Los elementos contradictorios de la “democracia” burguesa siempre han existido en muchas naciones, causados por la explotación del hombre por el hombre, que hace imposible una democracia verdadera y plena en el capitalismo.

Por José R. Oro

Colaborador de Prensa Latina

En los Estados Unidos, estas contradicciones habían sido “aliviadas” por medidas durante las presidencias de F. D. Roosevelt, J. F. Kennedy, L. Johnson y J. Carter,pero desde 1991 se han agravado hasta un nivel de crisis general. La caída de la URSS precipitó el camino hacia el fascismo en los Estados Unidos y en otras partes, diciéndolo de una forma muy simplificada “por no tener competencia”.

La base misma de la “democracia estadounidense”, por largo tiempo en conflicto, ha sido resquebrajada recientemente por un veredicto de su Corte Suprema. El caso judicial surgió directamente del intento de Donald Trump de derrocar la Constitución de Estados Unidos e instalarse como dictador el 6 de enero de 2021 con el ataque al Capitolio por turbas fascistas incitadas por el presidente derrotado, quien se negaba a salir.

Un gran jurado federal acusó a Trump de cuatro cargos en relación con el complot golpista. La acusación alegaba, entre otras razones, que después de perder las elecciones, conspiró para anularlas, difundiendo afirmaciones falsas de fraude electoral con vistas a obstruir la recopilación, el recuento y la certificación de los resultados comiciales.

Trump presentó una moción para desestimar la acusación basándose en la llamada “inmunidad presidencial”, argumentando que un mandatariola tiene frente a un proceso penal por acciones que constituyen sus “actos oficiales”.

Inicialmente, el tribunal federal distrital rechazó el argumento de Trump, al igual que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington DC. El expresidente apeló ante la Corte Suprema de “Justicia”, la que el 1 de julio de 2024falló a favor de Trump por una votación de seis a tres.

La decisión no solo proclamó que Trump era inmune en este caso en particular, sino que estableció un marco de inmunidad presidencial que se aplica de manera permanente al cargo de Comandante en Jefe del Presidente, cualquiera sea el mandatario en el futuro.
En efecto, esta decisiónanuló el marco constitucional que existía en los Estados Unidos desde la Revolución Independentista de las Trece Colonias y que fuera reafirmada después,durante la Guerra Civil.

Trump argumentó, y la Corte Suprema controlada por él“estuvo de acuerdo”, que el presidente debe tener inmunidad “para garantizar que pueda llevar a cabo los deberes especialmente sensibles de su cargo con acciones audaces y sin vacilaciones”.La esencia de una dictadura presidencial es que elmandatario está por encima de la ley, su palabra es la ley ypuede ignorar cualquier legislación que se interponga en su camino.

Esto contrasta con la típica jurisprudencia de la democracia burguesa surgida con los ideales de la Revolución Francesa, en la queen teoría, el presidente es un ciudadano ante la ley con los mismos derechos y limitaciones que cualquier otra persona. La Corte Suprema simplemente usó la palabra “presidente” para que en realidad significara “dictador” a todos los efectos.

Este veredicto de la Corte Suprema es comparable con la Ley Habilitante de 1933 en Alemania, que dio a Hitler el poder de violar la Constitución de Weimar sin rendir cuentas a otras ramas del gobierno y no es más que una traducción al inglés del principio del Führer, según el cual el mandato del líder es la “expresión de la voluntad democrática del pueblo”, que debe prevalecer sobre lo que el jurista nazi Carl Schmitt llamó la “conversación interminable” del parlamentarismo, el Estado de derecho y la separación de poderes. Schmitt, vería en el veredicto de la Corte Suprema una expresión de sus preceptos aplicados a las instituciones estadounidenses del siglo XXI.

Entonces los magistrados nazis se llamaban Carl Schimitt, CurtRothenberger, Franz Schlegelbergero Josef Altstoetter, entre otros. Ahora se llaman Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch o Brett Kavanaugh. Diferentes épocas y nombres, el mismo credo fascista.

Esteveredicto forma parte de un fenómeno mundial. Uno de los proyectos de ley propuestos como parte del paquete de “reformas judiciales” de extrema derecha en Israel el año pasado, que provocó protestas masivas, prohíbe los procesos penales contra los primeros ministros en ejercicio, lo que habría liberado al entonces y actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, de los cargos de corrupción que actualmente están pendientes contra él.

Otra manifestación de este fenómeno es la cancelación de las elecciones en Ucrania este año, lo que convirtió a VolodímirZelenski en un dictador que gobierna Ucrania basándose únicamente en su propia voluntad y el apoyo de las potencias de la OTAN.

Empleando abiertamente el lenguaje y la lógica del fascismo, Zelenski justificó su asunción de poderes dictatoriales en noviembre al declarar: “Debemos darnos cuenta de que ahora es el momento de la defensa, el momento de la batalla que determina el destino del Estado y del pueblo, no el momento de las manipulaciones”.

Mientras tanto, en junio pasado, informes de medios franceses indicaron que el presidente Emmanuel Macron tenía la intención de invocar el Artículo 16 de la Constitución, suspender el parlamento y asumir poderes de emergencia, en tanto que los recientes JuegosOlímpicosde 2024 se efectuaron bajo un estado de sitio militar efectivo en la ciudad de París.Después nombró a un primer ministro “sacado de la manga”, bastante desconocido para el pueblo.

La forma precisa que esto adopte puede variar de un país a otro, pero la tendencia es la misma: Estados Unidos en el centro y el sostén de este proceso global.

Por su parte, en el caso Trump v. UnitedStates, la Corte Suprema no declaró al presidente inmune en todas las circunstancias y para siempre. En cambio, los jueces de la Corte Suprema pretendieron conservar para sí mismos el poder de decidir cuándo el presidente es inmune y cuándo no.

Así, por ejemplo, en virtud de este nuevo marco, la Corte Suprema podría otorgar inmunidad a un presidente de ultraderecha, republicano, pero podría dar marcha atrás y negar la inmunidad a un futuro presidente demócrata, menos reaccionario. Se trata, en ese sentido, de una toma de poder sin precedentes en la historia por parte de los insurrectos alineados con Trump.

Algunas publicaciones han sido criticadas por supuestamente exagerar las implicaciones y los peligros de esta decisión. La respuesta puede encontrarse lo que los tres jueces disidentes escribieron en sus opiniones.

“La Corte crea efectivamente una zona libre de leyes alrededor del Presidente, alterando el status quo que ha existido desde la Fundación del país”, escribió la jueza Sonia Sotomayor. Y agregó:

Cuando el presidente utilice sus poderes oficiales de cualquier manera, ahora estará protegido de un proceso penal. ¿Ordenar al Equipo Seal # 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune.

Sotomayor también sostuvo: “La relación entre el presidente y la gente a la que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.

En un voto disidente por separado, la jueza Ketanji Brown Jackson valoró que el presidente ahora puede asesinar a otros funcionarios del gobierno sin rendir cuentas ni consecuencias. Señaló: “la cuestión aquí es si el presidente tiene la opción de destituir al fiscal general, por ejemplo, o envenenarlo hasta matarlo”.

Los jueces disidentes escriben desde el punto de vista de la preocupación por el daño que esta decisión causará a la credibilidad y la legitimidad percibida del gobierno estadounidense, tanto en el país como en el extranjero.

Después de todo, según los portavoces del Departamento de Estado, Estados Unidos supuestamente está involucrado en una lucha por la “libertad y la democracia” contra el “autoritarismo” en el conflicto con Rusia y China (e Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, RPDC, Siria). Pero al mismo tiempo, el gobierno norteamericano está en una lucha para acabar con la libertad y la democracia e imponer formas autoritarias de gobernanza en su propio país y en el mundo.

Permítanme dar algunos ejemplos concretos para ilustrar lo que significa esta decisión. En febrero de este año, el congresista republicano Mike Collins, de Georgia, comentó en el proceso penal de un hombre de Nueva York (que en realidad fue exonerado posteriormente) que “podríamos comprarle un boleto en Pinochet Air para un viaje gratis en helicóptero”. Se refirió al dictador chileno Augusto Pinochet y al asesinato en masa de opositores de izquierda a su régimen.

Para usar esa amenaza como ejemplo, supongamos que un presidente ordenara asesinar a disidentes de izquierda lanzándolos desde helicópteros. Bajo la “ley suprema del país” de los Estados Unidos a partir de hoy, el presidente gozaría de inmunidad presunta frente al procesamiento penal porque fue un “acto oficial”.

Otro ejemplo: en mayo, el republicano de Tennessee Andy Ogles propuso una nueva ley federal, que fue presentada formalmente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que autorizaría la deportación a Gaza de los estudiantes que se manifestaran contra el genocidio.

La llamada “Ley de Servicio Comunitario por Antisemitismo” (HR 8321) establece: “Toda persona condenada por actividad ilegal en el campus de una institución de educación superior a partir del 7 de octubre de 2023 será enviada a Gaza con el propósito de prestar servicio comunitario por un período no inferior a seis meses”.

Esta ley no ha sido aprobada, pero supongamos que lo fuera. Según la decisión de la Corte Suprema, un presidente que reuniera a estudiantes propalestinos y los transportara a Gaza, sería inmune siempre que se tratara de un “acto oficial”.

El propio Trump ha pedido directamente la deportación de todos los marxistas si es elegido. En un discurso pronunciado el año pasado, afirmó: “Vamos a mantener a los comunistas, marxistas y socialistas extranjeros que odian a los cristianos fuera de Estados Unidos”.
Si Trump deportara a todos los miembros de tales grupos, ¿sería ilegal? Sí. ¿Tendría inmunidad ante un proceso penal por ello? Sí, presumiblemente, según la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. UnitedStates, siempre que fuera un “acto oficial”.

¿Las sanciones, bloqueos y guerra económica contra Cuba y otros países, serían legales? Por supuesto que sí, si es el presidente quien los ordena.

Antecedentes: Tortura, asesinato y comisiones militares

Al rastrear los antecedentes del caso Trump v. UnitedStates, surge la pregunta desde dónde empezar y hasta dónde remontarse.Sin duda, hubo una represión masiva, durante la Primera y Segunda Guerra Mundiales, así como durante la Guerra de Vietnam, contra la izquierda y en general contra cualquiera que protestara.

Durante de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos envió tropas a Rusia para luchar contra las fuerzas comunistas e intentar reprimir la Revolución. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes de izquierda fueron encarcelados en virtud de la Ley Smith, anticomunista.

De la era del macartismo no hay que hablar mucho. Y durante la era de la Guerra de Vietnam, el gobierno intentó reprimir la disidencia con una infiltración masiva de agentes encubiertos e informantes. Pero decir a secas que “la historia se está repitiendo” sería rebajar el veredicto sin precedentesde la Corte Suprema y de la situación que ahora enfrenta Estados Unidos.

En particular, la liquidación de la URSS en 1989-1991 eliminó los frenos a la búsqueda más descarada de los intereses de los capitalistas estadounidenses contra sus rivales en el exterior y contra la clase trabajadoranorteamericana en el país.

Fue seguida por una erupción del militarismo estadounidense por todo el mundo y un giro hacia la derecha del establishment político estadounidense. Como parte de este proceso, el Partido Demócrata se deshizo de los últimos vestigios de reformismo dentro del capitalismo y se volcó en la política de identidad, que es el centro de su actividad.

La crisis del impeachment(impugnación o destitución) de Clinton en 1998 fue testigo de una conspiración derechista sin precedentes para paralizar su administración con un escándalo sexual. La atmósfera tóxica que descendió sobre toda la escena política oficial estadounidense durante ese asunto nunca se ha disipado.

¿Se encamina Estados Unidos hacia una guerra civil?

La crisis de Washington surge de una interacción de complejos procesos políticos, sociales y económicos. La “democracia” burguesa se desmoronabajo el peso de contradicciones acumuladas, cada vez más insolubles.

Los procesos económicos y tecnológicos, asociados a la globalización de la economía mundial, socavan las condiciones sociales y las relaciones de clase de las que ha dependido durante mucho tiempo la estabilidad política de Estados Unidos.

En las condiciones vigentes, una derrota electoral de la ultraderecha fascista puede desencadenar una guerra civil, incluso con bases supuestamente “legales”. Hay que enfrentarla y derrotarla por todas las vías, e impedir que lancen actos de violencia.

También a nivel internacional

Si bien formalmente se requiere que el Congreso vote para declarar la guerra, en la práctica Estados Unidos, bajo gobiernos tanto demócratas como republicanos, se ha involucrado en una contienda tras otra por decretos presidenciales, incluyendo las acciones contra la exYugoslavia y Siria.

George W. Bush y la Corte Suprema se robaron las elecciones de 2000 en la tristemente célebre decisión Bush v. Gore. La Corte Suprema ordenó detener el recuento de votos en Florida y el ultrarreaccionario juez Antonin Scalia llegó a afirmar durante el proceso que no existe un derecho constitucional a votar para elegir al presidente.

Como subrayaron todos los sectores progresistas en ese momento, la aceptación de esa decisión completamente ilegítima por parte del establishment político demostró que ya no existía un electorado capaz de mantener las formas democráticas de gobierno dentro de la clase dominante.

El robo de las elecciones de 2000 fue seguido por el lanzamiento de la llamada “guerra contra el terrorismo” al año siguiente. Los partidos Demócrata y Republicano declararon unánimemente que el país estaba en un estado permanente de emergencia nacional que justificaba la suspensión indefinida de los derechos democráticos, incluido eldel habeas corpus.

La supuesta “guerra contra el terrorismo” vio lacreacióndel Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que consolidó las dispares agencias federales de inteligencia en un aparato monolítico, junto con la Ley Patriota de estado policial, que autorizó la vigilancia masiva de los ciudadanos estadounidenses.

Como parte de la “guerra contra el terrorismo”, el gobierno estadounidense autorizó abiertamente el secuestro (que llamó “entrega extraordinaria”) y la tortura (que llamó “interrogatorio intensificado”), y cientos de personas fueron mutiladas y asesinadas en la bahía de Guantánamo y en “sitios negros” en todo el mundo.

Cuando Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán e Iraq, llevó a cabo una represión salvaje contra la oposición popular, que dio como resultado las imágenes inolvidables en el centro de tortura de Abu Ghraib (Iraq) y en el territorio ilegítimamente ocupado de la Base Naval de Guantánamo.

En julio de 2002, el fiscal general John Ashcroft autorizó directamente una serie de técnicas de tortura, entre ellas, “la captura de atención, el emparedado, la llave facial, la bofetada facial (bofetada de insulto), el confinamiento en un espacio reducido, la posición de pie contra una pared, las posiciones de estrés, la privación del sueño, el uso de pañales y el empleo de insectos”. La más infame de las técnicas de tortura generalizadas de la CIA fue descrita en el informe del Comité de Inteligencia del Senado de 2014 : “rehidratación rectal, sin evidencia de necesidad médica”.

(Continuará)

arb/jro