Después de trasladar pesadas piedras para levantar las pirámides, arrastradas por tracción animal, los esclavos egipcios deben haberse sentido agradecidos y, a la vez, perplejos cuando uno de ellos inventó la rueda en Mesopotamia (actual Irak). De la misma manera, nuestra generación se sorprende con la agilidad “mágica” de la robótica para realizar tareas con mayor velocidad y precisión que la habilidad humana.

El algoritmo inauguró una nueva era civilizatoria al ofrecernos otra “rueda”, la inteligencia artificial, que, por cierto, no es propiamente inteligencia ni artificial, porque es programada por seres humanos, aunque tenga un funcionamiento automático. Pero sin ella no podríamos investigar los huecos negros en los lejanísimos espacios siderales ni penetrar en los recónditos y diminutos espacios de la materia gracias a la nanotecnología.

La rueda facilitó todo tipo de transporte, desde la maleta que ya no tenemos que cargar hasta el camión que traslada pesados bloques de piedra. No obstante, sin ella no habría tantos accidentes de tránsito. No hay dudas de que la culpa no es de la tecnología. Es del uso que hacemos de ella, y lo mismo vale para la inteligencia artificial. La programa la inteligencia humana, a la que supera en agilidad, aunque no en creatividad. Puede hacer cálculos matemáticos complejos en milésimas de segundo, pero es incapaz de producir una novela a la altura de Don Quijote, de Cervantes, o de Gran sertón, veredas, de Guimarães Rosa.

En defensa de la democracia hay que proceder a regular el uso de los algoritmos a fin de aminorar el impacto de lo que la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff llama “capitalismo de vigilancia”. Todos los datos que generamos al utilizar Google, por ejemplo, se colectan en grandes bancos de datos que analizan especialistas para detectar las tendencias en boga y las potencialidades futuras del mercado.

Google sabe, mediante el algoritmo, que al usuario “A” le gusta el vino, e inunda su correo electrónico con publicidad de vinos. Lo mismo sucede cuando el usuario “B” busca un nuevo par de zapatos. Cuando el usuario “C” captura informaciones de interés público sobre tráfico crea un software y se lo ofrece a los gobiernos. Los softwares son las aplicaciones que utilizamos cuando accedemos a internet, como Word, Spotify, Tik Tok, etc.

El problema es que no sabemos que se hace con esos datos. Lo que sabemos sobre Facebook se debe a que alguien filtró un documento interno. Las empresas no hablan sobre su modelo de negocios. No existen datos consolidados sobre los términos de uso, y las políticas de privacidad son muy confusas.

Un gobierno que pretenda reducir las desigualdades y promover la democracia y la justicia social debe preocuparse por la regulación del uso de los algoritmos. Como se sabe, son programas concebidos para hacer búsquedas en inmensos bancos de datos, clasificar esas informaciones según un criterio previamente definido por su autor y orientar su destino. Teóricamente, eliminan distorsiones subjetivas, pero lo que sucede en realidad en internet es que los criterios no son ni conocidos ni posibles de conocer.

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