeto social que lo lleva adelante tiene no solo el conocimiento de esos otros movimientos sociales sino que, además, cuenta con las herramientas para imitarlos o emularlos. Es un grupo social “globalizado”, moderno, con ingresos suficientes como para comprar y utilizar artilugios tecnológicos como computadoras y teléfonos inteligentes.
Asimismo, se puede deducir que, de una u otra forma, tienen condiciones (materiales, políticas, ideológicas, etc.) en común con esos otros movimientos antes citados, que les sirven de sustento, de base material.
Se trata de los llamados nuevos movimientos sociales, que tienen algunas diferencias con los viejos o antiguos movimientos sociales, a los que pertenecían, principalmente, los sindicatos y los partidos políticos.
Estos, los nuevos, tienen reivindicaciones más puntuales, rehúyen los partidos políticos, se organizan o conforman horizontalmente sin las antiguas verticalidades que tenían en la cúspide secretarios, comités centrales o direcciones ejecutivas; y desaparecen fácilmente una vez cumplidas las reivindicaciones a las que se abocan, o cuando el movimiento se agota en sí mismo, pues no buscan -como lo hacían los hacían sus antecesores- acceder al poder del Estado sino solamente presionar.
Por último, habría que puntualizar el papel determinante que desempeñan en su conformación las nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente la llamada Internet 2.0, que desde hace aproximadamente 10 años ha revolucionado las formas de comunicación social.
Estos nuevos movimientos sociales responden, entonces, a motivaciones puntuales que, de una u otra forma, son sentidas por una colectividad extendida que, sin que sus integrantes necesariamente se conozcan, se aglutinan para presionar en pos de una resolución de lo que consideran una situación que debe ser cambiada.
No entraremos a tipologizar estos movimientos, pero sí que los hay efímeros y con mayor permanencia, lo cual tiene que ver con el objeto que los motiva a movilizarse. El tema del medio ambiente, por ejemplo, un problema central de nuestra época con visos de empeorar en el futuro, concita movimientos de amplio aliento.
En Guatemala, entre mayo y agosto del 2015 se suscitó un movimiento social de corta duración a pesar de que, en el contexto guatemalteco, cuatro meses de movilizaciones, con sus altibajos, constituyen toda una novedad. El objetivo central fue la protesta contra la corrupción de las dos principales figuras del ejecutivo, la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina.
Ese fue el motivo central de las movilizaciones y la consigna: #RenunciaYa. En ese movimiento social de amplio espectro pronto aparecieron consignas aleatorias, subsidiarias o secundarias, pero ninguna tuvo, como se demostró posteriormente a la renuncia de los denunciados, mayor efecto movilizador.
La consigna central aludió a la indignación contra aquellos que, queriéndose pasar de vivos, engañaban y estafaban a la ciudadanía enriqueciéndose, mientras del diente al labio decían combatir la corrupción.
Las causas estructurales, las acciones complementarias, los otros implicados que no se divisaban ni habían sido denunciados, no interesaron más que a pequeños grupos con mayor bagaje político que la mayoría. Esos grupos más concientizados participaron con su propia agenda y, cuando el movimiento no la asumió, se sintieron frustrados.
Uno de los problemas que acarrean quienes tienen mayor claridad sobre las causas últimas que se encuentran tras los hechos puntuales de corrupción denunciados, es que se les identifica con “la política” o con los partidos políticos, algo que, como hemos apuntado antes, es rechazado ad portas por los nuevos movimientos sociales, que ven en ella la fuente primigenia de los males sociales: ineptitud, mediocridad, corrupción y oportunismo.
La clase media ladina citadina fue la principal protagonista. Esta fue también gestora de un movimiento parecido al actual en el período presidencial de Álvaro Colom, cuando el abogado Rodrigo Rosenberg lo acusó en un video, difundido después de su muerte, como el causante de su asesinato.
Dicho movimiento tuvo un alcance mucho menor que el que aquí analizamos, pero también puso al presidente a un tris de renunciar. Se trata, por lo tanto, de un segundo grupo de indignados guatemaltecos, que se dirigen expresamente contra la figura presidencial en menos de seis años.
El motor principal dentro de esa clase media lo constituyen jóvenes profesionales “apolíticos” ladinos que, al igual que el resto de su generación, están inmersos en las redes sociales telemáticas. En entrevistas concedidas remarcan lo no planeado de sus acciones y su sorpresa al ver la respuesta de sus conciudadanos a las convocatorias que hicieron.
Posteriormente, uno de ellos explicó que las consignas movilizadoras no habían sido una sola sino varias, pero que estudios pormenorizados que llevaron a cabo del comportamiento de la redes sociales, les indicaron el camino de cuáles tenían más aceptación y, por lo tanto, capacidad de movilización.
Aunque la clase media ladina fue el principal motor del movimiento, otros sectores y clases sociales se sumaron a él. Con el tiempo, acudieron grupos de campesinos, trabajadores de la ciudad, indígenas y miembros de la clase dominante guatemalteca. En algún momento, y en puntuales manifestaciones, participó incluso el embajador de los Estados Unidos de América.
La participación de algunos conspicuos miembros de la clase dominante y del embajador norteamericano levantó suspicacias, sospechas de manipulación en función de intereses espurios. Por un lado, la de que las manifestaciones hubieran sido únicamente una cortina de humo para desviar la atención hacia un grupo específico de atracadores, ocultando a los otros; es decir, a los que untaban la mano de los trúhanes enquistados en las aduanas. Como en el grupo de esquilmadores capitaneados por Pérez Molina y Baldetti conocido como La Línea, a quienes quedaban ocultos pero no salían a la luz se les llamó La Línea 2.
Por otro lado, se sospechó que intereses norteamericanos eran los reales propiciadores de los acontecimientos. Se ha argüido, en tal sentido, que los Estados Unidos tienen intereses geoestratégicos importantes en Centroamérica (su patio trasero, primer círculo de su defensa estratégica), y la presencia de agentes abiertamente corruptos en la dirección del Estado no les conviene.
Ambas cosas son plausibles y no se deben descartar, pero hasta el momento no hay suficientes elementos que permitan identificar con claridad una posible manipulación del movimiento de indignados. Otros movimientos similares lo han sido, tanto en América Latina como en Europa y África.
En Ucrania, por ejemplo, es evidente el papel de los Estados Unidos y la Unión Europea tras el movimiento del Maidán (de La Plaza), que derrocó al presidente Víctor Yanukóvich, con el nombre de Revolución Naranja.
Así que, siendo Centroamérica una zona “caliente”, donde los intereses norteamericanos están presentes de modo permanente y, a veces (como sucedió en la década de los ochenta y, en Guatemala en específico, en los años cincuenta) de forma radical, el “factor norteamericano” debe tomarse en cuenta al caracterizar al movimiento indignado guatemalteco #RenunciaYa.
Al respecto, vale traer a colación las declaraciones de Thomas Shannon, Consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, invitado por la rganización Casa de América de Madrid, España, para dictar una conferencia sobre la política estadounidense para Centroamérica, de la que emergieron declaraciones reveladoras sobre papel estratégico que Washington le asigna al control del istmo en función de sus necesidades de dominación hemisférica.
Por un lado, Shannon recordó los tres pilares sobre los cuáles los Estados Unidos se proyectan hoy en la región centroamericana: la seguridad nacional, el desarrollo económico -vía Tratado de Libre Comercio y ahora con la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-, y las migraciones ilegales (especialmente de niños que, forzados al exilio económico por el capitalismo neoliberal de nuestros países, emprenden en soledad la búsqueda del sueño americano).
No obstante, los propósitos reales se inscriben en el campo de la geopolítica y, en concreto, persiguen el reforzamiento del dominio estadounidense y el resguardo de su frontera sur :
“Decidimos acercar a Centroamérica de la misma forma que decidimos acercar a Colombia cuando estábamos construyendo el Plan Colombia”, reconoció el diplomático en su exposición, aludiendo -con un referente poco afortunado, dada la experiencia del caso colombiano- a entendimientos y acuerdos con las dirigencias políticas y gobiernos de cada país en materia de seguridad.
Por otro parte, el funcionario definió a Centroamérica como una de las cinco prioridades de política exterior de la Casa Blanca, a la par de Irán, Rusia, China y el ejército del Estado Islámico.
Es decir, el espacio geográfico, político, ambiental y socioeconómico centroamericano, tradicionalmente marginal y agobiado por las severas condiciones de pobreza (que afecta casi a la mitad de los centroamericanos) y desigualdad, está siendo considerado por el Departamento de Estado como una cuestión vital, al mismo nivel de sus competidores hegemónicos globales y por encima incluso de las relaciones con Cuba, Venezuela o Brasil.
Esto, que a primera vista podría parecer un absurdo, fue explicado por Shannon en términos de la importancia de la región como puente que conecta, de manera estratégica, el norte y el sur de América, así como el Pacífico y el Atlántico.
Varias señales previas a las movilizaciones ciudadanas deben además consignarse: la de la insistencia de Washington para que el Estado guatemalteco renovara la petición ante la Organización de Naciones Unidas del mandato de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien fue la instancia que destapó el escándalo de corrupción; el rechazo del vicepresidente norteamericano John Biden a entrevistarse con su homóloga, Roxana Baldetti, cuando visitó el país en marzo del 2015 y, por último, las reiteradas declaraciones del embajador norteamericano y su presencia en manifestaciones callejeras en Ciudad de Guatemala.
Estas señales son claras en mostrar que: 1) el gobierno estadounidense estaba al tanto, antes que la ciudadanía guatemalteca, de las investigaciones que adelantaba la CICIG en torno a la participación de altos personeros del gobierno guatemalteco en redes de corrupción como la que fue puesta en conocimiento público en mayo del 2015; 2) el gobierno estadounidense estaba interesado en sacar a la luz pública tales hechos de corrupción y respaldaba las acciones para denunciarlas; 3) el gobierno estadounidense sigue practicando en Guatemala una política abiertamente injerencista, propia de otros tiempos (de Banana Republics), cuando sus embajadores se comportaban como procónsules del imperio.
Debe considerarse, además, que con la llegada de Barak Obama al poder político de los Estados Unidos, se instituyó como política de Estado el poder blando (softpower), cuya ejecución práctica ha sido amplia y detalladamente descrita, paso por paso, por Gene Sharp, fundador de la ONG Albert Eistein y autor del libro De la dictadura a la democracia: un sistema conceptual para la, traducido a más de 30 idiomas y en el cual se detallan 198 métodos para derrocar gobiernos.
En América Latina se han puesto en práctica en varios países, y han tenido resultados positivos en Honduras y Paraguay.
Dadas las denuncias que se han hecho en torno a la posibilidad de que muchos de los perfiles de las redes sociales que convocaron o respaldaron las movilizaciones fueran falsos, podría deducirse que, para caracterizar al movimiento social de indignados guatemaltecos #RenunciaYa es necesario introducir la variable injerencia del gobierno norteamericano.
Introducida esta, podríamos avanzar un poco más en la caracterización del movimiento: se trata de un movimiento social de indignados ladinos citadinos de clase media guatemaltecos respaldados por el gobierno de los Estados Unidos en función de sus intereses geoestratégicos en la región.
Por último, hay que tomar en cuenta, como un dato no menor, la presencia de conspicuos representantes del empresariado guatemalteco en las manifestaciones, y sus declaraciones públicas pidiendo la renuncia de Pérez Molina, incluyendo las del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Tal participación del empresariado guatemalteco, hace suponer problemas entre fracciones de la burguesía.
No se trataría solamente de un par de individuos, la ex vicepresidenta y el presidente de Guatemala, sino de todo un sector de la sociedad, nada despreciable cuantitativamente, que se aprovechó de las condiciones excepcionales en las que dominó a la sociedad por la fuerza en el pasado, especialmente en la década de los ochenta del siglo XX, para organizarse y colocarse estratégicamente con el fin de enriquecerse.
Se trata, en otras palabras, de capas importantes del Ejército y sus adláteres que, aprovechándose de la guerra que se vivió por más de treinta años, se transformaron en estructuras mafiosas que hicieron del aparato de Estado su principal vehículo para lucrar.
En este contexto, estos sectores se aprovecharon también del aparato mismo del Ejército para lograr no solamente objetivos políticos sino también, a veces en primer lugar, objetivos que le redituaran económicamente.
La política de Tierra Arrasada, por ejemplo, que llevó a la desaparición de más de 600 aldeas, el desplazamiento hacia México de más de 250,000 personas, y la movilización de más de un millón en el interior del país –sin contar los más de 40,000 desaparecidos y 250,000 muertos en tiempos del conflicto armado interno-, tuvo entre sus miras apropiarse de extensos territorios ricos en minerales y posiblemente en petróleo (L. Solano: julio 2007: 4). Es decir, la guerra como instrumento de acumulación por desposesión, forma de acumulación capitalista propia de los tiempos neoliberales que nos toca vivir.
Estos grupos de “nuevos empresarios” militares habrían sido vistos como oportunistas, como enviados que se quedaron con el mandado convirtiéndose en nuevos ricos, desbocados por la ambición y las alianzas que han podido forjar en las actuales circunstancias por la cuales atraviesa Centroamérica: la del tráfico de drogas, armas y seres humanos; la de la industria del secuestro y la extorsión; la del contrabando y la cooptación de grandes negocios asociados al Estado.
De ahí la presencia y beligerancia de los empresarios “tradicionales” guatemaltecos que no tienen las manos limpias, ni mucho menos, pero que habrían lanzado una cortina de humo para desviar la atención hacia los que, además de mafiosos, les eran incómodos.
El movimiento de indignados de clase media de ladinos guatemaltecos está atravesado por múltiples determinaciones asociadas con su composición de clase; la naturaleza del Estado y la sociedad guatemalteca (que tiene enormes deudas socio-culturales de su herencia colonial); el lugar que ocupa Guatemala en una región clave para intereses de la geoestrategia norteamericana, y las pugnas interburguesas heredadas del período de la guerra.
Se trata de un movimiento con características similares a los que se han presentado en otros países de América Latina y el mundo, pero la especificidad guatemalteca le otorga matices propios cuyo estudio permite profundizar en el conocimientos de las tensiones, posibilidades y límites que atraviesan los procesos de cambio tan necesarios pero, también, tan postergados en el país.
Una vez concluidas las movilizaciones, y a las puertas de unas elecciones nacionales en las que se dirimirá quien será presidente(a) del país los próximos cuatro años, el balance de lo ocurrido puede ser catalogado de positivo.
En primer lugar, porque la renuncia del presidente y la vicepresidenta debido a la presión ciudadana elevó una alicaída autoestima social que, ahora, se siente empoderada, y que eventualmente puede resurgir y transitar caminos ya conocidos en el futuro.
En segundo lugar porque, independientemente de si detrás de tales manifestaciones se encontraban los Estados Unidos y los empresarios guatemaltecos con todos sus intereses a cuestas, en Guatemala se ha creado un ambiente reivindicativo que abarca a amplios sectores de la burocracia estatal, pequeños empresarios, estudiantes y ciudadanos en general, que les hará estar más atentos y ser menos tolerantes con los abusos de poder, corrupción e intolerancia que domina la vida política del país.
En tercer lugar, porque lograron lo que en muchos otros países han intentado y no han logrado: desembarazarse de funcionarios corruptos que merecen estar en las cárceles.
Por todo ello, el balance es positivo, aunque en ese río revuelto hayan pescado otros pescadores, y hayan llevado agua a sus respectivos molinos.
Y, por último, pero tal vez más importante que todo lo anterior, porque se abrieron espacios de encuentro entre los movimientos sociales urbanos, preponderantemente de clase media, y “los otros” movimientos, los de los campesinos, los indígenas, los pobladores, que se reunieron, conversaron, discutieron y llegaron a algunas decisiones comunes con el movimientos estudiantil que, a su vez, había logrado la histórica participación conjunta de quienes estudian en la pública Universidad de San Carlos y en universidades privadas.
Esto es trascendental, muestra una ruta que ahora solo aparece como trillo, pero debería ampliarse hasta transformarse en una trocha amplia que dé cabida a múltiples vertientes y expresiones de los que no detentan el poder en ese país tan vapuleado y tanta veces frustrado que es Guatemala.
ag/rc
Bibliografía
● Casamerica. Thomas A. Shannon, councelor of the Department of State. Localizable en: http://www.casamerica.es/politica/thomas-shannon-counselor-department-state. Consultado el 07/10/2015.
● La Nación de Guatemala. Represión contra el movimiento social. Localizable en: http://www.lanacion.com.gt/represion-contra-el-movimiento-social/. Consultado el 06/10/2015.
