Por Ollantay Itzamná*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y a casi tres de la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre el tema, vale reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.

Los derechos colectivos e individuales (autodeterminación, tierra y territorio,  consulta previa y libre e identidad cultural, entre otros) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas vigentes, en el plano internacional y nacional, pero las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado aún para la gran mayoría de esos pueblos.

Los informes oficiales -tanto de entidades nacionales como internacionales-, muestran en la región signos positivos a nivel global, pero en varios países las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento.

Es más, en algunos con mayoría demográfica indígena como Guatemala o Perú, las familias  en la actualidad subsisten en peores condiciones que en épocas de la colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neo-esclavitud -en las cuales jornalean- en los monocultivos agrícolas de la región. Los derechos declarados, mientras no haya sujetos que los ejerzan y defiendan,  y autoridades que garanticen su cumplimiento, no cambian casi en nada la realidad cotidiana.

Si bien en los últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara conciencia política de “ser indígena”, en países racializados. En consecuencia, la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente implicó el ejercicio individual y/o colectivo de sus derechos sociopolíticos. Somos sujetos “culturales”, sí, pero aun siervos “apolíticos”.

A nivel general, en países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”, permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal. Peor aún, en algunos, como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas sino como campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el mestizaje rural).

En Ecuador o México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados con conciencia política han dado, o están dando, saltos significativos desde el ejercicio de  los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos, pero incluso en esos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de colonialidad y dominación son aún incipientes.

En otros, como Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular grandes extensiones de tierras para indígenas, como propiedad colectiva. Es más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero estas zonas autonómicas  son las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se, para avanzar hacia el Buen Vivir.

Los derechos individuales y colectivos de esos pueblos están reconocidos y declarados, pero es necesario que los indígenas, organizados o no, demos el salto de la cómoda autodefinición como tales -que incluso nos confiere algunos privilegios en un mundo amante de lo exótico- al ejercicio de nuestros derechos sociopolíticos de manera coherente.

Los bicentenarios estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor nuestro. Es más, en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la consulta  previa, ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las empresas (son pocos los indígenas que protestan). Transitar del culturalismo al ejercicio de esos derechos nuestros implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos. Estados plurinacionales los llaman.

Ello implica que los movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos políticos para participar electoralmente en los poderes oficiales e impulsar procesos de asambleas constituyentes plurinacionales,  con métodos y contenidos que superen el individualismo metodológico y el capitalismo suicida.

Los derechos de estos pueblos tienen que ser el fundamento, argumento y horizonte que convierta en realidad las postergadas transformaciones estructurales, para que estas redunden en beneficio suyo. No pueden ser únicamente un vehículo discursivo o laboral para el ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en ello, la responsabilidad mayor lo tenemos  los  que fuimos formados o malformados en la academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias y  en las ventanillas de los estados y  la cooperación internacional.

ag/oit