Por Marcelo Colussi *

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Al hablar de políticas energéticas se está hablando de industrias extractivas. Es decir, aquellas actividades humanas, directamente relacionadas con la obtención de recursos naturales extraídos del subsuelo, vinculados con la generación de energía, algo sin duda básico para la vida.

Caben ahí las industrias del petróleo, el gas, el agua (hidroeléctricas) y la minería. Podría agregarse, hoy día, la producción de biomasa destinada a la generación de carburantes o agrocombustibles (etanol, reemplazo de la gasolina y el diesel) tales como la palma africana o aceitera, la caña de azúcar, la remolacha.

Algunas de esas actividades extractivas son de larga data, como la minería. Desde la aparición del cobre, hace nueve mil años hasta los elementos conocidos hoy como estratégicos: coltán, niobio, iridio, torio (probable futuro sustituto del petróleo), la historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera. La generación de energía es cada vez más vital en nuestro mundo moderno.

¿Por qué entonces las llamadas industrias extractivas están causando tanto daño, produciendo tanta conflictividad social? Por la forma en que operan. Nadie está en contra del “progreso” pero sí de la intromisión, el saqueo, la expoliación por vía violenta. Y estas industrias van, definitivamente, de la mano de la violencia para conseguir sus cometidos.

“Así como los gobiernos de los Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan las empresas petroleras para garantizar el combustible necesario para su capacidad de guerra global, las compañías petroleras necesitan de sus gobiernos y su poder militar para asegurar el control de yacimientos de petróleo en todo el mundo y las rutas de transporte”,  señaló James Paul en el Informe del Global Policy Forum.

En los diversos países latinoamericanos estas industrias (centrales hidroeléctricas, minería, cultivos extensivos dedicados a la generación de agro-combustibles)  constituyen hoy uno de los principales conflictos en términos político-sociales.

Al implantarse en territorios donde habitan los pueblos originarios americanos, la irrupción de iniciativas de esa naturaleza -sustentadas por capitales multinacionales, en general asociados a los grandes capitales nacionales- no son, en modo alguno, una buena noticia, dadas las características con que han venido operando. De hecho han generado con argucias legales, o por la fuerza, el despojo de los territorios ancestrales.

Los movimientos campesinos-indígenas asentados en estos territorios protestan ante este despojo, que hoy representa la principal afrenta del sistema capitalista dominante. La lucha de clases, que nunca ha desaparecido, se expresa a través de ese conflicto.“Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”, dijo sin ambages el financista Warren Buffett, uno de los grandes multimillonarios estadounidenses.

Paralelamente, esas industrias devienen contaminantes en alto grado, agresivas para el medio ambiente: dejan sin agua o tierra cultivable a los pueblos originarios, arrojan desechos químicos tóxicos que contaminan la flora y la fauna; atentan contra la vida humana; crean problemas nunca solucionados  destruyendo -más allá de las promesas- el equilibrio natural.

Quizá sin constituir una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibieron el marxismo clásico o los partidos comunistas tradicionales a lo largo de los años en el siglo XX), estos movimientos de protesta encarnan una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y los sectores hegemónicos locales.

En ese sentido funcionan como una alternativa anti-sistémica, una llama que se sigue levantando y arde y que, eventualmente, puede crecer. De hecho, en el informe Tendencias Globales 2020-Cartografía del futuro global, del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos -dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país- puede leerse:

«A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones (…) con grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas».

Sin duda, la apreciación geoestratégica de Washington no era errónea: en los distintos países de la región estos movimientos indígenas y campesinos libran una fuerte lucha contra toda la industria extractiva, percibida como una invasión, un factor de exterminio.

La respuesta de los Estados defensores de los capitales (nacionales y multinacionales) y no jueces entre todas las partes -como oficialmente se declara- es la represión. Los  despojos de tierras ancestrales son, en muchos casos llevados a cabo por la policía y/o el ejército, instituciones pagadas con los impuestos de toda la población.

Ello reitera modalidades puestas en marcha en los peores años de las guerras contrainsurgentes que ensangrentaron a nuestros países décadas atrás. Es decir: asistimos a  desapariciones, amenazas veladas y abiertas; asesinatos selectivos de líderes comunitarios, acompañado de la criminalización de las luchas campesinas. ¿No vivíamos en democracia en Latinoamérica?

¿Quién dijo que la lucha de clases terminó? ¿Dónde quedó la «resolución pacífica de conflictos»? Definitivamente estos movimientos populares pueden, deben, ser una mecha que encienda luchas más profundas, de carácter transformador -y no solo de protesta y reivindicación puntual-, como alzarse en defensa de los territorios ancestrales, sino con propuestas globales de cambio.

ag/mc