Por Marco A. Gandásegui, hijo*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebró a mediados de abril una sesión especial (Ungass, siglas en inglés) para tratar el tráfico ilegal de las drogas que se ha convertido en un problema global. El mundo esperaba una declaración de los gobiernos de sus 193 países miembros, que pusiera en perspectiva algún tipo de solución o mitigación de la plaga que está atacando el mismo tejido social de países que van desde Colombia hasta los Estados Unidos, y desde Afganistán a México.

Según los analistas de las diferentes capitales mundiales, el Ungass aprobó una resolución que deja intacto lo existente: la ‘guerra contra las drogas’, el desconocimiento de los problemas de salud que representa ese fenómeno  y el desinterés en establecer estrategias reales para combatir la epidemia.

Desde 1961 el Convenio de la ONU sobre las Drogas ha centrado su atención en la criminalización y la erradicación de éstas. Sin embargo, hay suficiente evidencia de que esta política ha fracasado en reducir la producción y consumo. Aún peor,  ha tenido repercusiones negativas sobre los derechos humanos, la salud y el desarrollo a escala global. ¿Qué explica esta obstinación con la ‘guerra contra las drogas’ y el rechazo de soluciones más realistas para contribuir al bienestar de una porción creciente de la población mundial?

Veamos dos ejemplos. En América latina los países andinos eran los productores principales de cocaína a fines del siglo pasado. Colombia seguía en importancia a Bolivia y Perú. Sin embargo, cuando Bolivia decidió poner fin a la producción para la exportación tuvo que expulsar del país a los agentes de la DEA de EE.UU. La experiencia peruana fue similar.

En la década de 1980, Colombia producía el 10 por ciento de la cocaína que era exportada a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando esta nación norteña intervino militarmente en Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína, ese país suramericano se convirtió rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU, Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de la cocaína.

Los Estados Unidos han invertido más de 30 mil millones de dólares en el ‘Plan Colombia’, que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’. Según cálculos del gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más de 5 millones de personas han sido desplazadas por los efectos del conflicto armado.

En 2002  EE.UU. invadió Afganistán, en el centro asiático, para derrocar al gobierno de los talibán (Estudiantes del Corán), al que consideraba su enemigo. Los talibán habían erradicado el cultivo de la amapola promovido por los ‘Señores de la Guerra’ que lo antecedieron. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon Afganistán, lo primero que hizo Washington fue restablecer la producción industrial de la amapola para la exportación a los Estados Unidos.

La producción de cocaína y heroína en Colombia y Afganistán, respectivamente, tiene dos efectos catastróficos para EE.UU.

En primer lugar, las calles de sus ciudades son inundadas por drogas ilícitas que arruina la vida de los jóvenes, especialmente de esos reprimidos (llamadas ‘minorías’). EE.UU. tiene el 25 por ciento de las personas privadas de libertad en el mundo. La política carcelaria y la represión de los consumidores de drogas afectan sobre todo a la población reprimida (las llamadas‘minorías). Aunque las personas de ascendencia europea (blancas) consumen cinco veces lo que consume la población negra, esta última tienen 10 veces más prisioneros  por consumo de drogas.

En segundo lugar, genera rentas extraordinarias para los carteles bancarios que operan en ese país. Se calcula que EE.UU. concentra la mitad del circulante mundial que genera el tráfico ilícito de drogas, que supera los 950 mil millones de dólares.

Los Estados Unidos y Rusia encabezaron la oposición a la discusión en torno a la necesidad de reformular la política de la ONU. Panamá siguió la pauta sentada por las potencias mundiales y se abstuvo de presentar alternativas viables para poner fin al flagelo.

La Declaración final incluye un llamado tibio a reducir las penas carcelarias asociadas con el consumo de drogas. Además, plantea la necesidad de aumentar los servicios de salud para los adictos.  Sin embargo, el Observatorio Global sobre las Drogas, con sede en Gran Bretaña, calificó al documento aprobado por la Ungass como “una vergüenza, va en contra de la ciencia, la razón y la evidencia de varias décadas de esfuerzos inútiles”, señala.

5 de mayo de 2016

ag/mag