Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Diversos términos utilizados en los análisis sobre las sociedades latinoamericanas tienen fundamentos históricos y sirven para comprender una serie de realidades sobre el poder en la región.
Partamos de considerar que durante la época colonial quedaron marcadas las bases estructurales de las economías agrarias heredadas por las repúblicas después de los procesos de independencia.
Las haciendas fueron predominantes en la mayoría de los países y las relaciones de servidumbre eran especialmente graves entre las poblaciones indígenas, sometidas a tales condiciones de trabajo explotador e ignorancia, que su miseria era brutal y sin límites.
Las plantaciones en el Caribe y Brasil utilizaron esclavos hasta mediados del siglo XIX, cuando se abolió ese terrible sistema. Las estancias, con régimen salarial rural, se localizaron en Argentina y Uruguay. Pero en todos estos latifundios los patronos tenían normas propias para el control directo de la fuerza de trabajo, ejerciendo un poder omnímodo que combinó autoritarismo, despotismo, clientelismo, paternalismo, catolicismo, represión y castigos infamantes, sin legislación que amparara a los trabajadores.
Los esclavistas eran “amos” que obraban en sus plantaciones con absoluta arbitrariedad e impunidad. Los gamonales estaban identificados con las haciendas y eran familias del poder tradicional, cultivadas en el conservadorismo, el clasismo y el racismo. El término tuvo amplio uso en Perú y también fue asimilado en Ecuador, dos países en los cuales el gamonalismo adquirió especial vigencia local ante las poblaciones indígenas, mayoritarias en la vida nacional (https://t.ly/q8gu1).
A inicios de la década de 1960 la venta de haciendas ecuatorianas todavía incluía el número de indios “conciertos” o “huasipungueros” que se añadían a la extensión territorial y a la cantidad del ganado ofrecido. Los gamonales ecuatorianos eran tratados como “amo-patrón”. Pero el sistema hacienda solo terminó con las reformas agrarias que arrancaron con la Revolución Mexicana de 1910 y se ejecutaron en Ecuador tan tarde como en 1964 y en Perú en 1968, por intermedio de dictaduras militares. En las plantaciones post-esclavistas y en las estancias el trabajo asalariado estuvo sujeto igualmente a los abusos de los “patrones”, aunque fue más fácil que pasaran a las relaciones salariales capitalistas.
La oligarquía no hace alusión a una clase social, aunque se aplica mejor a un conjunto de clases sociales. Sin embargo, hay que considerar que en la filosofía griega es la forma de gobierno de unas minorías que obran despóticamente y que representan lo opuesto a la democracia.
En América Latina el régimen oligárquico se constituyó, en general, desde mediados del siglo XIX y perduró hasta mediados del siguiente siglo. La oligarquía excluyó de la democracia a amplias capas de la población. A su vez el gamonalismo, conjugado con la oligarquía, consolidaron un “modelo de autoridad” que se extendió al Estado, de modo que los regímenes oligárquicos fueron autoritarios, despóticos, represivos, e incluso levantaron tiranías sanguinarias como la dinastía Somoza en Nicaragua, el dictador Alfredo Stroessner en Paraguay o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, y consideraron a la población como masa peligrosa, a la que había que someter, a fin de garantizar los intereses de las minorías en el poder. En Ecuador, además, se ha denominado como “época plutocrática” a la que rigió entre 1912 y 1925, cuando la oligarquía hegemonizada por banqueros privados, comerciantes y agroexportadores del cacao capturó el Estado.
El largo camino de la construcción de economías sociales y edificación de Estados regidos por las democracias liberales arrancó con la Revolución Mexicana; tuvo continuidad con la temprana Revolución Juliana de 1925 en Ecuador; fue consolidado por los gobiernos “populistas” de Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil; recuperado por la Revolución Boliviana de 1952; transformado por la Revolución Cubana de 1959.
Las políticas estatales desarrollistas e industrialistas iniciadas en la década de 1960 definieron el rumbo capitalista, de modo que las burguesías “modernas” pasaron a ser las clases concentradoras de la riqueza y del poder, ejerciendo su plena dominación social. Pero las burguesías latinoamericanas provinieron, en buena parte, de las antiguas oligarquías y plutocracias, no desarrollaron economías sociales y fueron resistentes a los derechos laborales, impidiendo la creación del bienestar colectivo. Pese a la modernidad, el ejercicio despótico de la administración empresarial ha merecido diversos estudios, que comprueban aplicarse especialmente en el sector agrario y minero. En Ecuador, pocos días atrás, la Corte Constitucional ordenó a una empresa abacalera que indemnice a los trabajadores sometidos por décadas a una “esclavitud moderna” (https://t.ly/obPVu); y existe, entre otras, una investigación de Human Right Watch sobre las pésimas condiciones laborales en las plantaciones bananeras (https://t.ly/BvkJV).
Con la implantación del “neoliberalismo” en América Latina durante las décadas finales del siglo XX y, sobre todo, tras las experiencias con los gobiernos progresistas del primer ciclo, las élites empresariales de la región han lanzado su propia lucha de clases para preservar su modelo económico. En el siglo XXI pasó a ser una garantía el establecimiento de gobiernos empresariales y de presidentes-empresarios; y en los años recientes despegó la ideología libertaria anarcocapitalista encaminada a la utopía de contar con gobiernos exclusivos de los propietarios privados del capital en economías de “libre mercado”, sin Estado. En ese camino, los derechos laborales, sociales y ambientales estorban, la redistribución de la riqueza es “injusta” y los impuestos un “robo”.
En Ecuador el proceso de reversión de la economía social se inició en 2017 y con la sucesión de tres gobiernos empresariales, sujetos a los condicionamientos del FMI, ha significado el renacer del ejercicio del poder por parte de una casta privilegiada, con la que se estableció una especie de segunda época plutocrática, con agroexportadores, comerciantes y banqueros a la cabeza, es decir, con una burguesía-oligárquica.
Y no es un fenómeno aislado: en una entrevista realizada en 2021, se preguntó a Laura Sancho, reconocida catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, ¿qué pensaría un ateniense de nuestras democracias actuales? a lo cual respondió: “Las vería más cercanas a oligarquías, tal vez, si es que se pudiesen aplicar los parámetros de aquella época a esta. Ellos no conocían el sistema representativo y, por tanto, lo que verían, seguramente, sería una casta política, unos políticos profesionales, que son los que gestionan. La idea de los griegos es que los ciudadanos son los que administran y toman las decisiones”. (https://t.ly/IXQ1N).
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