Luis Onofa

El 9 de febrero se elegirán a los miembros de la asamblea nacional y, según todos los pronósticos, se definirán quienes serán los dos finalistas de la disputa por la presidencia de la República, que se enfrentarán en las urnas en una segunda ronda, en abril siguiente.
En los dos más recientes procesos electorales, la izquierda mostró su fortaleza organizativa en la elección de asambleístas, campo en el que la Revolución Ciudadana obtuvo una mayoría en curules. Pero en la elección presidencial en segunda vuelta ganó la derecha, por estrecho margen.
La confrontación es de larga data, pero sus capítulos más recientes testimonian una hegemonía de diez años de la izquierda, como producto de un vasto proceso de acumulación de fuerzas populares, que se aceleró con el devastador golpe que la plutocracia bancaria le propinó al país con el feriado bancario de fines del siglo XX, al que el pueblo respondió con el triunfo de Rafael Correa en 2007.
A este acontecimiento siguió una lenta pero persistente recomposición y recuperación de la derecha oligárquica, que tras su desconcierto inicial frente a la victoria progresista fue recuperando terreno y retornó al gobierno gracias al viraje de Lenin Moreno, y ha terminado por afianzarse en el poder con Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
En los comicios de 2025, la derecha busca consolidarse, al menos por cuatro años más, con el propio Noboa a la cabeza, aunque en primera vuelta tiene a varios aspirantes, a la espera de unificar fuerzas para el balotaje. El ciclo actual tiene una novedad: a diferencia de los dos procesos electorales anteriores, cuando el conservadurismo carecía de un líder reconocido, ahora el mandatario se proyecta como su indiscutido caudillo.
Para buscar la victoria, el millonario mandatario ecuatoriano cuenta con sus propios recursos financieros provenientes de la Corporación Noboa, una de las más grandes del país (abarca a un centenar de empresas), y con el control de estratégicas instituciones del Estado, lo que le ha permitido ignorar el mandato constitucional de encargar el gobierno para entrar en campaña y, de esa manera, tener ventaja frente a sus contrincantes.
A ello se suma el respaldo del poder mediático, que le ayuda inoculando un discurso enajenador de conciencias, no solo en las capas medias, antaño progresistas o al menos reformistas, sino también en los estratos populares y marginales del país, pese a que el modelo neoliberal que aplica la derecha desde el gobierno castiga al pueblo de manera inclemente, en forma de desempleo y subempleo, inseguridad, deterioro de los servicios públicos, alza de tributos, crisis energética y aumento de la brecha entre pobres y ricos.
Los medios hegemónicos aportan a la causa de Noboa con relatos que desprestigian a los líderes de izquierda y a su ideología y sus programas, generan temor y atizan el odio en los votantes, de manera especial contra el ex presidente Correa.
El capital de la izquierda es la fuerte y amplia organización de bases de la Revolución Ciudadana, cuya candidata, Luisa González, apunta disputar la segunda vuelta con Noboa. En línea de contar con estructura organizativa fuerte se destaca también la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuyo líder Leonidas Iza es el candidato de Pachakutik, brazo político de la organización indígena.
La participación de las fuerzas de izquierda y de centro izquierda en Ecuador en las contiendas electorales ha estado caracterizada por dramáticos episodios de desencuentros para la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, en esta ocasión, un amplio espectro de ellas (no todas) han suscrito un pacto de no agresión durante la primera vuelta, lo que abre condiciones para la formación de un frente común para el balotaje. Esa táctica podría ser una carta clave para buscar la victoria en abril próximo.
La derecha cuenta, además, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Por ahora, esa sede diplomática permanece en la sombra, a diferencia de jornadas electorales pasadas, en las que intervino de manera pública y sin tapujos en favor de aquella tendencia, inclusive violando principios de no injerencia en los asuntos internos del país, sin que alguna autoridad del gobierno o del estado le hubiese salido al paso.
En su Integrated Strategy Country de 2022 y de 2024 esa embajada ha expresado de manera abierta que uno de sus objetivos es lograr que la “autocracia” “nunca” retorne al gobierno de Ecuador. “Si no se logra este objetivo (la consolidación de gobiernos afines a sus intereses) se corre el riesgo de retroceder hacia el autoritarismo”, ha advertido.
La embajada no ha identificado de manera explícita a los políticos ecuatorianos autócratas y autoritarios, pero es claro que para Washington son el ex presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, los cuales durante su mandato no renovaron el acuerdo que permitía la permanencia de tropas estadounidenses en el puerto de Manta, desde donde monitoreaban no solo el narcotráfico y la inmigración, sino también los movimientos de la insurgencia colombiana.
Por lo pronto, el Departamento de Estado ha declarado “inelegibles” para obtener visa de ingreso a Estados Unidos a Correa y a su ex vicepresidente, Jorge Glass, así como a las familias directas de ambos. El objetivo de esa medida es deteriorar el perfil de esos ex gobernantes en el imaginario popular de cara a las elecciones.
De esa manera, la embajada ha hecho su trabajo anticipadamente, pero permanece a la expectativa de la evolución de los acontecimientos para jugar nuevas cartas.
Washington tiene intereses estratégicos en las elecciones en Ecuador, mismos que se acentúan con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente Noboa, que ha magnificado su asistencia a la toma de posesión del magnate, mantiene en camino una consulta popular para permitir la instalación de bases extranjeras en territorio de este país sudamericano, aunque tropas estadounidenses ya están instaladas en las islas Galápagos, punto estratégico vital para el Pentágono en caso de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca optara por ocupar el Canal de Panamá por la fuerza.
En el proceso electoral ecuatoriano de 2025 se juegan también los cuantiosos intereses de los acreedores financieros internacionales (alrededor de 80 mil millones de dólares), cuyo pago está avalado por ahora por el Fondo Monetario Internacional, supervisor inflexible del cumplimiento del ajuste fiscal propio del modelo neoliberal que la derecha aplica en el país desde hace ocho años.
Se juega también una cuota (la de Ecuador) para la consolidación del arco de países gobernados por la derecha latinoamericana que se alinean con Estados Unidos, en el propósito de esta potencia de mantener su declinante hegemonía mundial.
rmh/lo