Por Ana Elena Porras*
Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
El escándalo internacional ocasionado por la divulgación de archivos del estudio panameño de abogados Mossak y Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en los medios de comunicación internacional, permite abrir los ojos sobre algo que no habíamos pensado antes: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado contra los derechos de terceros y, especialmente, contra las clases populares.
Y también que el secreto o confidencialidad entre el abogado y su cliente, que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados con tanta pasión, citando una cadena de leyes (creadas por ellos mismos y aprobadas por diputados), debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.
Aparto de la presente reflexión los casos más sonados de las compañías offshore que fueron utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales) porque incluso los abogados están de acuerdo en que semejantes prácticas deben ser castigadas una vez comprobadas.
Deseo cuestionar otros argumentos que han quedado en el aire, pendientes de una profunda revisión, porque hay quienes todavía defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras especias, arropándose en la soberanía nacional.
1. Con frecuencia observamos que la legalidad y la ética están en contradicción recíproca. De ahí que decir que algo sea legal no equivale a decir que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación por guillotina, entre otras, fueron prácticas perfectamente legales en tiempos pasados, de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas y reprochables.
2. Insistir en que evadir impuestos no sea delito penal en Panamá, según declaraciones públicas de nuestras autoridades y abogados, a pesar de que este acto robe dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales estatales, equivale a una condescendencia inexplicable y a hasta a auspiciarlo, en beneficio de quienes pueden evadir impuestos porque no están en planilla y porque compran sociedades anónimas.
3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad ciudadana por posibles secuestros de sus familiares para pedir dinero resulta un argumento flojo, porque saber quiénes tienen dinero y quiénes no resulta muy fácil, con una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, autos de lujo, yates, aviones o helicópteros privados, de quienes desean ocultar su dinero dizque por miedo a estas agresiones o, incluso,por pudor.
4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo?
Gran parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros en la medida en que encubren a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente.
Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en casos de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores de empresas, entre otros, en defensa de sus propios derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima.
En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros.
En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza. Separadas del territorio extramuros para campesinos, las sociedades anónimas blindan a sus clientes, como si fueran los habitantes de una fortaleza, y los sitúan en un subsistema legal por encima del sistema jurídico general de los Estados que sí aplican a la población «extramuros» de la clase media profesional y los trabajadores.
¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas (sociedades anónimas), apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.
5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre de Panamá. Sin embargo, continúa siendo política del Estado de Panamá el ocultamiento de identidades y de capital en la medida en que ampara una legislación que sigue protegiendo a corruptos.
6. Analicemos otra tesis: que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus
Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos… ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea de Diputados, Parlamento, etc. para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los proteja solo a ellos? ¿Acaso les parece justo que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores?
7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas me parece una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intra muros que protege y, por tanto, genera castas legales, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesaria, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de una visión de país y, en consecuencia, de una visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios fundamentales de solidaridad y derechos humanos.
En suma, el escándalo de los “papeles de Panamá” ha permitido que entendamos mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.
Panamá 27 de abril de 2016
ag/aep