Por Juan Paz y Miño Cepeda *
Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018 (https://bit.ly/2PRzXch), este año la región cerrará con un crecimiento promedio de apenas el 1.2% y, según sus proyecciones, en 2019 sólo crecerá en un promedio del 1.7%. Pero la dinámica del crecimiento económico igualmente se desacelerará, en los próximos años, también en los países desarrollados. Sin embargo, los impactos serán diferenciados: se estima que América Central (excluido México) crecerá al 3.3%; el Caribe 2.1% (Cuba al 1.0%), y América del Sur 1.4%.
Entre los países, Dominica lo hará al 9.0%, República Dominicana 5.7%, Panamá 5.6%, Antigua y Barbuda 4.7%, Guyana 4.6%; mientras Brasil al 2.0% y México 2.1%, aunque en caída; el crecimiento negativo de Argentina será del 1.8%, pero en Venezuela -10.0% y Nicaragua -2.0%, lo que obliga a estudiar críticamente el rumbo de estos procesos identificados con la izquierda.
El caso de Ecuador parece singular: a pesar de la recesión de años anteriores, logró crecer al 2.4% en 2017, por las políticas económicas que administró Rafael Correa hasta el fin de su gobierno en mayo, pero será del 1.0% en 2018 y se proyecta una leve reducción al 0.9% en 2019.
Las consideraciones y datos de la Cepal permiten entender que el gobierno de Lenín Moreno tiene la responsabilidad en esta conducción económica y en la desaceleración, una vez que debilitó conscientemente las políticas fiscales, bajo el supuesto teórico de que el achicamiento del Estado, el perdón de deudas fiscales y la remisión de impuestos hasta por 20 años, son incentivos para la inversión privada.
Mientras los análisis internacionales demuestran la falsedad de semejantes conceptos, internamente sigue el ridículo gubernamental de acusar al “correísmo”, ya no solo de los malos resultados económicos del presente, sino hasta de la necesidad de adoptar las medidas que el morenismo ha tomado, bajo el argumento de una grave herencia, sobre la cual los datos empíricos dicen todo lo contrario.
La Cepal insiste en las políticas públicas; el fortalecimiento del activo papel de las políticas fiscales para los ingresos e inversiones; el control estatal sobre la elusión y evasión tributaria, así como sobre los flujos financieros ilícitos (como los que van a paraísos fiscales, cabe anotar); recalca la necesidad de los impuestos directos, así como los de tipo saludable y verdes; la reorientación de la inversión pública a proyectos de impacto sobre el desarrollo sostenible, la reconversión productiva, nuevas tecnologías e inversión verde; apunta a que se resguarde el gasto o inversión social; y hasta el cuidado sobre la deuda pública, sujeta hoy a la incertidumbre de costos y niveles.
Sólo Bolivia demuestra eficacia y superiores resultados sociales, por cuanto el gobierno de Evo Morales acabó con el neoliberalismo y la mitología pro-empresarial y llevó adelante las políticas y regulaciones públicas coincidentes con la línea de pensamiento cepalino, de modo que el motor del crecimiento ha sido la inversión pública, además de que mantuvo e incrementó la inversión social, mejoró las condiciones de vida y de trabajo nacionales, por lo cual en 2018 creció al 4.4% y se espera que en el 2019 seguirá igual dinamismo.
Pero en manos de gobiernos de derecha política y definición empresarial, que hoy predominan en América Latina, las burguesías latinoamericanas cada vez están más agresivas. No bastó su triunfo sobre el ciclo progresista, ni la persecución o la judialización de la política, utilizadas contra los partidarios de aquellos regímenes. Están dispuestas a la subordinación total del Estado, a fin de que garantice sus negocios en el largo plazo, sin importar la soberanía nacional, la precarización de las condiciones laborales, la situación ruinosa de la mayoría de la población, el deterioro de los servicios públicos o el futuro de la sociedad. Según su criterio, si a las empresas les va bien, al país le va mejor.
Contrariando la mitología pro-empresarial, en Argentina la pobreza ha aumentado y las condiciones de vida y de trabajo han empeorado; y en Brasil se han extendido las flexibilizaciones laborales que reviven condiciones similares a las del siglo XIX y es previsible una situación peor, desde 2019, de la mano de los más perversos anti-valores en el poder: misoginia, anticomunismo, racismo, desprecio de lo popular, criminalización de los movimientos sociales, pro-imperialismo.
Como ambos son los países más grandes, su camino sirve de ejemplo para los países menores, en donde las burguesías han recobrado los rasgos de la dominación que caracterizaron a las viejas oligarquías. Se cumple así una especie de programa común latinoamericanista contra el Estado, los impuestos, por la flexibilización laboral y la debilitación de las integraciones regionales.
En contraste, hay esperanzadores ideales de reforma social en el gobierno del otro gigante: México, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Pero si en los ámbitos familiares y de la amistad cotidiana, tanto la Navidad como el nuevo año sirven para compartir buenos deseos y esperanzadoras palabras por la paz, la felicidad y los éxitos, la desaceleración económica señalada para el 2018 y las previsiones para 2019 nos vuelven a otra realidad: en la América Latina de gobiernos empresariales no existen perspectivas para un futuro de paz con dignidad y Buen Vivir para las mayorías nacionales en cada país.
Sobre las experiencias del ciclo progresista y la agresiva restauración de las burguesías conservadoras, el 2019 se presenta como un año necesario para repensar sobre el poder y el futuro social en nuestra América Latina. Quizás lo más certero es lo obvio: reconstituir el espacio político de las izquierdas, pero empezando por el trabajo en los sectores populares, sin pensar en ellos como simples electores, sino como fuerza social que requiere constituirse en un poder dual sostenible en el tiempo; y, a la vez, se demanda un trabajo ideológico y cultural permanente, que contrarreste el pensamiento hegemónico de las derechas.
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