Por Luis Onofa
Este año Ecuador ha vuelto a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional en la búsqueda de un préstamo que palíe sus peripecias financieras. Es la vigésima tercera ocasión que lo hace desde hace 63 años cuando comenzó su saga interminable de pedir auxilio a ese organismo, al igual que la mayoría de países subdesarrollados.
Sin embargo, no hay certeza de que esos problemas se resuelvan con ese recurso, y menos todavía los más profundos del desarrollo económico y social. No ocurrió nunca antes y tampoco ahora hay indicios que induzcan a pensar en un fin diferente: lo impiden las exigencias de ese organismo y los obstáculos estructurales propios del país.
El acuerdo firmado este año contempla un crédito de USD cuatro mil millones, cuyo primer flujo en 2024 será abundante: alrededor de mil 500 millones de dólares. Pero luego llegará por goteo a lo largo de los próximos cuatro años, a medida que el gobierno satisfaga las condiciones exigidas por el FMI. De hecho ha cumplido parte de ellos por anticipado, lo que ha dado pie a que ese organismo los presente como una iniciativa propia de Ecuador y no como una demanda suya.
La Directora General del FMI, Kristalina Georgieva, los ha elogiado como “rápidas y audaces”. Rapidez es la estrategia que recomiendan desde hace mucho tiempo los economistas neoliberales a los gobiernos a la hora de aplicar los ajustes: ponerlos en marcha apenas ascienden al poder, cuando gozan de alta aceptación para neutralizar cualquier protesta popular. El actual gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, elevó el impuesto al valor agregado, junto con otros tributos temporales, en el cuarto mes de su mandato, en abril pasado. Pero mucho más rápido se reunió con el FMI y la banca multilateral para pedirles apoyo. Lo hizo en noviembre pasado, a poco de su triunfo en los comicios de octubre de 2023, aun antes de posesionarse.
La audacia del gobierno ecuatoriano, a la que se refiere Georgieva, alude al riesgo de que sus ajustes provocaran protestas populares tan fuertes como aquellas que en el pasado terminaron con la caída de gobiernos. Sin embargo, el alza del precio de los combustibles que acaba de decretar Noboa, ha generado poca reacción en una población a la que el propio discurso oficial y mediático le ha llevado a creer que el ajuste es necesario y prometedor del fin de una crisis que ha sumido a más de la mitad de su estrato económicamente activo en el desempleo y el subempleo. Esa población, por ahora, parece bloqueada por el temor a las matanzas diarias entre organizaciones de narcotraficantes y por la extorsión y el robo para obtener dinero; o se mantiene ocupada en resolver la escasez de servicios de salud y educación públicas, enfrentar una creciente alza de precios de alimentos y otros bienes y servicios y, en última instancia, en optar por la radical y a veces mortal decisión de emigrar, lo que ha convertido a Ecuador en uno de los países de más alta diáspora en la región, como ocurrió durante el colapso bancario de 1999.
Un informe de 800Migrante observa un creciente número de ecuatorianos expulsados de Estados Unidos, fenómeno que entre octubre de 2023 y abril de 2024 se acercó a los 95 mil. Esa organización sostiene que el gobierno de Daniel Noboa “no ha podido controlar el éxodo y salida irregular” de ecuatorianos hacia los Estados Unidos, por falta de empleo y por la inseguridad.
Detrás del lenguaje de apoyo a Ecuador que contiene el compromiso de crédito del FMI se encuentra su verdadero objetivo, en un lenguaje técnico inentendible para la población. Su préstamo es una contribución para “fortalecer la sostenibilidad fiscal y de la deuda”. En otras palabras, asegurar la existencia de recursos financieros para pagar la deuda externa.
No es una novedad que las condiciones de pago del crédito son duras. El interés bordeará el siete por ciento, tasa similar a la de los créditos de China, alternativa que libera al país de la órbita del FMI, y por ello, criticada con fuerza por los tenedores ecuatorianos de los papeles de la deuda ecuatoriana. En esa tasa se incluyen entre dos y tres puntos de “recargo” para “desalentar” a Ecuador a recurrir a esa modalidad de crédito, de manera reiterada. Esa es una de las condiciones del llamado Servicio Ampliado del Fondo (SAF), mecanismo crediticio al que recurrió Ecuador, en esta ocasión.
El crédito se pagará en un plazo de diez años, primero los intereses y luego el capital. Sin embargo, el crédito apenas oxigena por corto tiempo la caja fiscal. Ecuador deberá pagar este año más de mil 700 millones de dólares de su deuda externa, monto mayor al de los desembolsos que recibirá del FMI en 2024. A más largo plazo, sus obligaciones de pago superan los 13 mil millones de dólares hasta 2028. De ese monto, cinco mil millones corresponden a obligaciones con el FMI. El total de la deuda del país se aproxima a los 80 mil millones de dólares, equivalentes a más del 60 por ciento de su producto interno bruto, de acuerdo con los especialistas. Esa cifra supera con creces el monto de endeudamiento permitido por las leyes del país. Ecuador “crece en deuda, pero el bienestar del ecuatoriano no crece en igual magnitud” sostenía un artículo especializado de Revista Estudios de Gestión (2021), de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
La deuda mantiene entrampada la economía de Ecuador. Sacrifica la inversión pública, motor histórico de su dinamismo, que apenas bordeará los mil millones de dólares, a causa de la austeridad fiscal exigida por el FMI. Ese rigor desembocará en un crecimiento económico de menos del uno por ciento en 2024, según estimaciones de instituciones estatales del país y organismos internacionales.
De hecho ya hay algunos indicadores que muestran esa tendencia. El consumo de los hogares se redujo el primer trimestre de este año, de acuerdo con cifras oficiales. El drama mayor lo cargan los estratos pauperizados que, según propias fuentes oficiales, viven con apenas dos dólares diarios para su alimentación, en un momento en que el costo de la canasta de alimentos y servicios es de 795 dólares mensuales y está por encima del promedio del salario básico, que se sitúa en 460 dólares mensuales. Además, crece el endeudamiento de la población, advierten medios especializados.
El riesgo de mora ronda Ecuador desde hace años, advierten de manera discreta algunos especialistas. Esa imagen no ha podido ser despejada por los regímenes neoliberales que han gobernado Ecuador en los siete años recientes. Al contrario, se ha agudizado, en relación con los precedentes diez años de régimen progresista. En consecuencia, no llegan las inversiones extranjeras y se cierran las puertas crediticias de la banca privada internacional.
El estancamiento de la economía han comenzado a sentirla inclusive sectores empresariales privados, particularmente los de servicios de alimentos y turismo, que advierten la ausencia de un plan estratégico que vaya más allá de los ajustes para alcanzar un desarrollo industrial que le permita al país exportar productos adicionales a los primarios y generarse divisas.
De manera regular en años recientes, en coincidencia con la vuelta del neoliberalismo al poder, el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, suele cercarse con vallas metálicas varias manzanas a la redonda cada vez que se anuncian manifestaciones populares. Es la imagen patética de un país cercado y asediado por una dilatada crisis económica, social y política, que solo se romperá cuando la población haya retomado su andadura histórica.
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