Por Julio Yao
La visita de representantes del Instituto América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China es motivo de orgullo para Panamá, así como magnífica oportunidad para manifestar nuestra admiración por el vertiginoso desarrollo de su país y, en especial, su rol como gestor de la paz internacional, el respeto y la No Intervención.
Nuestra región ha sido siempre fuente de materias primas y “patio trasero” de Estados Unidos, pero varios países como Cuba, México, Colombia, Venezuela y Bolivia, entre otros, han enarbolado la bandera de la dignidad y la autodeterminación en Latinoamérica y el Caribe.
La República Popular China es la segunda economía mundial, el primer usuario de la Zona Libre de Colón y el segundo del Canal interoceánico.
Panamá, luego de luchar desde antes de 1903, cuando nos independizamos de Colombia, firmó en 1977 el Tratado del Canal, que reconoció la soberanía de Panamá y nos transfirió la vía acuática como producto de la Declaración Conjunta Tack-Kissinger de 1974.
Tuve el honor de redactar en exclusiva dicha Declaración a solicitud del Jefe de Gobierno, Omar Torrijos, y de su canciller y Jefe del Equipo Negociador, Juan Antonio Tack, de quienes fui su asesor durante seis años en las negociaciones con Estados Unidos de 1972 a 1977, hasta cuando defenestraron a este último tras una conspiración prohijada desde Washington.
En 1977 también se firmó un Tratado de Neutralidad del Canal que adolece de serias y graves irregularidades que lo anulan ante el Derecho Internacional. Dicho instrumento constituyó una flagrante violación de la citada Declaración Conjunta, misma que no menciona en ninguna de sus partes el concepto o siquiera la palabra “neutralidad”.
Lo más elemental
El Tratado de Neutralidad es per saecula saeculorum; es decir, a perpetuidad, eternamente, una condición reservada para las fronteras y los tratados de paz.
Dicho instrumento, que no consideramos un tratado, es violatorio de la Declaración Tack- Kissinger que estipula y consigna una fecha de terminación fija para la presencia de fuerzas militares estadounidenses y de la Zona del Canal y violatorio asimismo de la doctrina del Jus Cogens, que anula todo compromiso que se oponga al Derecho Internacional.
El Tratado de Neutralidad carece de preámbulo, texto necesario para consignar los principios que rigen todo acuerdo internacional. Por ejemplo, no menciona la soberanía de Panamá, condición sine qua non y exigencia de nuestra historia.
Ese documento fue objeto de múltiples enmiendas durante su aprobación en el Senado de EEUU., cosa absolutamente inaceptable según el Derecho de Tratados, dado que tales enmiendas solo son posibles en tratados multilaterales y no en tratados bilaterales como éste entre Panamá y Estados Unidos.
Según estas ilegales enmiendas- como la Enmienda De Concini- el norteño país se reserva el derecho a defender el Canal ante cualquier amenaza, sea ésta interna o externa, sea de potencia extranjera o una manifestación indígena pacífica, sin requerir la aprobación del único soberano: Panamá.
Ahora bien, por qué nos preocupa tanto el Tratado de Neutralidad.
El Canal es una vía transoceánica y transcontinental que está regido por nuestra soberanía, que a la vez tiene una espina de pescado atravesada en su garganta con el Tratado de Neutralidad.
Esa espina la hemos condenado en innumerables ocasiones pese a la sordera y la ceguera voluntaria de los gobiernos que se sucedieron y traicionaron al país a raíz de la invasión de 1989.
Ocurre que, siguiendo una costumbre ancestral no escrita que está en la cuna del Derecho Internacional, los tratados suscritos entre un país invasor y un país ocupado sucumben y se dan por terminados ipso facto, inmediatamente, y sine die, o sea, indefinidamente, a raíz de la agresión.
Pero, tras la invasión de diciembre de 1989, cuyo objeto desde Washington era invalidar o cancelar los Tratados de 1977, los gobiernos de la Ocupación que parasitaron y pelecharon de la masacre de miles de panameños civiles inocentes y militares, ni parpadearon ni se inmutaron para exigir una revisión o renegociación del Tratado de Neutralidad, que justamente fue la alegada fundamentación y validación de la barbarie.
El otro tratado, el del Canal, no, porque era una conquista legítima de nuestro pueblo que ofrendó miles de mártires desde antes de 1903 y que le era imposible a Estados Unidos hacerlo recular.
Ahora que suenan crecientemente tambores de guerra desde el Oriente Medio y Eurasia, que amenazan con convertirse en una conflagración mundial, Panamá, que ocupará un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad (enero de 2025), debe declarar cuanto antes, basados en la neutralidad tradicional y activa de nuestro pueblo, que el Canal estará abierto y seguro a todas las banderas que lo transiten pacíficamente, y que la República de Panamá se mantendrá neutral ante cualquier conflicto.
Lo anterior es urgente para evitar que algún terrorista, venga de donde viniere, sea Hizbulah o agente de la CIA, como ocurrió con la voladura del Nordtream 2 de Alemania, destruya nuestra vía acuática.
Pongamos nuestras bardas en remojo.
Panamá debe recordar a todos los usuarios del Canal que, conforme a sus compromisos adquiridos por nuestro país en el Tratado de Tlatelolco de 1967, queda prohibida la presencia de armas nucleares en nuestro territorio, incluido el Canal.
Panamá debe abjurar del Tratado de Neutralidad en virtud de sus intereses nacionales y denunciar su ilegalidad ante los organismos jurídicos internacionales competentes; verbigracia, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como cuando éramos estudiantes de Diplomacia, el 9 de enero de 1964, gritemos al unísono: ¡Un Canal para la paz y no para la guerra!
rmh/ga/jy