Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina

En América Latina hay una larga tradición de lucha de los trabajadores por conquistar derechos laborales, mantenerlos o ampliarlos. En ese camino, la imposición del capital sobre el trabajo no ha dudado en desatar represiones contra el movimiento obrero, a fin de sujetarlo y dominarlo.  En la historia regional se han registrado, asimismo, episodios de lucha y desgracia que dejaron su marca en las conciencias colectivas. En cada país  ha habido escenarios de violencia y muerte contra las aspiraciones justas de los trabajadores.

El grupo Quilapayún en su “Cantata de Santa María de Iquique” (1970), recoge uno de los episodios más dolorosos acaecidos en Chile, el 21 de diciembre de 1907, cuando fueron asesinados centenares de obreros del salitre que demandaban mejoras salariales, así como otros reclamos laborales.

En Ecuador se suscitó un episodio igualmente sangriento, el 15 de noviembre de 1922. Para ubicar el contexto de ese hecho, vale señalar que el proceso de la acumulación originaria que abordó Marx en forma global y casi concentrada en Inglaterra naturalmente, no ha sido el mismo acaecido en América Latina -en forma específica- y menos aún en Ecuador, de modo que ese «vacío» solo puede ser llenado con investigaciones históricas concretas.

A grandes rasgos, la colonia no disoció en Ecuador a  poseedores de fuerza de trabajo libre y a capitalistas dueños de dinero y medios de producción. Luego de la independencia, durante la vida republicana decimonónica, tampoco tuvieron lugar procesos estructurales que condujeran a esa disociación, ya que sus alcances fueron muy relativos con la liberación de esclavos (1851), la abolición del tributo indígena (1857), la sustitución del diezmo (1890) o los decretos dictados por Eloy Alfaro para tratar de introducir el trabajo asalariado en las haciendas.

La vigencia del régimen oligárquico ecuatoriano impidió la industrialización efectiva del país y el surgimiento de un mercado libre de fuerza de trabajo, como precondiciones para el capitalismo. En realidad, con la Revolución Juliana (1925) se inició un largo período para la superación de ese régimen, definitivamente liquidado con la reforma agraria de 1964, que abolió las modalidades precarias de trabajo favoreciendo el inmediato mercado libre de fuerza de trabajo indígena y campesina.

En estricto rigor, el capitalismo ecuatoriano es tardío: sus inicios apenas son visibles a fines del siglo XIX e inicios del XX -cuando surgen las primeras manufacturas e industrias-, avanza a mediados de siglo durante el auge bananero (1950-1960/65) y definitivamente se consolida en las décadas «desarrollistas» de 1960 y 1970. A ese lento desarrollo capitalista lo acompañó el crecimiento y desarrollo de la clase trabajadora asalariada, base del movimiento obrero que recién emerge a fines del siglo XIX y, sobre todo, a inicios del  XX.

Cabe recordar el papel sindicalista que desempeñó el ciego cubano Miguel de Albuquerque, en la época radical-liberal, en respaldo a Eloy Alfaro, y cómo gracias a esa labor nació en Guayaquil la Confederación Obrera del Guayas (COG, 1905), la más importante organización de su tipo en los orígenes del movimiento. Años más tarde surgirían otras, entre las que merece destacarse la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros «Tomás Briones», a cuya iniciativa se constituyó, en 1922, la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana (FTRE), que pronto desplazó a la COG en el liderazgo del movimiento obrero de Guayaquil.

En el mismo mes de octubre, la Asamblea de Trabajadores del Ferrocarril del Sur, en Durán, resolvió presentar al gerente, J.C. Dobbie, un pliego de peticiones cuyas demandas centrales fueron:

• que se respete la ley de 8 horas de jornada diaria y la de accidentes de trabajo. La jornada de 8 horas fue decretada en 1916 y la Ley sobre Accidentes de Trabajo en 1921;

• aumento de salarios: mientras la remuneración mensual de los trabajadores era de unos 30 sucres, el sueldo de los jefes era de por lo menos 250 dólares, en momentos en que el dólar llegaba hasta a 4 sucres;

• considerar la semana de trabajo de 6 días: hasta entonces, la semana laboral era de 7 días;

• estabilidad laboral: a fin de no separar a cualquier trabajador sin causa justificada;

• otras: suprimir descuentos de los sueldos de los trabajadores para el hospital, un nuevo cirujano, botiquines en Durán, Bucay y Ambato, restituir en el puesto a varios trabajadores despedidos.

Al no recibir respuesta, los ferrocarrileros iniciaron la huelga, respaldada por la FTRE, la COG y la Asociación Gremial del Astillero. En los siguientes días, aumentó la solidaridad de otros gremios de trabajadores. La alarma que produjo la paralización del ferrocarril en el país, forzó al gerente Dobbie a entrar en arreglos con los huelguistas. El 26 de octubre las partes suscribieron el Acta en que se aceptaban los planteamientos de los trabajadores.

El éxito de los ferrocarrileros de Durán dio pie a numerosas reivindicaciones laborales de los guayaquileños. El 8 de noviembre, los trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica y de la Empresa de Carros Urbanos presentaron  sus demandas a los patronos.  El reclamo de los empleados, motoristas y conductores de los tranvías eléctricos incluyó, en lo esencial:

• la ley de 8 horas, y pago de sobretiempos;

• aumento de salarios;

• estabilidad laboral;

• cumplimiento estricto de la Ley de Accidentes de Trabajo;

• planteamientos específicos: regulación del número de vueltas, permisos, pasajes, carros, responsabilidades de los conductores, calamidad doméstica y otras.

Los operarios de los carros de tracción a mula coincidieron en establecer turnos cada 12 horas, y cada 6 alternativas; pago de sobretiempos que excedan las 8 horas; cese de despidos; aumento de salarios; cumplimiento de la ley de seguro y accidentes. En los siguientes días, se sumaron a las huelgas los trabajadores del gas, verteros y conductores de carros urbanos, del taller de carrilanos, cascajeros, etc. Uno de los Manifiestos sostuvo:

«Existe una ley que determina el tiempo de trabajo diario, en ocho horas como máximo, y, sin embargo, se nos obliga a trabajar 18 y 20 horas al día». El día 10 se sumaron a la huelga los trabajadores de las fábricas de Guayaquil. El 11, artesanos y constructores; el 13 los voceadores y nuevas fábricas; este día la FTRE declaró el paro general. El 14 Guayaquil fue una ciudad paralizada y sin luz.

El día 15 de noviembre, la gigantesca manifestación por las calles de Guayaquil fue reprimida a fuego abierto. Murieron centenares de obreros”.

Los trabajadores, el 15 de noviembre de 1922, expresaron el despertar de las reivindicaciones laborales en el Ecuador, justas, en un medio atrasado en los derechos laborales ya conquistados en otros países. Sin embargo, las reivindicaciones reclamadas fueron calificadas como «comunistas» y «excesivas». Y la matanza obrera de Guayaquil, de la que fuera responsable el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), incluso fue justificada con el argumento de que se había disparado contra «saqueadores» y «delincuentes». Todo para esconder la responsabilidad compartida de los capitalistas de la época.

Naturalmente dicho episodio fue marginado en los relatos históricos hegemónicos, pero su memoria ha sido rescatada por los pocos historiadores del movimiento de los trabajadores ecuatorianos.  Retrata el poder que tuvo el régimen oligárquico y los inicios del capitalismo.  Las conquistas laborales, que finalmente se lograron en la Constitución de 1929 y en el Código del Trabajo de 1938, aunque garantizadas, no siempre han sido respetadas. Y hoy corren el riesgo de ser revertidas por la fuerza que han adquirido las propuestas de “flexibilidad” y “flexiseguridad” laborales, impulsadas por las elites empresariales más ricas e influyentes del país.

ag/jpm