Por María Eugenia Paz y Miño*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

En países de Latinoamérica y el Caribe, con diferencias sociales y culturales abundantes, con discriminación y brechas abismales entre ricos y pobres, la industria de la seguridad (que prolifera en el mundo, en especial luego del estallido de las Torres Gemelas en Nueva York [2001])  tiene asegurado su negocio en la protección de las viviendas, sin que nadie se atreva a cuestionarlo. Esta industria traspasa ideologías y creencias.

En lugar de trazarse políticas públicas que permitan el encuentro amigable, la interculturalidad, el cumplimiento de los derechos humanos, de los servicios básicos para la población en su conjunto y en equidad de condiciones, se avalan los principios de la industria de la seguridad, basados exclusivamente en el interés monetario. Si no se cuenta con dinero para adquirir alarmas, cercas eléctricas, cámaras, o no se puede pagar a guardias privados, las empresas de seguridad no moverán ni un dedo para proteger a nadie.

Esto es un indicador de la desintegración gradual en las relaciones humanas y sociales. En el esquema de empresas privadas dedicadas a brindar “seguridad”, se pone énfasis en la realidad -no menos cruel- de la violencia y la delincuencia y se apunta, no a terminar con esos males sino a hacerles frente mediante servicios y tecnologías accesibles solo a un grupo de población pudiente. El resto de las personas quedan desamparadas porque los distintos estados no logran, con sus políticas públicas, garantizar al ciento por ciento la seguridad ciudadana en general ni  de las viviendas en particular.

Por su parte, el creciente consumismo hace que la posesión de bienes materiales requiera de una mayor necesidad de asegurarlos. Al ser “privado” el consumismo, también quienes lo resguardan pertenecen al ámbito de lo privado. El Estado solo podrá asegurar hasta un límite, desde estamentos como las policías nacionales y locales. Por tanto, la “ausencia de peligro o riesgo” y la “sensación de total confianza” frente a algo o alguien, que implica la palabra seguridad -conforme con el diccionario-, dependerán, en la lógica consumista, de lo que ofrecen las empresas de seguridad y vigilancia. Como corolario: si el Estado no cuida los bienes, deberán hacerlo las empresas privadas.

El miedo y también el individualismo, propios de los sistemas económicos inequitativos, son elementos que amparan a tales empresas, las cuales responden a un imaginario donde el otro y los otros son peligrosos, y estas empresas son las garantes de la tranquilidad y seguridad de los usuarios.

Mientras las maneras de concebir la vivienda se acercan más al modelo de las grandes ciudades del primer mundo, más  necesaria  se torna la contratación de los diferentes servicios privados. De igual manera, mientras más individualismo se genere en el vecindario o barrio, más muros, cercas eléctricas, cámaras y alarmas se encuentran.

El proyecto de seguridad privada no compagina con la idea de organización comunitaria ni de sociedades con sentidos de convivencia y solidaridad, donde si se requiere del otro, del vecino, para garantizar la confianza en el entorno y la seguridad. Lo privado se sostiene en la sospecha del otro, quien por diferente y extraño resultará “peligroso”. Así, en las distintas ciudades es posible encontrar, en un mismo sector, viviendas tipo mansión, resguardadas como si fuesen cárceles, que contrastan con casas más sencillas.

La diferencia no es netamente económica.  En el plano cultural indica modos distintos de formas de vida. Si el aspecto de la vivienda es más “moderno” o “actual”, o se compagina mejor con modas arquitectónicas europeas o norteamericanas, se requerirá seguridad extraestatal, es decir, privada. La percepción general es que el Estado no brinda la seguridad apropiada y que la policía, como institución, no es del todo confiable.

En las ciudades grandes de diferentes países hay incluso personas que viven en departamentos y jamás se saludan ni saben nada sobre la vida de los vecinos. Se entiende como más “civilizada” a una sociedad en donde el otro no importa. La tónica general es el desconocimiento mutuo, lo cual ocurre en mucho menos proporción en barrios periféricos, más pobres, de inmigrantes campesinos, o en sectores de clases sociales bajas, comunas y espacios rurales.

En estos será harto difícil la presencia de los servicios de las empresas privadas de seguridad y vigilancia, y se valorará la convivencia y organización comunitarias. Aquí, si es del caso, se adoptará la “alarma comunitaria”. Si la vivienda de un vecino está en riesgo, todo el vecindario tomará medidas previamente organizadas. Algo que en el sistema individualista de convivencia es imposible, debido a prejuicios, discriminación, desconocimiento de quien vive al lado, por las brechas económicas y la desproporcionada división de clases sociales.

Lo curioso es que, aun cuando los guardias y los dueños de las empresas de seguridad sean prácticamente “unos desconocidos”, son los depositarios de la seguridad de la vivienda. Se prefiere confiar en lo que ofrece la empresa y no en el apoyo que pudiera brindar un vecino o vecina en caso de emergencia. En un gran número de países, a esto se agrega un dato que raya en lo irónico: los guardias, por ejemplo, que hacen servicio de vigilancia en edificios, departamentos, urbanizaciones, complejos, viviendas en general, provienen de clases sociales bajas, barrios periféricos o más “pobres” y discriminados en diferentes niveles.

Contar con todos los avances tecnológicos en seguridad en una vivienda responde por una parte al problema real de la violencia y delincuencia, pero de otro lado también tiene relación con el mantener un estatus privilegiado dentro de la sociedad. Al menos, privilegiado en cuanto al poder adquisitivo, porque si se lo ve desde el lado filosófico, más privilegio es una sociedad con sentido comunitario, que se apoya y se solidariza. Y si bien la seguridad es imprescindible en todo sentido, en Latinoamérica deviene un elemento más que evidencia la discriminación, la injusticia, la explotación.

Las políticas sociales deberían por tanto apuntar al diálogo social, a la convivencia armónica y pacífica entre vecinos, en lugar de dejar que el miedo al otro y a los otros prime. Tales políticas no deberían dirigirse tan solo a preservar a la población de peligros o riesgos sino, sobre todo, a resolver los grados de desconfianza hacia otro ser humano, creados por las inequidades existentes, que además son un factor que incide en el despunte de la delincuencia y la violencia.

A las empresas de seguridad no les interesa que esto se resuelva; por el contrario, van a enfatizar y sobredimensionar los temas de peligro y riesgo, a través de publicidad en medios y redes sociales. Con ello, la sociedad se contagia con la idea del miedo. Un miedo ligado al individualismo de las clases sociales más pudientes que se ve reflejado en la contratación de sistemas de seguridad privados, individualistas.

Pero este tipo de seguridad es una trampa,  ya que divide en lugar de unir. A la larga, muchas personas y familias se vuelven esclavas de las empresas de seguridad, del miedo, del individualismo, de lo privado, con lo cual, los principios de convivencia comunitaria y solidaria tienden a perderse, por igual la salud mental, emocional, espiritual.

ag/mep