Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda *

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Los empresarios latinoamericanos del presente y sus organizaciones gremiales suelen asumir que son “a-políticos” e independientes. Consideran a sus actividades simplemente como “productivas”. Suponen que exclusivamente crean “riqueza” y trabajo, que de ellos depende la prosperidad ciudadana e incluso cumplen una misión ética y patriótica de amplio beneficio social.

Pero la historia económica de la región demuestra que los empresarios y sus gremios, sin ser partidos políticos activos, se convierten en actores directos en las contiendas electorales con candidatos vinculados a sus redes; son fuerzas sociales permanentemente activas en las confrontaciones por el poder; pasan a ser protagonistas centrales en las disputas por la hegemonía en el Estado y, normalmente, buscan la implantación de gobiernos afines a sus intereses.

Sin embargo, esas dinamias empresariales son aún poco estudiadas en Ecuador, cuya experiencia es similar en otros países. Al coordinar las actividades del Taller de Historia Económica (THE) en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), logramos seguir los pronunciamientos de las cámaras de la producción en los periódicos nacionales entre 1979 y 2006.

Esos materiales permitieron comprobar que las cámaras empresariales fueron activos actores políticos durante todos esos años, en los cuales se opusieron a las políticas “estatistas”, cuestionaron o apoyaron gobiernos, convirtieron el neoliberalismo en su dogma ideológico -aunque entendido a su manera- y, en definitiva, buscaron que las políticas públicas les beneficiaran. El mismo comportamiento como actores políticos ha continuado bajo otros contextos, entre 2007 y el presente, como lo he destacado en múltiples artículos sobre el tema.

Una investigación publicada en el exterior actualiza el tema de los empresarios con singular novedad. Se trata del artículo “Neoliberalism in Ecuador after Correa: a surprise turn or according to economic elite’s plan?” (2019 – https://bit.ly/31fHNoG ), de Thomas Chiasson-LeBel, profesor visitante de la Universidad de California Santa Cruz.

Se pregunta el autor si el “giro económico neoliberal” que dio el gobierno de Lenín Moreno debería interpretarse como una verdadera “sorpresa”, pero concluye que al verlo de esa manera se descuida un asunto central: las elites empresariales no fueron “receptoras pasivas” de ese giro, sino que tuvieron una decidida acción estratégica desde años anteriores.

Sin duda, el autor reconoce que durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la clase empresarial se sintió afectada por la nueva conducción del Estado, en la cual se cortó su anterior influencia y su capacidad de control de las políticas económicas. Además destaca los avances sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo durante ese período.

Pero los empresarios no se paralizaron. Si bien hubo un sector animado por confrontar al gobierno -incluso pensaron en la posibilidad de un golpe de Estado-, las cámaras empresariales adecuaron a las circunstancias sus propias acciones y estrategias: búsqueda de nuevos socios, permanente presencia en medios, promoción de tratados comerciales, vocería a través de figuras nuevas (como fue el caso de Richard Martínez, resaltado por el autor), o la exitosa movilización contra el anuncio del nuevo impuesto a las herencias, que logró inéditas adhesiones sociales (2015) y hasta la paralización de la propuesta.

He considerado ésta como la acción que marcó el triunfalismo de las cámaras frente al gobierno de Correa.

En el artículo de Chiasson-LeBel queda claro que las elites empresariales desconfiaron de la sucesión gubernamental con Moreno, pero enseguida encontraron condiciones favorables, con la incorporación de empresarios al gabinete, con los diálogos y la conformación del “Consejo Asesor de Producción”, y sobre todo con el nombramiento de Martínez como ministro de Economía y Finanzas (mayo 2018).

De otra parte, los principales grupos económicos supieron desarrollar estrategias innovadoras desde la época de Correa. Dice el autor que, aunque se usó la “autoproclamación exitosa” (como los vistosos casos de Álvaro Noboa y Guillermo Lasso), resultó de mayor incidencia la “competencia con la esfera pública”, pues se adoptaron mecanismos de responsabilidad social empresarial, se estrecharon vínculos con funcionarios, fue promovida la buena imagen corporativa, lograron identificarse con demandas sociales específicas (Corporación La Favorita ayudó frente al terremoto en Manabí en 2016), o prolongaron servicios y provisiones de bienes que incluso pasaron a formar parte de los requerimientos del mismo Estado.

Todo ello legitimó socialmente a los empresarios, que recuperaron espacios otrora perdidos y finalmente ganaron determinante influencia con Moreno. Chiasson-LeBel considera que este es un factor que no se ha valorado con la observación que merece. Y, desde luego, tiene razón. Porque las izquierdas, por lo general, solo han considerado al empresariado como simple “burguesía” o “elite dominante”, sin detenerse a examinar sus acciones y mecanismos de actuación concreta, que les ha permitido ser actores políticos y lograr enchufarse en el Estado.

A lo dicho por el autor en referencia, cabe añadir algunas otras consideraciones esenciales. Porque desde la perspectiva histórica de largo plazo, los empresarios ecuatorianos han mantenido, desde inicios del siglo XX, una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos que afecten sus costos productivos o de mercado (en definitiva, sus ganancias), y la sistemática resistencia u oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores. En eso la “visión oligárquica” no ha sido alterada en un siglo.

Tampoco han demostrado ser el crisol de la modernización y de la avanzada innovadora (a pesar de cualquier aislada excepción), porque se han contentado con mantener posiciones rentistas y fortalecer un “capitalismo jerárquico”. Por lo general no han comprendido la necesaria institucionalización del Estado y el desarrollo de sus capacidades, que incluso se requieren para combatir con efectividad la corrupción pública y la privada, de la que nunca hablan.

A su conservadorismo económico es normal que se una su conservadorismo ideológico y político. Y su escudo en el “neoliberalismo” igualmente les ha impedido visualizar las nefastas consecuencias sociales y humanas de los sistemas de “mercado libre” en América Latina y en Ecuador, de modo que no se muestran preparados para impulsar procesos de construcción de economías sociales (por ejemplo, en la dirección de los modelos europeos o del canadiense), a los que muchos confunden como “comunistas”.

Es de esperar que esas características puedan cambiar en el futuro con la rapidez que el país merece, lo cual es, sobre todo, un desafío para las universidades, formadoras de los profesionales para la administración empresarial.

ag/ jpm