Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En sucesivos artículos he sostenido que en América Latina, los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios con iguales visiones y gobiernos empresariales que los representan no solo movilizan la ideología perversa de la “libertad económica” (https://t.ly/F3w_j), sino que tienen como “enemigos” a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ), los derechos laborales (https://t.ly/kIU0n), el Estado (https://t.ly/LbewH) y, como remate, incluso a la idea misma de justicia social (https://t.ly/bR81i). El punto de partida es Friedrich von Hayek (1899-1992), el padre del neoliberalismo, quien en su ensayo “El atavismo de la justicia social” (https://t.ly/3eDRd), habla de una idea “imposible” y un concepto que debe ser “eliminado” en la economía.
El exitoso propagandista de ese pensamiento en América Latina pasó a ser Javier Milei. En su libro El camino del libertario (2022 y 2024), una selección de artículos y discursos que le sirvieron para introducirse en la política, antes de alcanzar la presidencia de Argentina en diciembre 2023, Milei dedica un capítulo a demostrar que “La justicia social es injusta”. Parte de considerar que los “valores éticos” del capitalismo son desafiados por marxistas, socialistas y comunistas, que no consideran la “superioridad” del sistema, pues toda mejora económica depende de la acumulación de capital, además de que el capitalismo ha hecho más que cualquier otro sistema para promover el “bienestar”. Pero a mediados del siglo XIX, en el Manifiesto Comunista (1848), K. Marx y F. Engels ya subrayaron que “la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario”; que “Merced al rápido perfeccionamiento de los medios de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones hasta a las más bárbaras”; y que “La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas”. Lo que la historia ha comprobado, desde entonces, es que el “bienestar” general no llegó con el capitalismo, al menos hasta bien entrado el siglo XX; y que en América Latina el capitalismo no logra, hasta nuestros días, ningún “bienestar” para el conjunto de la sociedad, porque la acumulación de la riqueza solo se ha concentrado en una élite, que ha convertido a la región en la más inequitativa del mundo.
De otra parte, el ideólogo anarco-capitalista igualmente asegura que es necesario partir de una “teoría de la distribución de la renta” que considere aquello que “crean” los distintos “factores de la producción”, de modo que a los trabajadores corresponde el salario, a los capitalistas el interés y la ganancia, a los dueños de tierras la renta. Así, “el sistema capitalista resulta esencialmente justo”; de modo que “cuando estos resultados naturales del sistema intentan modificarse de un modo coactivo (redistribución vía expropiación y/o impuestos, se provoca una caída en la producción”. Pero esta es una repetición exacta de la vieja concepción económica que tuvo el empresario textil y economista francés Jean Baptiste Say (1767-1832), para quien era una ley económica natural e inamovible que a cada factor de producción correspondiera el tipo de ingreso ya señalado. Era una idea simplemente descriptiva de lo que ocurría en la realidad, pero con el propósito de garantizar eternamente la forma en que se reproduce la acumulación capitalista.
Fue precisamente Marx quien desmontó esa concepción al contrastarla con la teoría del valor- trabajo. Y agreguemos que la historia económica mundial se ha encargado de demostrar que es perfectamente posible redistribuir rentas, intereses y ganancias, para reorientarlas al bienestar colectivo. Así ocurrió con el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en los Estados Unidos, las economías sociales de mercado con Estados de bienestar en Europa después de la II Guerra Mundial, pero también en Ecuador durante la Revolución Juliana (1925-1931) e incluso con el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, aunque en toda la región, si bien se avanzó en la redistribución de la riqueza, no se logró el bienestar generalizado que se tuvo como objetivo social. Hoy, el país que mejor ha logrado la “superioridad” económica y social frente al capitalismo es China, que eliminó la pobreza extrema (https://t.ly/Xu3Xr) y se ha colocado a la vanguardia del desarrollo de nuevas relaciones de producción, como lo han destacado los distintos estudios realizados por los académicos que forman parte del Grupo de Trabajo “China y el mapa del poder mundial” de CLACSO (https://t.ly/t9U-V).
Al seguir el esquema de los tres factores de la producción propuesto por Say, el intelectual y profesor libertario Milei no puede menos que concluir: “cada intento de controlar algunas de las remuneraciones mediante un sistema de impuestos progresivos no solo redistribuye de modo violento lo que el mercado ha repartido, sino que implica un trato desigual frente a la ley. Así, cuanto mayor el éxito, más que proporcional será el castigo fiscal. Consecuentemente, esto originaría una clase de sociedad que en todos sus rasgos básicos sería opuesta a la sociedad libre. No solo la justicia social es injusta, sino que además conduce a un modelo totalitario”.
Pero el concepto de justicia social es reivindicado por una variedad de movimientos y partidos políticos del mundo occidental (incluso la iglesia católica), que desde el siglo XX buscan redistribuir la riqueza en el capitalismo. En América Latina es un concepto igualmente movilizador desde la época de la Revolución Mexicana, cuya Constitución de 1917 inauguró la vía del constitucionalismo con justicia social, reproducido en múltiples países. En el siglo XXI aquellos ideales abiertamente confrontan con la ideología neoliberal y libertaria. Sin embargo, la búsqueda de la justicia social se ha visto obstaculizada por los gobiernos empresariales y oligárquicos, como ha ocurrido en Ecuador desde 2017, un país que solo ha experimentado el agravamiento de las condiciones de vida, trabajo y seguridad de la población y en el que se han revivido los rasgos más agudos del subdesarrollo.
Recuperar las capacidades estatales para sujetar los intereses privados a los de la sociedad, imponer fuertes y mayores impuestos redistributivos de la riqueza, promover y desarrollar los derechos laborales, sociales y ambientales, superar definitivamente la ideología neoliberal y libertaria, reconstruir el latinoamericanismo, consolidar una región de paz, soberana, en un mundo multipolar y contra-hegemónico, han pasado a ser, entre otros, los objetivos dinamizadores del siglo XXI en América Latina. Y siguen despertando las resistencias de las capas privilegiadas, que hoy también mantienen coordinación nacional e internacional contra cualquier proyecto de economía social y democracia con justicia social.
rmh/jjpmc