Por Marcelo Colussi*

Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina

Poderoso caballero es

Don Dinero

Quevedo

En las democracias representativas, supuesta panacea universal para todos los problemas sociales de la humanidad, se repite hasta la saciedad que el “pueblo es el soberano”.

Manda, sí…, pero sólo a través de sus representantes. O sea, inmediatamente formulada la que pareciera una fórmula mágica, viene la mediación. Tomemos como ejemplo el Artículo 22 de la Constitución de la República Argentina (el mecanismo se repite exactamente en cualquier democracia representativa): “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.

En otros términos, el pueblo manda (¿manda?) el día que va a votar, al menos así nos dicen, pero después no se dedica a mandar sino a obedecer o más precisamente, a producir para otro, y a consumir. Si esa es la democracia representativa, mejor busquemos otra, pues de esa manera jamás se resolverán las penurias de los pueblos.

Analizada la situación en profundidad, parece que el pueblo no manda nunca. Ni cuando va a votar (ahí es víctima de una monstruosa manipulación de mercadeo político, y termina “eligiendo” la mejor campaña publicitaria), ni mucho menos en la cotidianeidad del día a día, entre elección y elección. ¿Quién manda entonces? ¿Los representantes de la democracia representativa: señores encorbatados o señoronas muy bien maquilladas y entaconadas, siempre en medio de periodistas y guardaespaldas que forman parte de los elencos gobernantes?

Tales “políticos profesionales” son los que ponen en marcha la maquinaria estatal: los que hacen las leyes, desarrollan las políticas públicas, negocian en nuestro nombre. Pero… ¿mandan? Un par de ejemplos puntuales quizás sean suficientes para ilustrar la falacia en juego.

En Guatemala -tomamos ese país sólo como un ejemplo-, la situación es similar a la de cualquier democracia representativa, sea Noruega, Estados Unidos, Egipto o Sierra Leona. Hace 30 años que se vive dentro de eso que llamamos “democracia”, y su población continúa tan pobre y postergada como siempre, excluida del desarrollo económico-social.

La gente vota y elige a sus representantes. ¿Manda con su voto? ¿Mandan los representantes, el presidente, los ministros, los diputados? Pero ¿quién da las órdenes entonces?

Mientras en la República Bolivariana de Venezuela o en el Estado Plurinacional de Bolivia se retiene un 50% como impuestos a las ganancias de las empresas extranjeras que explotan sus recursos naturales, en la democrática Guatemala ese porcentaje es de apenas el 1%.

Como tal porcentaje resulta bochornoso, ante la presión popular el Congreso de la República, según el Decreto Legislativo 22-2014, aumentó dichos ingresos a un 10% y, para ello, modificó un artículo de la Ley de Minería, estableciendo puntualmente:

“Ley de ajuste fiscal. Capítulo I. Reformas al decreto 48-97 del Congreso de la República y sus Reformas, Ley de Minería”. Artículo 61. Se reforma el artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la República y sus reformas, redactado entonces de la siguiente manera: «Articulo 63. Porcentaje de regalías.

“El porcentaje de las regalías por la explotación de minerales y materiales de construcción será del diez por ciento (10%). De la recaudación resultante de dicho porcentaje, el monto correspondiente a nueve puntos porcentuales (9%), será parte del fondo común y el monto correspondiente a un punto porcentual (1%) se asignará a las municipalidades; y, cuando se trate de las explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley, los diez puntos porcentuales (10%) se asignarán a las municipalidades.

“Se exceptúan (…) las regalías correspondientes a la explotación de níquel, la cual pagará el cinco por ciento (5%), y las de jade que pagará el seis por ciento (6%). De la recaudación resultante de ambos casos, el monto correspondiente a un punto porcentual (1%) se asignará a las municipalidades y el resto al fondo común.”

Hasta ahí parece una medida popular, de beneficio para la población; en otros términos: habría más recaudación fiscal, por tanto mayor capacidad de inversión social. Llevar el impuesto del 1 al 10%, si bien no es de un gobierno de corte socialista, como los de Venezuela y Bolivia, significa un aumento considerable en la recaudación fiscal, y por tanto, una merma en los ingresos de las empresas mineras (que, por supuesto, no quebrarán).

Pero ahora viene el detalle importante: la normativa legislativa fue impugnada por determinados círculos de poder -léase alto empresariado organizado en sus Cámaras- y tiempo después, el 17 de septiembre de 2015, la Corte de Constitucionalidad (¿mandan ellos?) dejó sin efecto el aumento a las regalías mineras. Por tanto, la tasa impositiva sigue siendo del 1%.

Las compañías mineras, en nombre de la “responsabilidad social empresarial” -hoy día a la moda-, voluntariamente elevaron ese aporte a un 2%. ¿Encomiable?…

Valga aclarar que quienes integran la Corte de Constitucionalidad son magistrados, no electos por voto popular sino en oscuras y cuestionables negociaciones palaciegas, pero “firmes defensores de la constitucionalidad democrática”,  al menos lo declaran así, aunque hagan exactamente lo contrario. Ahora bien, ¿por qué estos egregios funcionarios de justicia dieron marcha atrás al aumento que realmente favorecía a los sectores populares?

“A buen entendedor, pocas palabras”, reza el refrán. Tras hechos como este, ¿cómo seguir creyendo en la democracia formal? Por si quedara alguna duda sobre cómo funcionan estos mecanismos, veamos lo que sucede en la gran fuente universal de la democracia, el paladín más encumbrado de su defensa: los Estados Unidos de América.

El futuro primer mandatario de este país, Donald Trump, ganó la presidencia con un encendido discurso de campaña, no tanto por su furioso racismo, acendrada xenofobia o su repulsivo machismo sexista, sino porque levantó un discurso ultra nacionalista que despertó esperanzas en la clase trabajadora estadounidense.

Está claro que ese país dejó de ser la super potencia que fuera una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando aportaba el 52% del producto bruto mundial. Su moneda, el dólar, que por décadas fue el patrón monetario universal obligado, y el dinamismo de su industria -basado en una fabulosa expansión científico-técnica- ya no brillan como antaño.  Quizas nunca vuelvan a brillar así. Sus trabajadores -proletariado industrial urbano y sectores medios más ligados a los servicios- están en caída libre.

Con la relocalización de muchas empresas en otros países donde la mano de obra es más barata, se han perdido millones de puestos de trabajo en el propio territorio estadounidense. El patriotismo no parece preocupar a los capitales (“El capital no tiene patria”, había expresado Marx en el siglo XIX) y, si la instalación de plantas industriales en otros puntos del planeta aumenta su ganancia aún a costa de la pauperización del ciudadano norteamericano medio, ello no parece inquietar a los que realmente deciden la marcha de las cosas.

Los puestos perdidos en suelo estadounidense difícilmente se recuperen. Pero la campaña proselitista de Trump, ganadora en las elecciones finalmente, prometió repatriarlos. ¿Lo logrará? Esto sirve para demostrar quién manda realmente en las llamadas democracias.

¿Cómo podrá el futuro presidente de esa gran nación forzar a que los megacapitales, diseminados por todo el mundo (eso es la globalización neoliberal) regresen a suelo patrio? Ya se está viendo cómo: eximiendo de impuestos.

Estas fueron las negociaciones emprendidas para cumplir con la reinstalación en suelo americano: exención de impuestos para las grandes empresas: ¿quién lo habrá implantado? Los trabajadores desocupados, seguramente no. ¿El futuro presidente, o los representantes de esos megacapitales?

Seguramente Estados Unidos no volverá a ser la potencia dominante de varias décadas atrás, pero el discurso político (siempre manipulador, en cualquier democracia en cualquier parte del mundo) hará creer a la clase trabajadora (el Homero Simpson término medio) que desde la presidencia se logró repatriar inversiones. Y, por supuesto, habrá que inventar algo para mostrar que la desgravación impositiva era necesaria.

Todo lo expuesto y los ejemplos citados (para el caso funcionan igual una gran potencia imperial como un país del Tercer Mundo, un banana country) sirven para demostrar que los funcionarios de gobierno son simples empleados de los capitales (incluyendo a Donald Trump que, a su vez, es parte de esos grandes millonarios, de un modo bastante excéntrico por cierto, de ahí que lo que vendrá en la política estadounidense puede deparar sorpresas). Y sirve también para demostrar que las personas en su conjunto, la población de a pie no decide absolutamente nada.

¿A quién se consultó para decidir no aumentar las regalías mineras, o para dar marcha atrás con las medidas cautelares contra una mina que contamina y mata, o para eximir de impuestos a las grandes empresas? ¿Cuándo las poblaciones toman parte en esas discusiones? Las decisiones finales, ¿las toman realmente esos encorbatados funcionarios, o se acerca más a la realidad el epígrafe de Francisco de Quevedo?

Por tanto, si esta democracia representativa no sirve a las grandes mayorías populares, habrá que ir buscando otras formas. Ahí está la democracia de base, la democracia real, directa, participativa, esperándonos. ¿No fue eso la Comuna de París en 1871? ¿No fueron eso las Comunidades de Población en Resistencia –CPR- en Guatemala durante los años de la guerra? Otra democracia donde la población efectivamente sí elija es posible. ¿Cuándo comenzamos a construirla?

ag/mc