Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Exclusivo para Firmas Selectas de Prensa Latina

En enero de 2016, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) puso en circulación el libro “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015”; en febrero difundió otro estudio: “Evasión tributaria en América Latina: nuevos y antiguos desafíos en la cuantificación del fenómeno en los países de la región”; y en marzo, circuló tres nuevas investigaciones.

Estas son “Panorama Social de América Latina 2015. Documento informativo”, “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016: las finanzas públicas ante el desafío de conciliar austeridad con crecimiento e igualdad” y “Tributación para un crecimiento inclusivo”.

Esos recientes estudios de la CEPAL deben ser atendidos con sumo interés porque el retrato que ofrecen de la América Latina del presente permite extraer una gama de reflexiones y conclusiones para trazar nuevos caminos de acción ciudadana en la lucha por la construcción de una nueva economía y una nueva sociedad que garanticen el buen vivir en toda la región.

Expongo algunas ideas al respecto.

Está claro que la crisis económica que golpea a Latinoamérica, sobre todo desde 2015,  continuará agravándose en el presente año y probablemente hasta 2017, lo cual se ha reflejado sobre todo en la caída del PIB considerado un índice clave para determinar si hay crecimiento o derrumbe. Bajo esta coyuntura, los gobiernos que se han colocado en la mira de la crítica política y de la propaganda interesada en ello, son precisamente los que se identifican como progresistas y de nueva izquierda. Casi no importan los “otros” gobiernos.

De manera que un formidable caudal de editoriales de prensa y artículos académicos -en los que hay que incluir autores y escritos provenientes de la socialdemocracia, de los marxistas ortodoxos y las izquierdas tradicionales- apuntan a convencer al mundo que se ha cerrado o  acabado el ciclo de tales gobiernos, que su “modelo económico” ha fracasado  e, incluso, se ha producido un abandono del progresismo para retornar al camino neoliberal y  las viejas prácticas políticas de aquello que en Ecuador el presidente Rafael Correa bautizó como “partidocracia”.

Para las derechas intelectuales (y políticas, evidentemente) se ha demostrado que todo gobierno izquierdista es, más tarde o más temprano, un fracaso y, por tanto, hay que retornar a lo que es obvio: retirar al Estado, reducir el gasto público y entronizar nuevamente la competencia capitalista, el mercado libre y la empresa privada como motores naturales de la economía.

De acuerdo con los estudios de la CEPAL, puede inferirse que los gobiernos progresistas y de nueva izquierda gozaron de condiciones económicas muy favorables cuando estuvieron altos los precios de los commodities, pero entraron en dificultades cuando llegó la crisis. El gran afectado resultó el mismo Estado, que ha sido el instrumento central para las inversiones sociales y el proveedor de los servicios públicos en educación, salud, seguridad social, vivienda, que la CEPAL destaca igualmente como los logros más significativos de los gobiernos progresistas en la región.

Es que a la reducción del gasto público, especialmente de capital, se ha unido el aumento del déficit fiscal por la caída de los ingresos; además, se ha incrementado la deuda pública y se mantiene una baja carga tributaria, sobre todo frente al decil más rico de la población; persiste la “insuficiencia crónica” de la imposición patrimonial y hasta los avances en la lucha contra la evasión se han detenido. Ecuador está entre los países con mayores caídas en la inversión pública. (Panorama Fiscal).

Los problemas económicos han debilitado ciertas capacidades estatales para continuar entregando a la sociedad aquellos servicios ya logrados; y los riesgos del desencanto ciudadano se han incrementado por el hecho de que no hay más medicinas urgentes para aquellos sectores vulnerables que las necesitan, la atención médica y  la seguridad social igualmente se estancan o burocratizan, se posterga el pago a empresas medianas y pequeñas que proveyeron con bienes al Estado, se liquida a trabajadores estatales bajo contrato, se descuida la atención al sector de economía social y solidaria, o incluso se retrasa el pago de salarios y hasta de pensiones.

En Ecuador, a partir de 2015, pueden advertirse algunos giros contradictorios, pues al mismo tiempo que se ha acudido a ciertas flexibilizaciones laborales, se inclinan acciones a favor de altos sectores empresariales privados (lo he señalado en varios artículos del diario “El Telégrafo”).

Puede comprenderse que esas son las circunstancias que han permitido el resurgir de unas derechas agresivas, que ahora se lanzan al ataque directo para terminar con todo, como ocurre en Venezuela; buscan la desestabilización gubernamental como en Brasil o acentúan sus propósitos de “restauración conservadora” para llegar al poder en las elecciones de 2017, como ocurre en Ecuador, con el firme propósito de “des-correizar” a la sociedad; y todo ello acicateado por el triunfo de su “causa” al lograr la presidencia en Argentina, ganar la mayoría legislativa en Venezuela o la derrota de la reelección presidencial en el referéndum de Bolivia.

Se experimentará como nuevo triunfo la reciente votación en el congreso a favor del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil.

La contracción económica, de acuerdo con la CEPAL, es particularmente visible en Suramérica, que en 2016 tendrá un decrecimiento del -0.8%, sobre todo por los ritmos del -2% en Brasil y -7% en Venezuela. (Balance). Pero las culpas son magnificadas y atribuidas específicamente a los gobiernos progresistas de la región.

Sin embargo, no dejan de inquietar seriamente algunos resultados sociales porque, de acuerdo con la CEPAL (2013 y 2014), Venezuela proyectó un incremento de la pobreza al igual que Guatemala y México, en tanto disminuyó la pobreza en Brasil, Colombia y Ecuador; la tasa de pobreza cayó en la mayoría de países entre 2010-2014, pero se elevó a un ritmo anual de entre 2% y casi un 5% en Honduras, México y Venezuela, países a los que también acompañó un incremento de la brecha y la intensidad de la pobreza, debido a un decrecimiento de los ingresos.

Por otra parte, la tasa de inflación (2014) se aceleró al 68.5% en Venezuela y al 23.9% en Argentina, en tanto el promedio inflacionario en 20 países de la región fue del 8.4%. Sin embargo, las reducciones más importantes en el coeficiente de Gini (desigualdad del ingreso) entre 2010-2014 se registraron en Uruguay (-2.7% anual), Argentina (-2.3%) y Ecuador (-2.2%) (Panorama Social: 9-13).

Frente a ese panorama, el contraste persiste con respecto a la concentración de la riqueza y a la capacidad de los gobiernos para cobrar impuestos a quienes más concentran la riqueza.

De acuerdo con la CEPAL, “entre 2002 y 2015 las fortunas de los millonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento superior al del PIB de la región”; y en 2014, el 10% más rico de la población había amasado el 71% de la riqueza, de modo que si esta tendencia continúa “dentro de seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante”, a lo cual hay que añadir que la tasa impositiva media efectiva para el 10% más rico “solo equivale al 5% de su ingreso disponible”. (Tributación)

Por tanto, América Latina continúa como la región más inequitativa del mundo y las fortunas se sienten protegidas con tasas impositivas bajas.

No hay duda que, mientras no se altere en su raíz el sistema capitalista, en el cual se ha legalizado la apropiación económica privada del valor socialmente generado, una de las formas más efectivas para la redistribución de la riqueza es el cobro de impuestos directos y proporcionales, de manera que quien más posee, más pague.

Pero los estudios de la CEPAL han comprobado una serie de realidades: aunque la recaudación tributaria ha mejorado en la última década y entre 2000-2013 la tasa impositiva media subió del 16% del PIB al 20.6%, todavía  un nivel inferior con respecto al promedio de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que llega al 34.1%; la evasión y la elusión de impuestos se impone a tal punto que es significativamente mayor que el total del gasto público de inversión que realiza toda Latinoamérica; la región tiene bajas tasas impositivas efectivas, pues en promedio llegan apenas al 2.3%, mientras en la Unión Europea es de 13.3% (Tributación).

Adicionalmente, cabe señalar que en América Latina es difícil -quizás imposible- encontrar millonarios capaces de solicitar que les cobren impuestos, como lo han hecho recientemente en los EE.UU. más de 200 “millonarios patriotas” (entre ellos Morris Pearl, Eric Schoenberg, Scott Nash), que en noviembre de 2015 acudieron al Congreso de los EE.UU. para solicitar que se creen mayores impuestos para los ricos y, al propio tiempo, se eleven los salarios de los trabajadores (http://goo.gl/oN1twr).

A ello se suma el hecho de que las fortunas latinoamericanas, que tienen baja carga tributaria, también huyen de la región o se refugian en otros lugares para evadir impuestos. Es el marco de escándal evidenciado a propósito de los “Papeles de Panamá”, cuya intención inicial fue, al parecer, la de lograr el desprestigio selectivo de algunos gobiernos progresistas.

El estudio de la CEPAL, publicado antes de que aparecieran los “Panama papers”, ya señalaba: “los paraísos fiscales y los abusos en relación con los impuestos corporativos están destruyendo el contrato social entre el gobierno y el ciudadano, al permitir que los que podrían aportar más a la sociedad no paguen los impuestos que les corresponden en justicia.

El llamado escándalo de las cuentas secretas en Suiza o Swissleaks reveló 52.600 millones de dólares de fondos de residentes de América Latina en cuentas del banco HSBC en Suiza en 2006 y 2007, el equivalente a un 26% del total de la inversión pública en salud en toda la región” (Tributación). Una referencia que me ha recordado, de inmediato, el libro “Una Suiza por encima de toda sospecha” (1977), de Jean Ziegler, (parlamentario suizo y funcionario de la ONU -que en 1964 sirvió como chofer al Che Guevara en su visita a Ginebra)-, quien calificó como “nación de encubridores” a la Suiza de los bancos y el secreto bancario al servicio de la oligarquía mundial.

Desde luego, los paraísos fiscales tienen sus defensores. Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y autor de varios “best sellers”, se refiere al tema en “Diez mitos sobre los paraísos fiscales” (http://goo.gl/QZ8VG1) y sus razonamientos sirven como modelo. Todo es “legal”, aunque el contraste resulte paradójico, pues a Dilma Rousseff se le puede seguir más rápido un juicio parlamentario a todas luces ilegal y amañado, mientras se libra de culpas a políticos de alto nivel abierta y claramente identificados en los “Papeles de Panamá”.

De otra parte, la CEPAL reconoce que lo tradicional ha sido aumentar impuestos al consumo, así como otorgar un trato excesivamente generoso en exoneraciones a las corporaciones extranjeras; pero añade que lo esencial es incrementar los impuestos directos sobre las rentas, rendimientos del capital, patrimonios y herencias.

Precisamente entre sus recomendaciones está la de lograr al menos una relación del 20% entre los impuestos y el PIB, así como elaborar una hoja de ruta de incrementos de un 5% anual; y, además,“otorgar prioridad a la erradicación de la evasión y la elusión de impuestos, mediante el compromiso de lograr una reducción del 50% en un plazo de cinco años y una reducción del 75% en diez años”, con un plan regional de acciones agresivas, con nuevas leyes tributarias y también el combate al uso de paraísos fiscales.

La media de la recaudación tributaria en América Latina entre 2000-2013 representa el 20% sobre el PIB; Brasil la sobrepasa con el 36% y le siguen Argentina (31%), Bolivia (28%), Uruguay (27%), Costa Rica (22%), Chile y Colombia (20%), porque los otros 11 países tienen recaudaciones menores.

Además, en conjunto, 18 países latinoamericanos no llegan al promedio de la recaudación de los 34 países de la OCDE, que asciende al 34% del PIB. Por tanto, llama la atención que Ecuador (19%), Nicaragua (19%) y Venezuela (14%), considerados entre los países con gobiernos de nueva izquierda, tengan promedios de recaudaciones tributarias que no llegan a la media latinoamericana sobre el PIB.

Esta situación induce a considerar que los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina han podido controlar el poder del Estado con apoyo ciudadano, y a través de él, lograr importantes transformaciones sociales, extendiendo servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda -de un amplio beneficio social-, así como obras públicas y de infraestructura a favor de toda la nación.

Pero, al momento de destaparse la crisis económica, los gobiernos progresistas demuestran que todavía no han topado a las clases ricas, que falta una decisiva acción para imponer fuertes impuestos a quienes concentran en exceso los ingresos y que la redistribución de la riqueza merece radicalizar las políticas estatales.

                                                                                                    Quito, abril 15 de 2016

ag/jpm