Por Luis Onofa

Apenas cruzado el umbral de 2025, la izquierda ecuatoriana enfrenta el reto de abatir en las urnas ocho años de neoliberalismo y de hegemonía de la derecha, cuya herencia es el estancamiento de la economía, deterioro de las condiciones de vida del pueblo, creciente espiral de violencia y acentuada dependencia estratégica de Estados Unidos.

El 9 de febrero se renovará la totalidad de la Asamblea Nacional y podría elegirse presidente de la República, si uno de los 16 candidatos alcanza al menos el 40 por ciento de los votos válidos y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Si ello no ocurre, los electores volverán a las urnas el 13 de abril siguiente para escoger entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

Las fuerzas progresistas concurrirán a la primera ronda alineadas en un arco de al menos cinco de 16 candidatos presidenciales que terciarán en la contienda electoral, luego que sus esfuerzos para formar una sola papeleta desembocaron apenas en un acuerdo de no agresión durante la campaña. De todas maneras, ese pacto mínimo deja abierta la posibilidad de unificar fuerzas para la segunda vuelta presidencial.

Para la Revolución Ciudadana, liderada por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) será el tercer intento por retornar al gobierno después de los dos fallidos esfuerzos de 2021 y 2023, en los que, no obstante, logró la primera mayoría en la Asamblea Nacional.
Los sondeos apuntan a que en febrero próximo se reeditará ese resultado para la legislatura, así como los finalistas para la presidencia: Luisa González, por la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, actual mandatario del país, por la derecha.

Los datos son elocuentes para fundamentar el pronóstico de que Ecuador evitará la consolidación de la derecha y el neoliberalismo para el período 2025-2029. En el nuevo año, la economía continuará estancada, después de haberse deprimido en 2024 a menos del 1.0 por ciento como consecuencia de la contracción del gasto y la inversión pública, no obstante el crecimiento de los ingresos fiscales a costa del aumento de las cargas tributarias a los contribuyentes. La herencia del dominio neoliberal de casi ocho años, asociada a las doctrinas del Fondo Monetario Internacional, es dura.

La espiral de violencia se refleja en una tasa de homicidios de al menos 40 por ciento por cada 100 mil habitantes en 2024, una de las más altas de América Latina. Este fenómeno se ha convertido en argumento para una creciente dependencia policial, militar y política de Estados Unidos, en nombre de la asistencia al combate al narcotráfico y por la seguridad ciudadana.

Pero más allá de los datos estadísticos están las consecuencias de la estrategia de “guerra” contra el narcotráfico adoptada por el presidente Daniel Noboa, en los 13 meses que lleva en el poder. Esa táctica, que incorporó a las Fuerzas Armadas al combate contra las bandas de narcotraficantes, deja al cerrar 2024 su episodio más dramático: la desaparición forzada y muerte de cuatro niños y adolescentes en Guayaquil en manos de una patrulla de la Fuerza Aérea, en diciembre pasado.

Junto con acentuar en el imaginario colectivo la convicción de que el país vive un estado de violencia e inseguridad, ese hecho ha confirmado los temores de especialistas del país y de fuera de él sobre violaciones a los derechos humanos, comunes a estrategias de esa índole.

La deteriorada coyuntura que vive Ecuador se completa también con otros datos sociales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, en junio de 2024, la pobreza a nivel nacional fue de 25,5 por ciento y la pobreza extrema de 10,6 por ciento, mientras el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, fue de 0,456.

Ello debería llevar a los votantes a buscar las opciones que postulan el cambio del modelo neoliberal por otro que al menos priorice la inversión pública y el gasto social para sacar al país de la crisis en la que ha caído.

Pero esa lógica es contrarrestada por una fuerte campaña de la derecha, que busca desprestigiar al progresismo e introducir en los electores la creencia de que esta opción terminará por destrozar la economía del país.

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