Guillermo Castro H. *

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

El pasado 1 de julio, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, presentó ante la Asamblea Nacional el Informe a la Nación sobre el desempeño del gobierno a su cargo en su primer año de gestión. Como era de esperar, el Informe enfatizó en lo que ese gobierno considera los dos mayores problemas que enfrenta su gestión.

Uno es la reactivación de una economía en proceso de contracción. El otro, el manejo de la pandemia de COVID 19, que ha acelerado el deterioro de esa economía y dejado en evidencia la gravedad de los problemas que han venido acumulándose a lo largo del siglo XXI en la vida de Panamá y sus habitantes.

La reactivación económica se centró en el anuncio de nuevos subsidios masivos a la banca y la construcción  -de viviendas y obras de infraestructura -, y de otros más modestos a la pequeña y mediana empresa y la producción agropecuaria. En lo más esencial, las medidas anunciadas apuntan a procurar que el modelo de desarrollo neoliberal-transitista navegue con el menor daño posible por las aguas de la crisis y llegue a puerto en capacidad de reactivarse con energías renovadas.

Lo relativo a la pandemia fue abordado en una perspectiva técnica de prevención y atención de la enfermedad, dejando de lado el enfoque de salud pública inicialmente adoptado por la ministra de Salud, destituida de su cargo casi sin previo aviso la semana anterior a la presentación del informe.

Con ello, el Informe se concentró en dar cuenta de equipos, instalaciones, inversiones, medidas de control sanitario, donaciones a los más pobres (1,600,000 panameños, dijo) y un agradecimiento público a la labor de los trabajadores de la salud, los bomberos, la fuerza pública y los voluntarios que participan en la atención a la enfermedad y la vigilancia de una cuarentena particularmente rigurosa.

Así las cosas, reviste el mayor interés aquello a lo cual el Informe no hizo referencia. En primer lugar, la crisis que aqueja al país fue presentada como el producto de un relámpago en un día claro, sin ninguna alusión a los factores internos y externos que convergen en ella. Salvo referencias rituales a la lucha contra la corrupción y por la probidad en la gestión de la cosa pública -que nunca faltan en estos discursos en nuestros países- fue eludido todo lo que hay de realmente medular en el problema.

A lo largo de las últimas décadas, en efecto, se había hecho evidente que el país encaraba, a un tiempo, un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente, una degradación ambiental constante y un creciente deterioro institucional. Esto último expresado en los constantes conflictos entre los poderes del Estado y, sobre todo, en el colapso de los servicios públicos de salud y educación, y en el riesgo evidente de colapso también en la seguridad social.

Más allá de protestas populares dispersas -aunque sin duda crecientes- esa crisis no ha tenido aún una expresión política significativa. Hay múltiples razones que explican esto, desde la continuidad de la política de marginación  y aun de hostigamiento a las organizaciones comunitarias y de trabajadores -establecida por el militarismo criollo en la década de 1980- hasta el éxito logrado por los gobiernos habidos desde 1990 a nuestros días en el cultivo del clientelismo político.

Esta situación, sin embargo, tiene límites que van emergiendo con creciente claridad. El prolongado confinamiento de la población ha llevado a graves extremos la situación de precariedad de los sectores más pobres, y afectado severamente tanto a la baja clase media, que depende de pequeñas empresas, como a la de ingresos mayores, ahogada en deudas cuyo pago se le ha permitido postergar por unos meses…sin condonación de intereses.

Al propio tiempo, una prolongada política de desdén por la producción industrial y agropecuaria ha deteriorado la credibilidad del Estado ante pequeños y medianos productores y acentuado los conflictos de interés entre el campo y la ciudad.

Por otra parte, si bien sectores como el universitario, que protagonizaron importantes luchas políticas de corte patriótico y social a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1979  están de hecho desmovilizados en el siglo XXI, va tomando forma una generación de relevo en la que jóvenes trabajadores, estudiantes e intelectuales encuentran en esta crisis su mejor escuela de ciencia política.

A eso se agrega, también, la actividad de grupos emergentes en el sector privado -sobre todo en zonas del interior del país- que van convergiendo en la demanda de llevar el país a un modelo de desarrollo que amplíe el mercado interno y favorezca un progreso más equitativo y sostenible.

La crisis va creando así un clima de diálogo, debate e iniciativa política que va poniendo en evidencia las afinidades menores y mayores de una diversidad de sectores sociales, que hasta ahora han marchado por separado temiéndose unos a otros y desconfiando por principio entre sí.

Esos sectores se ven ahora en la necesidad de confluir porque los cambios acumulados en la sociedad panameña, a partir de la integración del Canal a su economía interna, y de esa economía al mercado global, contribuyen hoy a la fermentación de transformaciones de las que emergerá una sociedad diferente, para mejor o para peor, según cuál sea la coalición de sectores que logra conducir el proceso en curso.

De nada de esto trató el Informe que, sin esto, no puede ser comprendido cabalmente. Razón tenía Martí en su advertencia de 1891:

el que pone de lado, por voluntad u olvido una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia y derriba lo que se levanta sin ella.

A esa luz será juzgado lo dicho al país por su presidente, como será decidido por su pueblo lo que haya de hacer al respecto.

ag/gc