Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda*

En el artículo anterior, me referí a los orígenes históricos del neoliberalismo latinoamericano, vinculado a dictaduras sanguinarias (https://bit.ly/3kYnODt). Durante las décadas de 1980 y 1990, los gobiernos democráticos de América Latina, con distintos ritmos, entraron en la era del neoliberalismo.

Las condiciones para ese proceso derivan de varios factores: 1. La crisis de la deuda externa que estalló en México (1982) y se reprodujo en la región, obligando acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, por intermedio de las cartas de intención, impuso políticas de liberación económica, convertidas en un solo decálogo de recetas por el “Consenso de Washington” (1989). 2. El gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), que impulsó una agresiva liberalización de las economías latinoamericanas;

3. El derrumbe del socialismo en la URSS y Europa del Este (iniciado por la “perestroika” en 1985) que, mientras por un lado desestabilizó tanto al marxismo como a toda idea por un “socialismo”y, por otro, permitió consolidar la globalización transnacional y el triunfo de las economías de libre mercado (F. Fukuyama lo expresó como “fin de la historia”.

4. El coincidente despegue de los “dragones” o “tigres” asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan), que exhibían economías “neoliberales”, pero sobre décadas de desarrollismos autoritarios y clara explotación de la fuerza de trabajo

5. La presión de las élites empresariales y oligarquías internas para que los gobiernos adoptaran el camino neoliberal convertido en “verdad” universal.

6. Desde luego, la sucesión de gobiernos en los distintos países que, por sobre cualquier identidad política o ideología diferenciadora, en materia económica solo optaron por la reproducción del modelo en boga; 7. La acción ideológica de universidades privadas, académicos y medios de comunicación identificados con los intereses empresariales.

En Centroamérica, el “neoliberalismo” es múltiple. Belice (desde 1981 único caso de monarquía constitucional parlamentaria y subordinada a Inglaterra) impulsó una economía medianamente empresarial y destacó como paraíso financiero.

Panamá,  tras la invasión norteamericana (1989), continuó su economía de libres servicios, considerada otro “paraíso” para inversiones financieras. El Salvador, con el fin de la guerra interna (1992) siguió un neoliberalismo basado en tratados de libre comercio y el predominio bipartidista del FMLN y ARENA, que se ha visto alterado con el rotundo “fenómeno Bukele” (2019).

Honduras entró a su “era democrática” en 1981, junto con el progresivo aperturismo. Guatemala, tras el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 (con barbarie represiva especialmente sobre la población indígena), enrumbó su economía neoliberal.

Costa Rica había destacado por su tradicional democracia política y cierto Estado benefactor desde 1948 (suprimió el ejército), pero desde mediados de los 80 también cayó bajo el FMI y el Banco Mundial (BM), lo que desestabilizó sus antiguos logros sociales e institucionales.

En Nicaragua, por su parte, el sandinismo en el poder (1979-1990) se vio estrangulado por el sistemático acoso de la “Contra” y las acciones de la CIA, de modo que los gobiernos de los 90 debieron enrumbar economías “híbridas”, seguidas por el nuevo régimen sandinista de Daniel Ortega.

México, en cambio, es el temprano fundador del recetario “fondomonetarista”, bajo la hegemonía de gobiernos del PRI (71 años), dos del PAN (entre 2000-2012) y uno sucesor del PRI, pero todos siguiendo el mismo modelo de economía empresarial y abierta. Y el Caribe merece otro análisis, aunque siempre hay que destacar la inédita vía socialista de Cuba, permanentemente cercada por los EEUU.

En Suramérica los procesos han sido igualmente complejos, pero es esta la subregión en la que han quedado definidos los modelos económicos en conflicto para el siglo XXI. Tras casi una década de gobiernos militares, Ecuador inauguró su “era democrática” en 1979.

Perú lo hizo desde 1980, pero la vida gubernamental ha sido dramática y, bajo el “fujimorismo” (1990-2000), se impuso la represión y el autoritarismo incluso con el afán de derrotar a las guerrillas, aunque los gobiernos sucesores igualmente apuntalaron el aperturismo económico hasta el presente.

Colombia mantuvo su tradicional bipartidismo, aún tras concluir el acuerdo del “Frente Nacional” (1958-1974), pero la sucesión gubernamenta,l en las décadas finales del siglo XX solo reforzó la vía del modelo neoliberal, que sigue en pie.

En Brasil, las dictaduras y gobiernos `seudodemocráticos (1964-1990) edificaron uno de los países más poderosos del continente y, sucesivamente, aceleraron la vía neoliberal seguida por los gobiernos electorales entre 1990 y 2003, hasta el inicio del ciclo progresista con Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), interrumpido por un golpe de Estado institucional que restauró el camino neoliberal.

Al dominio oligárquico de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), siguió la “era democrática” y el neoliberalismo que solo parcialmente se frenó con el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012, derrocado por un golpe de Estado “blando”), ya que continuó con sus sucesores hasta llegar a la coyuntura actual, en la que la pandemia no ha impedido el estallido de la protesta social.

Uruguay, tras las dictaduras (1973-1985) es el único país que logró estabilidad democrática sin caer abiertamente en una economía liberalizadora y, además, se incorporó al primer ciclo de gobiernos progresistas con Tabaré Vásquez (2005-2010 20015-2020) y José Mujica (2010-2015), para seguir hoy con otro gobierno, en la vía al neoliberalismo.

Argentina, tras las sangrientas dictaduras militares (1976-1983), inició gobiernos constitucionales que siguieron la senda neoliberal hasta la interrupción progresista de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007- 2015); pero revivió un radical neoliberalismo empresarial con Mauricio Macri (2015-2019).

Chile salió del “pinochetismo” en 1990, aunque los sucesivos gobiernos electos no desmontaron el modelo neoliberal y empresarial que, incluso, pasó a convertirse en ideal de las burguesías latinoamericanas y, si bien el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) fue visto como parte de los gobiernos progresistas, tampoco cambió el rumbo económico del país, por lo que sus sucesores (incluyendo la segunda presidencia de Bachelet ( 2014-2018), continuaron con el mismo modelo, que finalmente ha pasado a ser cuestionado por la sociedad que aprobó, mediante plebiscito (2020), un proceso de cambio constitucional, mientras siguen las recurrentes protestas sociales y movilizaciones estudiantiles.

El bipartidismo presidencial entre el democristiano COPEI y la socialdemócrata AD dominó por décadas el escenario político de Venezuela, cuyo rumbo neoliberal (y una extendida corrupción) se afirmó, como en los otros países de la subregión, en las décadas finales del siglo XX.

La llegada de Hugo Chávez (1999-2013) -y, con él, el proyecto del “socialismo del siglo XXI”- no solo liquidó el camino neoliberal sino que inició el primer ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina, aunque su sucesor, Nicolás Maduro, enfrenta serios problemas económicos, en buena parte debidos al imparable cerco imperialista.

En Bolivia, el histórico caos gubernamental vivido entre 1971 y 2006, con dictaduras militares o gobiernos constitucionales, no impidió el impulso de un sui géneris “neoliberalismo” oligárquico, en un país que siguió con el mayor atraso económico y social. Ese camino cambió con los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y una economía social que se destacó por el crecimiento, bajo un Estado plurinacional que, además, pasó a ser ejemplar en el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo para la mayoría de la población. En Argentina, fueron los gobiernos progresistas de N. Kirchner y C. Fernández los que emprendieron el camino de la economía social.

Y en Ecuador, al neoliberalismo criollo y oligárquico edificado desde 1985 -que enriqueció a pocos  a costa de los recursos del Estado- el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población y de la galopante crisis de gobernabilidad y e institucionalidad, siguió el ciclo de los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), cuya “revolución ciudadana”  se destacó por importantes logros económicos y sociales, reconocidos por entidades como CEPAL y el propio FMI. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) revivió el modelo neoliberal-empresarial sobre la base de la “descorreización”.

Como filosofía económica, el neoliberalismo no tiene origen en América Latina, pues deriva de concepciones que retomaron el liberalismo clásico (Adam Smith) y lo proyectaron al siglo XX (A. Rüstow, F. Hayek, M. Friedman). En teoría, requiere un alto desarrollo capitalista, para que las empresas compitan en función del mercado libre, en el cual el Estado no interviene.

Por eso, su “éxito” mayor pueden ofrecerlo los EE.UU. desde que Reagan dejó atrás la edificación de un Estado de bienestar que arrancó con F.D. Roosevelt (1933-1945) y el New Deal. Si bien Obama (2009-2017) trató de recuperar en algo políticas como la seguridad social, fue D. Trump (2017-2021) quien las desarmó.

En Europa, el neoliberalismo desajustó, sin llegar a extremos, los Estados de bienestar construidos desde mediados del siglo XX en la postguerra mundial. Sin embargo, se conservan como públicos los servicios esenciales en salud, educación y seguridad social, además de sistemas tributarios redistributivos de la riqueza.

Pero en América Latina el “neoliberalismo” llegó a sociedades con otras características: las centroamericanas, básicamente agrarias (exceptuando México, con avanzada industria) y economías de servicios (banca, comercio, turismo), no podían ofrecer un desarrollo capitalista ideal y, en mucho, conservaban rasgos de los antiguos regímenes oligárquicos.

En Sudamérica benefició, ante todo, a los grupos económicos más ricos y oligopolistas, porque la “teoría neoliberal” ha servido más para justificar la estrangulación de las capacidades de los Estados, el achicamiento de los presupuestos sociales, la privatización de bienes y servicios públicos, la reducción de impuestos.

Asimismo, la desarticulación de las políticas redistribuidoras de la riqueza, el uso de fondos públicos para el empresariado y la garantía exclusiva de las rentabilidades privadas, todo lo cual se acompañó con flexibilidades laborales que han precarizado los derechos de los trabajadores. El autoritarismo de distintos gobiernos que han representado los intereses de las derechas políticas y económicas o la represión a los movimientos sociales, también han sido fórmulas utilizadas para imponer políticas y medidas de “libertad” para los mercados.

Como los gobiernos del ciclo progresista demostraron que era posible una vía económica distinta, la esencia de la conflictividad histórica en América Latina, en el siglo XXI, ha devenido  la polarización entre dos modelos: el neoliberal o la economía social de bienestar. Ambos despiertan y movilizan distintas fuerzas sociales. A la cabeza del orden neoliberal se han colocado las elites empresariales, capas ricas, gobiernos conservadores, sectores sociales identificados con ellos, la prensa aliada y una internacional americanista e imperialista que no desea que en América Latina se construyan economías capaces de cuestionar el poder del capital.

De allí provienen los ataques radicales a todo progresismo latinoamericano y la persecución a sus líderes, mediante múltiples mecanismos de la institucionalidad conservadora. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México (2018), de Alberto Fernández en Argentina (2019) y Luis Arce en Bolivia (2020) parece abrir el segundo ciclo del progresismo latinoamericano.

También puede comprenderse que, en Ecuador, luego del triunfo en primera vuelta del binomio Andrés Arauz/Carlos Rabascal el pasado 7 de febrero (obtuvo el 32.72% de los votos) reaccionen fuerzas que desean impedir el “retorno del correísmo” en la segunda vuelta presidencial del próximo 11 de abril, sin importar la Constitución ni el régimen democrático.

La garantía del neoliberalismo en la América Latina de nuestros días progresivamente se inclina a cuestionar la misma democracia, a favor de un orden excluyente.

ag/ jpm