A Agustín de Hipona le debemos una frase que se hizo célebre en los debates eclesiales: “Roma locuta, causa finita”. La expresión latina, en español actual, se traduce así: “Roma ha hablado, el caso está cerrado”.

Nosotros podemos atribuir el tema a lo ocurrido en Cayara, la localidad ayacuchana que en mayo de 1988 fue escenario de una horrenda masacre. Durante 35 años se discutió el tema, y se puso en duda la versión de los familiares de las víctimas.

Recientemente, el Poder Judicial zanjó el asunto poniendo las cosas en su lugar; pero aún más recientemente vino una versión definitiva y contundente: el Gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos secretos de la época, que confirman que la matanza de Cayara se produjo por acción de destacamentos militares del Estado Peruano, y que las víctimas no fueron “terroristas” – como se dijo siempre- sino campesinos desarmados.

Quienes no tienen oídos para recoger la versión de “los de abajo”, sí están prestos a atender las informaciones que provienen de Washington, porque forma parte de su “universo ideológico”. Para ellos, la palabra de la Casa Blanca equivale a la versión de Roma para los creyentes; y podemos, por eso, considerar cerrado el caso. Se acabó el debate.

Hace un par de semanas, el Poder Judicial dictó una sentencia que afectó a mandos militares y soldados. Quedó, sin embargo “en suspenso” la sanción mayor, contra el general Valdivia, quien se libró de la condena por una razón muy simple: está prófugo.

Recordemos. El 13 de mayo de 1988 en muchas poblaciones del ande se celebró una fiesta religiosa referida a la Virgen María. Cayara, no fue una excepción. Allí los campesinos cantaron, danzaron y bebieron hasta el amanecer, cuando decenas de ellos, encontraron la muerte.

En medio de la fiesta, los pobladores no repararon en una explosión ocurrida en la carretera que bordeaba la localidad. Alguien había instalado una carga que detonó en el instante en el que atravesaba la zona un mini convoy integrado por tres vehículos militares: En el segundo, viajaban un oficial y tres soldados, quienes fallecieron de inmediato. Los uniformados de las otras unidades, reportaron el hecho.

El general Valdivia Dueñas, jefe del Comando Político Militar, dispuso que, en forma inmediata, columnas del Ejercito que operaban en la zona se constituyeran en la localidad de Cayara y obraran de acuerdo a indicaciones precisas. A partir de allí, se desencadenaron los hechos.

La primera de estas brigadas ingresó al poblado alrededor de las 8 de la mañana del día 14. A unos 600 metros de la plaza principal, encontró bebido a un poblador de apellido Asto, y lo mató.

Luego se dirigió a la Plaza, donde las mujeres estaban hilando. Inquirió por los hombres, y le dijeron que cinco estaban en el interior del templo restaurando el altar. El destacamento ingresó al lugar, cerró las puertas y comenzó a “interrogar” a los pobladores.
Poco después, los cinco estaban muertos. Luego, los soldados preguntaron por los demás hombres y les indicaron que se hallaban en la zona de Jeshua, haciendo la cosecha. Fueron allí, y los encontraron.

El ritual siguiente, fue dantesco: Los soldados conminaron a los campesinos a quitarse las prendas superiores y echarse boca abajo, les colocaron pencas de tunas en la espalda y los fueron pisando, al tiempo que les enrostraban el “atentado” consumado la noche anterior.
Como ninguno pudo responder nada coherente, los fueron atravesando con bayoneta calada, hasta que murieron. Cuando no quedó ninguno con vida, los soldados abandonaron el pueblo.

En el Congreso de la República, el miércoles 18, recogiendo un informe proporcionado por el Alcalde de Huamanga, Fermín Azparrent, tuve la posibilidad de denunciar el hecho. El viernes, viajamos a Huamanga el Senador Diez Canseco y los diputados Simon Munaro, Medina Oriundo, Valer Lopera y yo. Con nosotros, estuvo el Fiscal Carlos Escobar, quien asumió valerosamente el caso.

Luego de procurar vanamente apoyo para trasladarnos a Cayara, obtuvimos de las autoridades militares sólo respuestas negativas, y veladas amenazas referidas al “inmenso peligro” que corríamos si intentábamos viajar a una zona “escenario de violentos combates” entre el ejército y las bandas terroristas que asolaban la zona.

Pero partimos por nuestra cuenta. No fue fácil el viaje. En Cangallo y Huancapi, se nos dijo que nuestras vidas estaban en riesgo porque los senderistas “combatían por todas partes” Entendimos que lo que se buscaba era que no arribáramos a Cayara.

Finalmente lo hicimos, el sábado 21 a las 3 de la tarde. Allí recogimos evidencias de lo ocurrido. Al retorno, en el Programa de Cesar Hildebrandt, tuve la oportunidad de presentar un informe detallado de lo acontecido.

El gobierno aprista buscó darle largas al asunto. En ese lapso, se creó una versión fantasiosa de los hechos. Se habló de “columnas senderistas”, que nunca existieron, de “combate abierto”, que jamás se produjo; y se aludió, a “bajas” mutuas: cuatro “valerosos uniformados” y “una veintena de terroristas abatidos” , obviamente, los campesinos de Jeshua.

Así, fue sepultada la verdad durante casi 36 años. Finalmente, salió a la luz gracias a la pertinacia de los defensores de los Derechos Humanos, la voluntad de algunos jueces y los documentos desclasificados en Washington. Una buena lección para los asesinos de ayer, y de hoy.

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