Guillermo Castro H. *

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

El 2020 ha sido un año de diálogos en Panamá. Una vez que la pandemia de COVID 19 facilitó vincular entre sí las contradicciones y conflictos internos del que había sido por breve tiempo el país de más rápido crecimiento económico en nuestra América, esos diálogos permitieron a los más diversos sectores sociales (re)conocer a su país y conocerse entre sí de una manera inédita en nuestra historia.

Ahora, el gobierno nacional ha convocado a un diálogo del país con sus autoridades, con el propósito de acordar un Pacto del Bicentenario de nuestra independencia de España que permita “caminar” hacia “un modelo de desarrollo que distribuya bienestar y prosperidad a todos.”^[1]

La convocatoria ocurre cuando la crisis sanitaria ha conducido a una crisis económica, con serias consecuencias sociales y un riesgo creciente de desembocar en una crisis política de consecuencias imprevisibles. A esa luz, no es de extrañar que el gobierno asuma como reto principal en ese camino el de generar “confianza y ambiente para legitimar el proceso”, para lo cual se cuenta con recursos tecnológicos y “acompañamientos locales e internacionales.”

Para encarar ese reto y alcanzar su objetivo, la convocatoria contempla tres fases: Panamá Propone / Validación / Panamá Decide. La primera fase está intermediada por una plataforma tecnológica para la presentación de propuestas por individuos y organizaciones.

La validación está a cargo de una comisión científico-técnica, que evalúa las propuestas -sistematizadas primero por un “equipo del PNUD”-, a partir de criterios como los de innovación, coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y capacidad para cerrar las “brechas” sociales creadas por el modelo de desarrollo vigente.

Por último, la fase Panamá Decide incluye la transferencia de los resultados de la validación a mesas temáticas correspondientes a cuatro regiones del país: Oriente, Occidente, Centro y Metropolitana, que a su vez las transfieren a una mesa temática nacional y culmina con la redacción del Pacto para presentarlo al país en octubre de 2020.

La convocatoria ha recibido observaciones muy diversas. Para el sociólogo Enoch Adames, por ejemplo, la metodología planteada “está orientada conceptualmente y predetermina sus resultados finales por su propia lógica de construcción.”^[2] En este caso, la convocatoria busca empoderar al ciudadano, en su “condición jurídico-política”, como el demandante por excelencia de soluciones.

Esto, dice Adames, atomiza el “poder ciudadano” y lo sumerge “en lo inmediato en problemáticas locales, comunales o provinciales,” que por su naturaleza son “institucionales de naturaleza administrativa.” Con ello, se facilita excluir problemas de orden sistémico como el ordenamiento del Estado y la matriz económica dominante, que dependen “de una relación de poder.”

Esa metodología, por otra parte, se ciñe a la visión de país presentada en 1953 por el destacado intelectual liberal Hernán Porras, en la cual Panamá estaría constituido por diversas regiones etnoculturales vinculadas al país por mediación de un “grupo capitalino blanco” que controla el corredor interoceánico y las relaciones internacionales de la República.^[3] Así, la convocatoria al Pacto plantea la coexistencia de cinco países en uno -el del siglo XXI, el de la clase media, el de los barrios, el rural y las comarcas indígenas- separados entre sí por “brechas” de ingreso y bienestar que deben ser superadas.

Sin embargo, la convocatoria no examina el origen de los problemas a que hace referencia, ni las relaciones de interdependencia existentes entre los “países” a que alude la imagen que utiliza. Con ello, se pierde de vista la lección más importante que le ha proporcionado al país la pandemia global de COVID 19, al detonar una situación en la que ya coexistían un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente, una degradación ambiental constante y un creciente deterioro institucional y político.

Así, la riqueza del patrimonio social y cultural acumulado por los diálogos del 2020 – expresada en las críticas al modelo de desarrollo vigente en Panamá, las propuestas para transformarlo en una economía de amplia base social, y las encaminadas a transformar el modelo político mediante una Asamblea Constituyente – no son objeto de referencia en la convocatoria al Pacto. Y, sin embargo, ese aporte colectivo, no meramente individual, es hoy más importante que nunca para el bien del país.

La situación de Panamá, en efecto, recuerda a una represa colmada y con las compuertas oxidadas. Si esas compuertas son abiertas de manera ordenada mediante un acuerdo político -y no meramente de políticas puntuales, sujetas a incertidumbres como las del servicio a la deuda externa-, los cambios acumulados de 1990 acá podrán fluir y generar transformaciones que proporcionen la energía que el país necesita para culminar la construcción de una patria cuya normalidad sea realmente nueva.

Así las cosas, el país aún puede escoger entre abrir entre todos las compuertas, o no hacerlo y encarar el riesgo de que se derrumbe la represa. En política, a fin de cuentas, ¿no se escoge siempre entre inconvenientes?

Nuestro mundo, el creado por nosotros, los humanos, ha sido y será -como nosotros mismos- contradictorio e inestable. Eso es propio de los organismos vivientes, y esa propiedad solo se pierde con la muerte de esos organismos. Por eso dijo alguna vez Sun Tzu que la victoria no consistía en la destrucción del adversario, sino en la conquista del control del equilibrio.

En ese sentido, el progreso solo es posible conservando lo que merezca ser conservado, liberando lo que sea necesario para abrir paso a la innovación en todos los planos de la vida, y escogiendo -con conocimiento adecuado y conciencia de nuestros fines- las opciones de futuro más adecuadas que van surgiendo en el desarrollo de la crisis.

Aún podemos iniciar, en el año del Bicentenario, el proceso de crear en Panamá la República que los ciudadanos del Istmo se merecen, en la que el Pro Mundi Beneficio que proclama como misión el escudo adoptado por la Asamblea Nacional en 1904 – se traduzca en un Pro Domo Beneficio -beneficio de nuestra casa común-, con todos finalmente, y para el bien de todos.

ag/gc