Por Marcelo Colussi*

Las “maras” constituyen un complejo problema social. Esto ya es sabido, existe una amplia bibliografía sobre el tema. Lo que pretendo resaltar es la vinculación que existe entre ellas y poderes ocultos nacidos en la guerra contrainsurgente de décadas pasadas, y que aún sobreviven, en muchos casos ocultos en estructuras del Estado.

Han venido cambiando su perfil en el tiempo, aumentando su agresividad, tornándose mucho más crueles que en los momentos de su aparición en la década de los 80 del siglo pasado. Ello responde a una transformación nada azarosa. Los llamados grupos de poderes paralelos enquistados en diversas estructuras, que siguen operando con lógicas contrainsurgentes, aprovechan a estos jóvenes para sus operaciones delictivas.

Pero aún más: en un proyecto semiclandestino, desde ciertas cuotas de poder que esos grupos detentan, las maras constituyen un brazo operativo y funcional que sirve a sus intereses de proyección político-económica en tanto grupos de poder, disputándole terreno incluso a fuerzas sociales tradicionales.

En buena medida operan en función de un mensaje de control social que estos poderes ocultos envían al colectivo. La violencia generalizada que campa en el país, fundamentalmente sobre determinadas zonas urbanas, tiene una lógica propia derivada de un entrecruzamiento de causas, pero al mismo tiempo responde a la implementación de planes trazados por determinados centros de poder donde las maras se han convertido en nuevo “demonio”, justificando así la aplicación de políticas represivas.

En una lectura global del fenómeno, si bien es cierto que constituyen un problema de seguridad ciudadana, puede constatarse que no existe una preocupación -en tanto proyecto de nación de las clases dirigentes- de abordar ese pretendido asunto de “ingobernabilidad” que producirían estos grupos juveniles.

Se les persigue penalmente, pero al mismo tiempo el sistema en su conjunto se aprovecha del fenómeno: 1) como mano de obra siempre disponible para ciertos trabajos ligados a la arista más “mafiosa” de la práctica política (sicariato, por ejemplo; generación de zozobra social, desarticulación de organización sindical), y 2) como “demonio” con el que mantener aterrorizada a la población a través de un bombardeo mediático constante, evitando así la organización y posible movilización en pro de mejoras de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Las maras están sobredimensionadas. Los medios masivos de comunicación han hecho de ellas un problema de seguridad nacional –no siéndolo, claro está– con lo que se alimenta un clima de zozobra en el que esos poderes ocultos, semiclandestinos, navegan perfectamente, aprovechándose de la situación. El miedo, el terror a las maras que se ha ido creando, es funcional sobre un proyecto de inmovilización social, de control contrainsurgente que guarda vínculos con lo vivido años atrás durante el conflicto armado interno en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno. Podría describirse la dinámica como: “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Cero organización comunitaria, generalizada desconfianza del otro, clima de paranoia social”.

La insistente prédica de los medios masivos de comunicación ya desde hace años nos convenció que la violencia (identificada sin más con delincuencia) nos tiene de rodillas. De esa manera, sin análisis crítico de la cuestión, las maras se han venido presentando en forma creciente como uno de los grandes problemas nacionales. Por cierto, ello está sobredimensionado. Una simple lectura de los hechos indica que, en todo caso, el problema de fondo no son estos jóvenes en sí mismos sino las causas por las que se convierten en transgresores.

De hecho, nadie sabe a ciencia cierta cuántos mareros hay. Algo llamativo, sin dudas. Las estimaciones van desde tres mil hasta 200,000. Si de un problema de tal magnitud nacional se trata, ¿cómo sería posible que nadie tenga datos ciertos?

Aunque las maras son un grupo desestabilizador, por cuanto rompen el orden social y la tranquilidad pública de la ciudadanía de a pie, no “duelen” al sistema en su conjunto como ocurrió décadas atrás con propuestas de transformación, y no sólo de desestabilización, tal como pueden haber sido los grupos políticos revolucionarios, en muchos casos alzados en armas, que confrontaron con el Estado y con el sistema en su conjunto.

Tampoco conllevan la carga de resistencia al sistema económico imperante como pueden serlo los actuales movimientos sociales que reivindican derechos puntuales, por ejemplo: luchas de los pueblos originarios, movilización contra las industrias extractivas (minería a cielo abierto, hidroeléctricas, monoproducción de agrocarburantes), organizaciones populares de base que propugnan la reforma agraria. Todas esas expresiones no son toleradas por el sistema, de ahí su represión.

Las maras, por el contrario, si bien son perseguidas judicialmente por delincuentes, no dejan de ser aprovechadas por una lógica de mantenimiento sistémico, haciéndolas funcionar como mecanismo de continuidad del todo a través de sutiles (y muy perversas) agendas de manipulación social.

Si bien tienen una lógica de funcionamiento propia, no son precisamente autónomas. Responden a patrones que van más allá de sus integrantes, jóvenes cada vez más jóvenes, con dudosa capacidad gerencial y estratégico-militar como para mantener en vilo a todo un país. ¿Están manejadas por otros actores? ¿Quién se beneficia de estos circuitos delincuenciales tan violentos? ¿Cuántos mareros existen en el país? Si tanto dinero manipulan ¿por qué los mareros continúan viviendo en la marginalidad y la pobreza?

Viendo que todos esos datos faltan, la intuición llevó a pensar que debía haber algo más que “jóvenes en conflicto con la ley penal”. Las piezas del rompecabezas están sueltas, y una mirada rigurosa nos permitiría unirlas. Definitivamente, debe irse más allá de la idea criminalizadora, que ve en las maras solamente una expresión de violencia casi satánica, para conocer qué otros hilos se mueven ahí, qué vasos comunicantes las unen con poderes paralelos.

Dado que insistentemente venimos hablando de esos poderes paralelos u ocultos, es necesario puntualizar exactamente qué entender por ellos. Al respecto vale citar dos conceptualizaciones de investigaciones que han ahondado en el tema, 1) la organización de origen estadounidense WOLA, y 2) la Fundación Myrna Mack.

“La expresión poderes ocultos hace referencia a una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala, que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen. Esto representa una situación no ortodoxa en la que las autoridades legales del estado tienen todavía formalmente el poder pero, de hecho, son los miembros de la red informal quienes controlan el poder real en el país. Aunque su poder esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los agentes del Estado” .

O igualmente: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado” .

El tema en cuestión es delicado, álgido, particularmente espinoso. Al estudiar las maras se rozan poderes que funcionan en la clandestinidad, que se sabe existen pero no dan la cara, que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia que dominó al país por décadas durante la guerra interna. Y esos poderes, de un modo siempre difícil de demostrar, se ligan con las maras.

En otros términos, terminan siendo brazo operativo de mecanismos semiclandestinos que se ocultan en los pliegues de la estructura de Estado, que gozan de impunidad, que detentan considerables cuotas de poder, y que por nada del mundo quieren ser sacados a la luz pública. De ahí la peligrosidad de intentar develar esas relaciones.

Disponen, asimismo, de organización y logística (armamento) que resulta un tanto llamativa para jovencitos de corta edad; las estructuras jerárquicas con que se mueven tienen una estudiada la lógica de corte militar-empresarial, todo lo cual lleva a pensar que habría grupos interesados en ese grado de operatividad. Es altamente llamativo que jovencitos semi-analfabetas, sin ideología de transformación de nada, movidos por un superficial e inmediatista hedonismo simplista, dispongan de todo ese saber gerencial y ese poder de movilización.

Durante los años más álgidos del conflicto armado interno, a inicios de los años 80 del siglo pasado, y posteriormente luego de firmada la Paz Firme y Duradera en 1996, quienes condujeron ese Estado contrainsurgente pasaron a constituirse en un nuevo poder económico y político que comenzó a disputarle ciertos espacios a la aristocracia tradicional. La historia del país de estas últimas tres décadas es la historia de esa pugna. En este período, desde el retorno formal de la democracia en 1986, el Estado ha sido ocupado por diversas administraciones, ligadas a la gran cúpula empresarial en algún caso o a los nuevos sectores emergentes en otros.

De todos modos, esos poderes “paralelos” u “ocultos” que se fueron enquistando en la estructura estatal, no han desaparecido, ni parece que fueran a hacerlo en el corto plazo. Se mueven con una lógica castrense aprendida en los oscuros años de la guerra antisubversiva y dominan a la perfección los ámbitos y métodos de la inteligencia militar. Su espacio natural es la secretividad, la táctica del espionaje, la guerra psicológica y de baja intensidad (guerra asimétrica, como le llaman los estrategas, guerra desde las sombras, guerra clandestina).

En ese ámbito es que aparecen lazos con las maras. Las pandillas juveniles, violentas, transgresoras, con una simple aspiración de pura sobrevivencia mientras se pueda, y centradas en un hedonismo bastante simplista (superar los 21 años es ya “ser viejo” en su subcultura) pueden servir perfectamente como brazo operativo para un proyecto con bastante carga de secreto, contrainsurgente, de algún modo: paralelo. Paralelo, entiéndase bien esto, al Estado formal y a los grandes poderes económicos tradicionales.

Valga esta reflexión surgida de una entrevista, enunciada por una persona que investiga el tema: “Alguien que se beneficia especialmente con la presencia de las maras son las agencias de seguridad. No se dan unas sin las otras. Es decir que se necesita un clima de violencia para que el negocio de las policías privadas funcione”.

La delincuencia acrecentada a niveles intolerables que torna la vida cotidiana casi un infierno, que condena –en el área urbana– a ir de la casa al puesto de trabajo y viceversa sin detenerse ni convivir en el espacio público (la calle se volvió terriblemente peligrosa), pareciera un mecanismo ampliamente difundido por toda Latinoamérica y no sólo exclusivo de las maras en Guatemala, o en la región centroamericana.

“Todo el tema de la mara se ha inflado mucho por los medios de comunicación; ellos tienen mucho que ver en este asunto, porque lo sobredimensionan. En realidad, la situación no es tan absolutamente caótica como se dice. Se puede caminar por la calle, pero el mensaje es que si caminás, fijo te asaltan. Por tanto: mejor quedarse quietecito en la casa”, sentenciaba un líder comunitario de “zonas rojas” con quien se tuvo contacto analizando el fenómeno.

Ello puede llevar a concluir que la actual explosión de violencia delincuencial que se vive en la región -que hace identificar sin más y en modo casi mecánico “violencia” con “delincuencia¨ podría obedecer a planes estratégicos. En tal sentido, las maras, en tanto nuevo “demonio” mediático, son utilizadas al servicio de estrategias contrainsurgentes de control político y mantenimiento del orden social.

ag/mc