Los estudios sobre los empresarios de América Latina son pocos y dispares, porque se conoce mejor a los grandes países de la región que a los pequeños. Me he referido a este tema en otros artículos. Aunque el concepto se ha usado para identificar a ciertas élites de comerciantes, propietarios de minas u otros negocios durante la época colonial, ese uso es cuestionable, incluso si se lo aplica a iguales sectores durante la primera época republicana. Peor si se llama “empresarios” a los hacendados, plantadores y terratenientes que hegemonizaron la vida de las repúblicas latinoamericanas hasta bien entrado el siglo XX. Los reales empresarios están asociados al desarrollo capitalista de la región: a la cabeza están los propietarios de medios de producción que emplean trabajo asalariado directo, pero se incluyen, en general, todos los que forman parte de los distintos segmentos del capital, entre quienes sobresalen comerciantes y banqueros. Si también se distingue a empresarios grandes, medianos y pequeños, es un absurdo invento ideológico calificar como “empresarios” a personas o familias que, por su condición de desempleo y subempleo, sobreviven con cualquier tipo de actividad diaria, que los ideólogos neoliberales califican como “emprendimientos” y que tales sectores asumen como cierto.
Es difícil investigar sobre los empresarios, porque las fuentes son restringidas y frecuentemente ocultadas, cerradas o negadas, incluso en instituciones estatales. Revestidas como “sociedades anónimas”, predominan empresas familiares y prácticas endogámicas que conforman grupos económicos con características monopólicas y oligopólicas. Pero hay otra área de investigación: las posiciones clasistas y el “pensamiento” (o “mentalidad”) económico y político de los empresarios, cuyo seguimiento se facilita por el acceso a fuentes con información pública, documentos en archivos, relaciones en medios de comunicación y, en la actualidad, acceso por Internet. Además, es posible establecer la relación de los empresarios con los procesos de modernización, progreso y desarrollo de cada país, para preguntarse cuál es el papel que han cumplido. Y esta es una historia llena de mitos.
Es indudable que los empresarios invierten y generan trabajo, como les gusta destacarlo. Pero se ha vuelto común que desconozcan el papel históricamente cumplido por las inversiones estatales y la generación de bienes y servicios públicos. Además, en América Latina, el desarrollo económico nunca provino exclusivamente por el crecimiento empresarial, sino por acción de los Estados, cuando en cada país hubo gobiernos capaces de impulsar la educación y la salud públicas, invirtieron en grandes infraestructuras y forzaron al mejoramiento de las condiciones sociales y laborales (abolición de la esclavitud, reforma agraria, régimen tributario redistributivo), imponiendo a los empresarios legislaciones protectoras a los trabajadores, mujeres, familias y sectores sociales marginados. En varias áreas fueron capitales extranjeros los que promovieron alguna modernización que no provino de inversionistas nacionales (ferrocarriles, electrificación), aunque esas empresas foráneas tienen largo historial de saqueo de recursos, destrucción ambiental, superexplotación de la fuerza de trabajo y desestabilización gubernamental en un amplio número de países latinoamericanos (v.g. United Fruit, empresas mineras y todas las petroleras).
Desde fines del siglo XX y lo que va del XXI, la ideología neoliberal ha logrado unificar a los grandes y ricos empresarios latinoamericanos en torno a varias consignas que se resumen en sus demandas por privatizar bienes y servicios públicos, rebajar o abolir impuestos, achicar al mínimo las capacidades regulatorias y económicas del Estado, flexibilizar y precarizar las relaciones laborales, liberalizar todo tipo de mercados y atraer capitales extranjeros. No solo eso, empresarios y millonarios pasaron directamente a la política y han alcanzado la presidencia en varias repúblicas (Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso y Daniel Noboa en Ecuador, Vicente Fox en México, Juan Carlos Varela, en Panamá, Horacio Cartes en Paraguay); integran los congresos, pasan a ocupar ministerios o las direcciones de aparatos estatales clave. Recuerdan al “viejo” régimen oligárquico de América Latina, cuando el poder político estuvo en manos de una élite de familias dominantes, que excluyeron, con su democracia despótica, a las masas. Hoy, el propósito en la “captura” del Estado, cada vez más visible y estudiado, es defender y garantizar la esfera de los negocios de la clase empresarial como tal y potenciar la obtención de mayores rentabilidades y ganancias. El problema es que han creído que con ello se producirá una evolución natural hacia el mejoramiento social. Pero los estudios existentes demuestran todo lo contrario. Además, aunque hay diferencias de profundidad entre países, el clasismo y el racismo se mantienen entre cúpulas empresariales, como se ha advertido particularmente en Bolivia, Ecuador y Perú, que tienen extendida población indígena y mestiza-popular. El trato empresarial a trabajadores y dependientes, se vive a diario. Sistemas de “esclavitud moderna” o de insalubridad en las instalaciones, como en las bananeras ecuatorianas, han merecido estudios e informes, pero sin solución.
Precisamente las políticas económicas que han logrado imponer los altos empresarios por control directo del Estado o por el grado de influencia que llegan a tener en los gobiernos, si bien pueden conducir al crecimiento y a la modernización, no han construido sociedades con bienestar humano y mejores condiciones de vida para la población en ningún país. En definitiva, el modelo empresarial históricamente no ha conducido al desarrollo, pues no brinda soluciones contra las condiciones generadoras de la pobreza, el desempleo, el subempleo y los bajos salarios e ingresos entre la enorme mayoría de las poblaciones de cada país. Al privatizarse bienes y, sobre todo, servicios públicos, las capas medias, trabajadores y sectores populares no cuentan con las posibilidades de atender bien a su situación de vida, antes cubiertas por el Estado. Las propuestas libertarias anarco-capitalistas, que condujeron al triunfo presidencial de Javier Milei en Argentina, son utopías empresariales bajo supuestos teóricos que, de practicarse, solo agravarán las economías y arruinarán la vida social.
La pandemia mundial del Coronavirus en 2020, impactó en forma brutal en América Latina. En Ecuador altos empresarios y bancos acumularon más, en medio de la desatención y la muerte de miles de personas. Sus consignas laborales han llegado a ser de las más escandalosas en la región para afectar derechos. Revivido por los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, el modelo económico empresarial-neoliberal agravó la situación nacional incluso con el despegue inédito del crimen organizado, provocando que Ecuador retorne a las viejas condiciones del subdesarrollo latinoamericano, bajo un empaque de modernidad capitalista.
En toda América Latina la extensión y triunfo de las derechas políticas acompaña a la politización real de las clases empresariales en torno a la toma del poder. Un capitalismo modernizante, anclado en más beneficios y desigualdades, pero sin desarrollo social.
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