Por Marco A. Gandásegui, hijo*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

La política en América Latina ha sido sacudida por una poderosa ola conservadora,  iniciada  en Honduras en 2007 con el golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya y pocos años después con la destitución parlamentaria de  Fernando Lugo en Paraguay.

Luego siguieron los fraudes electorales en México, el golpe en Brasil y el retroceso en Argentina. Desde el triunfo en la Cumbre de Presidentes en Mar del Plata (Argentina), en 2005, donde el proyecto del ALCA de EE.UU. fue engavetado, hasta la reunión en Lima en abril de este año (2018), el escenario ha cambiado radicalmente.

Algunos piensan que la política se comporta como la naturaleza, pero no es así. La política no se comporta cual las mareas que suben y bajan como resultado de la atracción de la luna sobre los océanos; es resultado de las luchas entre los diferentes sectores sociales que aspiran a proteger o ampliar sus espacios de influencia.

A fines del siglo pasado, y principios del presente, la región experimentó una creciente participación popular en la actividad política. Como consecuencia, las expresiones políticas progresistas llegaron a dirigir la mitad de los gobiernos de la región con un apoyo popular significativo.

Esos gobiernos tenían en sus manos los planes y proyectos que demandaban los pueblos. Lo que no tenían era la capacidad para enfrentar el sabotaje del que eran víctimas por parte de los sectores más conservadores (oligarquía) y los intereses de EE.UU. que veían con recelo todo cambio. Con escasas excepciones, todos negociaron y bajaron sus aspiraciones. En dos de los casos mencionados antes (Argentina y Brasil) fueron eliminados como propuestas políticas.

Han sobrevivido, gracias a la movilización popular, los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Estados Unidos amenaza al primero con una intervención militar cuyo costo en vidas sería trágico.  En cuanto al segundo, el Comando Sur estadounidense todavía está estudiando la estrategia para derrotar a un pueblo único -con raíces milenarias- que está en el poder.

En el caso de Panamá, en 1989 -tras la invasión militar estadounidense-, Washington instaló un régimen al que dio la tarea de poner en práctica las políticas neoliberales, lo cual significó la desregulación radical de las políticas públicas, la flexibilización de la fuerza de trabajo (crear una masa de trabajadores informales) y la privatización de todas las empresas públicas. Después de casi 30 años de un régimen excluyente, a pesar de condiciones económicas favorables, la estructura social y económica está en quiebra y el sistema político a punto de colapsar.

La oligarquía -que se apoderó de los sectores más prósperos de la economía- no tuvo la capacidad de crear un sistema político que integrara y ampliara la base participativa. Al contrario, la política excluyente fue creando un sistema carente de los eslabones necesarios para unir los distintos sectores sociales. Se oficializó el ‘clientelismo’ como fórmula política. Los órganos del Estado y los partidos políticos apenas sirven de pantalla para disimular el poder económico que se encuentra detrás. El debilitamiento del aparato político desnuda la intervención  -sin los mediadores clásicos- de los sectores económicos más poderosos.

La cooptación de los sectores populares, concentrados en los sindicatos, gremios profesionales y productores agrícolas, se realiza también sin mediación alguna. La negociación se hace en forma abierta. La lealtad política deviene una mercancía. Se compran y se venden curules, togas e, incluso, los títulos de dirigentes. Las grandes corporaciones encabezan la ofensiva, con los políticos de los órganos de gobierno e ideólogos de la llamada sociedad civil legalizando cada paso.

Los diputados y ministros de Estado no gobiernan, no legislan y no ejecutan proyectos. Están en manos de los medios de comunicación que sirven de voceros en las disputas. El marco de referencia de las peleas no es el país o algún proyecto de nación. Ni siquiera hay un referente ideológico.

Los valores conservadores se han vuelto consignas y las propuestas liberales se reducen a la fórmula de dinero. En su momento -después de 1989- los conservadores levantaron la bandera de la democracia ‘excluyente’ reservada para una elite financiera, blanca y pro-norteamericana. Los liberales -con poco éxito- trataron de complementar la idea dominante con nociones de desarrollo.

Tanto liberales como conservadores y sus partidos, se han convertido en cascarones sin eco. Hay una única alternativa: o descubren la salida a la crisis o sucumben ante nuevas fuerzas sociales emergentes.

ag/mg