Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Exclusivo para Firmas Selectas de Prensa Latina

La crisis económica de 1929-1933 en los EE.UU. fue de tal magnitud que parecía inminente el derrumbe mundial del capitalismo y la apertura del camino triunfante al socialismo, de acuerdo con las previsiones que hacían los soviéticos (la URSSS era el único país que en 1917 inauguró el socialismo), y los marxistas de aquellos tiempos.

No sólo quebraron centenares de bancos, sino miles de empresas; y el desempleo de millones de personas, que extendió la pobreza en forma inédita,  amenazó con un estallido social en la que pasaba a ser la nación más poderosa del planeta.

Pero el derrumbe no llegó. La salvación vino de la mano de Franklin Delano Roosevelt, presidente demócrata (1933-1945) quien, contando con la asesoría de académicos de la Columbia University, inauguró el “New Deal” (ND), que se tradujo en una serie de políticas para enfrentar la crisis, aún antes de que aparecieran las innovadoras propuestas del británico John Maynard Keynes en su célebre libro “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” (1936).

El ND retomó el camino de la economía política, es decir, afrontó la crisis no solo con medidas “técnicas” sino con claros objetivos sociales y suficiente voluntad política para poner en orden a banqueros y empresarios.

En efecto, los bancos fueron intervenidos para garantizar a los depositantes. Las empresas industriales, vigiladas por el gobierno, debieron establecer códigos de competencia, precios, horas de negocio. Fueron perseguidos los comerciantes inescrupulosos. Se inició un vasto plan de inversiones estatales y se ejecutaron grandes proyectos de riego, electrificación y obras públicas.

Además, se captó fuerza laboral para el trabajo en caminos, limpieza de parques, playas, piscinas, plantación de árboles, reparaciones de todo tipo, pintar y construir casas, así como edificios públicos; atender en hospitales, aeropuertos, escuelas; un vasto plan de empleo para jóvenes en bibliotecas, oficinas y universidades, y otras tantas medidas que incluyeron incluso el empleo temporal.

Increíblemente, se obligó a los agricultores (previo subsidio) a reducir la producción, se mantuvo la inflación para levantar los precios, se suspendió el patrón oro. Y en plena crisis, se sancionó el despido de trabajadores, se introdujo la seguridad social, así como un sistema de pensiones por desempleo, salud y jubilación.

Para financiar el papel económico del Estado se introdujeron o incrementaron impuestos como el de la renta, sobre patrimonios y herencias, orientados bajo los principios de progresividad y afectación a los ricos. Y a tales medidas acompañaron leyes para garantizar salarios mínimos e incluso elevarlos, proteger a los sindicatos, garantizar los contratos colectivos y otros derechos laborales.

El “segundo New Deal” se inició en enero de 1935 y se caracterizó por la profundización de las medidas sociales. El Acta sobre Seguridad Social, estableció beneficios para los trabajadores retirados, seguro para los desempleados, un programa de salud general, el de bienestar para niños y el de asistencia para ancianos. Este último debía ser cubierto con aportes de los empresarios y los trabajadores con empleo. El fondo para el seguro de desempleo fue financiado a través de un impuesto especial cobrado compulsivamente a los patronos. El opositor Herbert Hoover exclamó: “la seguridad social debe construirse en el culto al trabajo y no el culto a la vagancia”.

Pero a fines de 1935 cerca de 20 millones de norteamericanos contaban con alguna forma de asistencia pública. La Administración para el Progreso de los Trabajadores (WPA) también se ocupó del trabajo para los artistas. Con apoyo del Teatro Federal se organizaron exhibiciones y, por primera vez, corredores y salas de los edificios públicos fueron adornados con grandes murales pintados por artistas.

Roosevelt también denunció “la injusta concentración del bienestar y el poder económico” en manos de una pequeña fracción de la población norteamericana. Logró del Congreso la aprobación de un elevado impuesto sobre las rentas de los individuos y las corporaciones; y para evitar su evasión, incrementó el impuesto a las donaciones. Los opositores clamaron contra lo que llamaban “desplume a los ricos”.

F.D. Roosevelt inauguró en los EE.UU. un modelo económico presidido por el Estado, determinado por la necesidad de redistribuir la riqueza y orientado con criterio social. A los 100 días la crisis comenzó a superarse y se acabó con la visión clásica de la libre empresa y el libre mercado como reguladores “naturales” de la economía.

F.D. Roosevelt fue el único presidente norteamericano reelecto (existía la reelección indefinida) por tres ocasiones: 1936, 1940 y 1944; y no concluyó su presidencia porque murió el 12 de abril de 1945 (tenía 63 años de edad), prácticamente un mes antes del fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

De acuerdo con Thomas Piketty, el famoso autor de “El capital en el siglo XXI”, desde esa época y hasta 1970 los EE.UU. llevaron adelante políticas destinadas a reducir las desigualdades sociales: se mantuvo un impuesto sobre las rentas altamente progresivo y durante medio siglo la tarifa para el segmento de más altos ingresos (más de un millón de dólares por año) fue, en promedio, del 82%, con picos de 91% desde 1940 hasta 1960 (de Roosevelt a Kennedy). Además, el impuesto al patrimonio era igualmente progresivo, con tasas a las fortunas que llegaban al 70% y 80% (http://goo.gl/gv1dVj).

Todo cambió con la llegada del republicano Ronald Reagan a la presidencia de los EEUU (1981-1989). Con él también llegó la revolución conservadora para restaurar el capitalismo de “libre mercado”, que enseguida se benefició con el derrumbe del socialismo en el mundo. De acuerdo con Piketty, la reforma fiscal de 1986 acabó con medio siglo de sistema fiscal progresivo y redistribuidor de la riqueza en los EE.UU., al punto que las tasas sobre altos ingresos bajó al 28% y los salarios fueron congelados y erosionados por la inflación.

Desde entonces, en los EE.UU. se afirmó la concentración de la riqueza y han continuado ampliándose las desigualdades sociales.

Un proceso similar es bien conocido en América Latina. Precisamente la revolución conservadora del “reaganismo” igualmente entró a la región de la mano de la ideología neoliberal, la crisis de la deuda externa, las cartas de intención condicionadas por el FMI y los gobiernos latinoamericanos subordinados a la globalización transnacional.

Con el avance de la década de 1980 y abiertamente en la década de 1990, América Latina, por obra del “modelo” económico empresarial e inspirado en el neoliberalismo del Consenso de Washington, pasó a ser la región más inequitativa del mundo. En Ecuador camparon los intereses de las cámaras de la producción, la flexibilidad laboral, el descalabro de la obra pública y de los servicios estatales y, ante todo, el deterioro sistemático de las condiciones de vida y de trabajo, que provocó -a raíz de la crisis bancaria de 1999 y la dolarización monetaria impuesta al país en 2000-, la creciente emigración de ecuatorianos.

Las élites económicas y financieras ecuatorianas, que históricamente siempre han resistido los impuestos directos y durante décadas evadieron o eludieron el pago correcto del impuesto sobre las rentas, lograron incluso que en 1999 se suprimiera este impuesto para sustituirlo por otro sobre la circulación de capitales, además de reforzar el cobro del IVA.

Son esas condiciones económicas y sociales las que explican que entre 1996-2006, Ecuador tuviera siete gobiernos, una efímera dictadura nocturna y que los únicos tres presidentes electos de aquella década fueran derrocados (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez).

El proceso vivido por América Latina y por Ecuador durante las últimas décadas del siglo XX igualmente explica que a partir de 1999 (comenzando con el presidente Hugo Chávez en Venezuela -1999/2013) se sucedieran en la región varios gobernantes que inauguraron el ciclo progresista y de nueva izquierda.

Los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina han cumplido así un papel parecido al del ND. Desde luego las condiciones históricas son distintas. Pero en este ciclo se ha impulsado una nueva institucionalidad estatal, bajo la evidente alteración del poder político tradicional; se han extendido las obras y los servicios públicos, y se comenzó a construir sistemas tributarios capaces de redistribuir la riqueza apuntando a las capas más ricas con impuestos progresivos; así como se ha caminado en el fortalecimiento de la educación pública, la seguridad social, la atención médica, la vivienda, privilegiando a las clases medias, trabajadores y sectores populares.

Las reacciones provocadas entre las élites económicas, empresariales, financieras y políticas contra los gobiernos progresistas y de nueva izquierda han sido una amenaza permanente (desde luego, junto al imperialismo). Y la crisis económica que se ha extendido por América Latina a partir de 2015, se convirtió en un elemento que tiende a favorecer las posiciones de esas élites, a tal punto que la restauración conservadora quiere encontrar su oportunidad, habiendo logrado triunfos en Argentina y Venezuela.

Pero resulta paradójico que en los EE.UU. se presente una situación política inédita y comparable con lo que ha venido ocurriendo en América Latina: tras décadas de vigencia económica de la “revolución conservadora”, que limitó las posibilidades de reforma social ofrecidas por el presidente Barack Obama (2009/hoy), crece la figura del demócrata Bernie Sanders, quien vuelve, en definitiva, sobre el camino del aparentemente olvidado ND y, además, se lanza contra el dominio del capital descontrolado.

Sanders retoma “viejos” principios sobre salario mínimo vital, seguridad social, atención médica o reforma educativa incluida la universitaria, para democratizarla; se ha expresado contra los banqueros y multimillonarios inescrupulosos; ha hablado a favor de los inmigrantes, las mujeres, la diversidad racial, sexual y cultural, pronunciándose contra la discriminación de todo tipo; y ha hecho afirmaciones rotundas en su campaña electoral:

“Necesitamos un movimiento político en el que millones de personas se unan para exigir que el gobierno estadounidense represente a todo el pueblo, no sólo a la clase millonaria y las grandes corporaciones”; “El cambio político y social proviene de la presión persistente para un mundo justo”; “Los Estados Unidos sigue siendo el único país que no garantiza la atención de la salud para todos como un derecho. Esto está mal y vamos a cambiarlo”; “Vamos a transformar a América”.

Bernie Sanders se encuentra bajo condiciones parecidas a las que determinaron el origen y la sucesión de gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina. Tiene propuestas sobre seguridad social, derechos colectivos o regulaciones económicas que en nuestra región son cuestionadas por sectores en nada dispuestos a perder su posición y su riqueza. Sanders pretende acabar con las herencias del neoliberalismo en los EE.UU.

En contraste, las derechas económicas latinoamericanas pretenden regresar a esa economía, que tantos beneficios les trajo en el pasado reciente, hasta que llegaron los gobiernos progresistas y de nueva izquierda.

Roosevelt fue acusado de “comunista” a su tiempo. Sanders es el “socialista” que aspira a la Casa Blanca. En América Latina conocemos bien que esas palabras apuntan contra todo aquel que quiere hacer ajustes sociales y tomar cuentas a quienes han acumulado riquezas y poder a costa de sus pueblos. Cabe preguntarse, por tanto, ¿y si gana Bernie Sanders la presidencia de los EE.UU. en las elecciones de noviembre de 2016?

ag/jpm