Por Luis Onofa

El proceso electoral ecuatoriano de 2025 arroja un primer saldo significativo para las fuerzas progresistas aún antes de la segunda vuelta por la presidencia del país, el próximo 13 de abril: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y más de medio centenar de organizaciones populares mantienen una posición estratégica en la izquierda y siguen afianzando una unidad que, además, se proyecta más allá de las elecciones, pese a los constantes intentos de la derecha por dividirlos, y a sus propias dificultades internas.

Este es un hecho de alto valor electoral silenciado u objeto de interpretaciones tendenciosas de la propia derecha y los medios hegemónicos, empeñados en una campaña de desinformación y de maniobras distractoras de los votantes con vista a los comicios de abril, en los cuales los votos de esas agrupaciones serán decisivos, dado el empate técnico que dejó la primera vuelta entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, de la centro izquierdista Revolución Ciudadana. En el pasado, la CONAIE confrontó con esta organización política y en alguna ocasión respaldó de manera pública a la derecha o llamó a sus militantes a anular el voto.

En sucesivas reuniones tras la primera vuelta de febrero pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la más grande de su género en Ecuador, aunque no la única, y alrededor de 70 agrupaciones urbanas definieron un conjunto de propuestas que contienen el perfil de un programa de gobierno crítico de las políticas neoliberales vigentes en el país desde hace ocho años, así como una posición frente a la segunda vuelta por la presidencia de la República.

En esas demandas, en esencia, plantean recuperar la fortaleza del Estado en la dirección económica y social del país, perdida en el ciclo neoliberal, y frenar el proceso de privatización de los sectores estratégicos de la economía (hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, seguridad social).

Además, cuestionan el modelo económico vigente en la medida en que proponen reducir las cargas tributarias que Noboa ha impuesto sobre los contribuyentes, en aplicación de la doctrina del Fondo Monetario Internacional, y plantean auditar la política de endeudamiento externo, cuyo monto se ha duplicado en el período neoliberal, sin que su uso haya generado desarrollo y equidad en el país.

Igualmente buscan desmontar la estrategia de seguridad adoptada por Noboa, que se sustenta únicamente en el uso de la fuerza y en la asistencia estadounidense, sin que ella haya frenado las crecientes masacres que a diario protagoniza el narcotráfico y, por lo contrario, ha generado violaciones a los derechos humanos.

Las resoluciones de la CONAIE y de los movimientos sociales finalmente proponen evitar los intentos de sectores de la derecha de desmontar la actual constitución garantista de derechos ciudadanos y de la naturaleza, aprobada por referendo en 2007, cuando gobernaban fuerzas progresistas lideradas por el entonces presidente Rafael Correa.

Esas organizaciones descartaron respaldar a Noboa en la contienda de abril, pero no se pronunciaron de manera colectiva por la otra finalista, Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC). Sin embargo, algunos de sus líderes, de manera individual, han cuestionado la tesis de anular el voto, que fue una alternativa por la que optaron en pasadas elecciones, ante la disyuntiva de escoger entre un candidato de derecha y otro de centroizquierda.

Tanto Leonidas Iza, máximo dirigente de la CONAIE, como otros líderes de los movimientos sociales, coinciden en que este no es el momento para recurrir al voto nulo y menos para apoyar a Noboa, en quien encuentran el riesgo de la consolidación del neofacismo en el país.

Estos pronunciamientos, a primera vista ambiguos, reflejan antiguos desacuerdos, todavía irresueltos, entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana respecto al desarrollo de la minería a gran escala. El movimiento indígena se opone a esa modalidad con el argumento de que ella contamina las aguas y destroza la naturaleza.

Esa ha sido una de sus banderas de lucha no solo frente a la RC sino frente cualquier otro gobierno. La RC, en cambio, lo considera una opción ineludible, y sostiene que sus recursos deben servir para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo del país.

La posición de la CONAIE respecto a los finalistas en las elecciones de abril próximo evidencia también un esfuerzo de sus dirigentes por evitar que se profundicen discrepancias internas originadas en su propia composición social y económica. Los pueblos campesinos andinos y del litoral, que han sentido históricamente con más fuerza los golpes de la explotación del capital, mantienen una clara posición antineoliberal. No ocurre lo propio con los de la amazonía, en cuyas posiciones políticas gravitan con fuerza las ofertas de las compañías petroleras y mineras y, ahora, las del propio gobierno de Daniel Noboa.

Ese mismo antecedente explicaría la cautela de la organización indígena frente a la opción de la Revolución Ciudadana, con la que, sin embargo, tiene coincidencias programáticas en otros campos, lo que ha posibilitado la apertura de líneas de comunicación y diálogo entre ambas organizaciones políticas y otros movimientos sociales progresistas.

El foro indígena y de movimientos sociales, con su estrategia de reuniones periódicas y consulta permanente a sus bases, sumado al de la RC y las de otras organizaciones de izquierda y de pueblos autóctonos de menor magnitud, ejerce un papel de contrapeso frente a la derecha y el propio Noboa, que cuentan con una enorme cantidad de recursos financieros, inclusive del estado, para desarrollar tácticas de desinformación y distracción del electorado en la actual campaña electoral para la segunda vuelta, que no la esperaban, dado que calculaban ganar con holgura en la primera.

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