Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En su codicia por extender los negocios e incrementar las rentabilidades privadas, los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios oligárquicos y sus gobiernos en América Latina, no solo atacan a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ), sino que han llegado a concebir que los derechos laborales y sociales son un estorbo a la “libertad económica” y los trabajadores que luchan por defenderlos son sus verdaderos “enemigos” de clase. La historia del capitalismo y de la región contradice sus conceptos.

A partir de la primera Revolución Industrial, con el desarrollo de las manufacturas y fábricas, que determinaron el aparecimiento del trabajo asalariado, el capitalismo del primer siglo se levantó sobre la tremenda explotación a los trabajadores. En Inglaterra y Alemania, a la vanguardia de la nueva era económica, las jornadas superaban las 16 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones; los salarios apenas permitían supervivir a las familias obreras en la miseria; los sindicatos, huelgas y manifestaciones estaban prohibidos; no existían indemnizaciones ni seguridad social.

Esas condiciones de vida fueron denunciadas por los pensadores sociales. Conquistar derechos incentivó la lucha de clases, de modo que los trabajadores lograron conquistas, pero pasando por represiones, muertes y sufrimientos. Los historiadores han seguido estos procesos desde esa época hasta el presente, evidenciando que la riqueza de los empresarios nunca provino de su genialidad, sus emprendimientos ni su “trabajo”, sino de la acumulación del valor socialmente generado.

En América Latina la época colonial sentó las bases de la jerarquización social y de la explotación de la fuerza de trabajo especialmente de los indígenas y campesinos. Las repúblicas surgidas tras los procesos independentistas construyeron Estados oligárquicos, en los cuales las familias de las endogámicas élites de terratenientes, comerciantes y banqueros que controlaron el poder político en los diferentes países, reprodujeron las mismas condiciones laborales heredadas de la colonia. Solo desde mediados del siglo XIX fue abolida la esclavitud y a fines del mismo los liberales y radicales procuraron regular el trabajo para convertirlo en acuerdo mutuo sujeto a los Códigos Civiles, considerando que la igualdad ante la ley solucionaría las inequidades.

Sin embargo, con el lento despertar del capitalismo latinoamericano en el siglo XX, si bien se dictaron tempranas leyes como: descanso dominical en Argentina y Colombia (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), jornada de ocho horas diarias en Cuba (1909), Panamá (1914), Uruguay (1915) y Ecuador (1916), fue la Constitución de México de 1917 la que inauguró la era del derecho social latinoamericano, al reconocerlo para los trabajadores de ese país. Hasta entonces, no existían jornadas reguladas, salarios mínimos, pagos por horas extras, indemnizaciones, descansos, límites al trabajo femenino, seguridad social. De modo que, siguiendo el ejemplo mexicano, surgieron los sucesivos Códigos del Trabajo en Chile y Brasil (1931), Venezuela (1936), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947) y en la siguiente década los códigos merecieron nuevos adelantos en otros países: Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay. Esta conquista de leyes laborales tuvo el objetivo de proteger a los trabajadores, imponer derechos, hacer frente a los explotadores empresarios y hacendados, lograr el mejoramiento de la vida de los trabajadores y de sus familias, que nunca se alcanzó dejando las relaciones obrero/patronales en manos de la “iniciativa privada” y de la “libertad contractual”.

En Ecuador la cuestión social se institucionalizó gracias a los gobiernos nacidos de la Revolución Juliana (1925-1931). En 1925 se fundó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y en 1928 la Caja de Pensiones. El presidente Isidro Ayora (1926-1931) expidió varias leyes sobre: Accidentes del Trabajo; Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa; Caja de Pensiones; Contrato Individual de Trabajo; Jornada Máxima y Descanso; Trabajo de Mujeres, Menores y Protección a la maternidad; Desahucio; Procedimientos. La Constitución de 1929 reconoció los derechos laborales en forma parecida a la mexicana. En 1938 se expidió el Código del Trabajo. En las siguientes décadas se hicieron reformas y se dictaron nuevas disposiciones, siempre con la idea de garantizar los derechos proclamados como irrenunciables e intangibles.

Históricamente, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores no han impedido el desarrollo económico ni el emprendimiento privado, pero sí han puesto límites al insaciable apetito de acumulación de los propietarios del capital, que se alimenta más cuando los trabajadores y sus familias quedan sometidos a infames condiciones de vida. Aun así, América Latina es, en la actualidad, la región más inequitativa del mundo y, con los gobiernos empresariales inspirados en el neoliberalismo y el anarco-capitalismo, se han agravado el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria, como no ocurría cuatro décadas atrás. Desde los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando despertaron y avanzaron, a distintas velocidades, las consignas por “flexibilizar” el trabajo, así como la subordinación a los condicionamientos del FMI, los derechos históricamente conquistados en beneficio de los trabajadores han pasado a ser atacados, cuestionados y estrangulados solo en beneficio empresarial. En cambio, han sido los gobiernos progresistas de la región los que han cortado la vía neoliberal. En Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa (2017-2021), quien revirtió la vía neoliberal que parecía igualmente indetenible en el país, también la recuperación de la hegemonía en el Estado a partir de 2017 por parte de un bloque de poder empresarial- oligárquico se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo económico con bienestar social. Los derechos laborales sistemáticamente han sido afectados, el Ministerio del Trabajo ha pasado a ser dirigido por personas que responden a los intereses empresariales y las políticas laborales han abandonado el principio pro-operario, incluyendo la seguridad social, cada vez en mayor riesgo.

Ecuador es hoy uno de los diez peores países para los trabajadores en el mundo (https://t.ly/-R_Qm ; https://t.ly/l2Eoa), pero entre los empresarios hay quienes resaltan que ocupa el cuarto lugar entre los más altos salarios de América Latina (https://t.ly/9kjd5) y por eso se oponen a cualquier aumento; en tanto a nivel internacional el BID reconoce que tres de cada 10 trabajadores latinoamericanos “no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza” (https://t.ly/uvMD0 ; https://t.ly/UvDZE).

Escudándose en el neoliberalismo y ahora también en el libertarianismo anarco-capitalista, se ataca a la justicia social como aberrante y violenta. El presidente Javier Milei en Argentina se erige como moderno ídolo para quienes siguen sus ideas y creen defender la “libertad económica”, un concepto perverso en América Latina, encaminado contra el Estado, los impuestos y los derechos laborales.
En última instancia se pretende retornar a la época en la cual se carecía de normas y los trabajadores simplemente tenían que sujetarse al poder de los propietarios del capital. Es un proceso que solo los trabajadores organizados podrán detener.

rmh/jjpmc