Por Ollantay Itzamná*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

El 15 de septiembre de 1821, las provincias de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Chiapas firmaron el Acta de Independencia de la Corona española. Desde entonces estas nuevas repúblicas, con excepción de Chiapas -que pasó a formar parte de México- celebran casi dos siglos de fiestas patrias sin una independencia significativa.

Casi dos milenios atrás, las condiciones de vida de esas poblaciones en las nacientes repúblicas eran considerablemente mejores que las actuales. En cada una de estas integraban una mayoría demográfica absoluta.

La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra era más favorable para esos pueblos y comunidades, a raíz de los títulos reales emitidos por la Corona durante la colonia. Hasta que las revoluciones liberales, en la segunda mitad del siglo XIX, los despojaron de estas para entregarlas a los “emprendedores” mestizos y extranjeros.

En los casos de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Chiapas (según consta en los Archivos Centroamericanos), la mayor parte de las tierras cultivables registradas ostentaban la categoría de propiedades comunales de los pueblos indígenas.

En amplios bolsones territoriales, como en el caso del norte de Honduras, Guatemala o Nicaragua, los pueblos misquito, pech, tawaka, maya q’echí, etc., disfrutaban de  amplios territorios, sin la presencia perniciosa de los estados republicanos. Bosques frondosos,  fuentes abundantes de agua limpia y fértiles tierras, etc., constituian medios y fuentes de vida.

Casi doscientos años después de la “independencia” criolla para criollos, los pueblos indígenas se encuentran en una situación no sólo de subordinación o esclavitud, sino de  violento despojo permanente por parte de los estados criollos. Colonialismo interno, diría el político mexicano José Vasconcelos.

En países como Honduras, El Salvador y Costa Rica la población indígena casi desapareció. Culturalmente, apenas un promedio del 10% de ésta se reconoce como tal. Sin embargo, genéticamente continúa siendo más indígena que mestiza, pese a las  políticas públicas de eugenesia sistemática aplicada desde los estados.

En los estados criollos casi bicentenarios, el común denominador de los pueblos indígenas es la miseria socioeconómica,  la desnutrición infantil -que alcanza incluso al 80% de los menores de cinco años de edad- y un analfabetismo que abarca a casi el 50 o 60% de las poblaciones. Del escaso porcentaje de indígenas universitarios, casi la totalidad fueron obligados a renunciar a su identidad a cambio de un título que los acreditara como tales, algún espacio laboral o, incluso, a cambio de la ciudadanía.

Mecanismos de casi dos siglos de dominación, como el sistema educativo, el adoctrinamiento religioso, cultural o político, entre otros emprendidos desde los estados, han calado en lo más profundo de las estructuras psicológicas individuales y colectivas de los pueblos.

Quizás por ello, incluso teniendo a su favor -desde finales del siglo pasado-  convenios y declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos aborígenes, estos no han logrado transitar de los derechos culturalistas al ejercicio de los derechos políticos y económicos (territorios, autonomías, consentimiento, etc.)

No obstante, ese proceso, casi bicentenario, también abonó movimientos de resistencia y reconstitución creciente de las identidades indígenas, en diversos grados-especialmente en la etapa neoliberal- evidenciando con ello los rotundos fracasos de las políticas eugenésicas o de mestizajes, promovidas desde los estados nacionales.

El presente siglo no será más la continuación de la impoluta hegemonía del Estado nación, sino la emergencia cada vez más creciente de la posibilidad del Estado plurinacional, con autonomías indígenas; pero este proceso será simétrico a la transición del confor del culturalismo al ejercicio de los derechos político-económicos por parte de los pueblos.

ag/oit