Por Luis Onofa
Ecuador va al balotaje por la presidencia del país el próximo 13 de abril en medio de una profunda crisis económica, social, política, e inclusive cultural, provocadas por ocho años de un asfixiante neoliberalismo.
En esa contienda terciaran Luisa González, de una coalición de centro izquierda liderada por la Revolución Ciudadana, y el actual mandatario derechista Daniel Noboa.
Los datos y hechos que testimonian esa crisis son dramáticos. La economía ha permanecido estancada a lo largo de ese ciclo y en 2024 decreció 0.7 por ciento. De persistir el modelo, su recuperación será escasa en 2025. La producción petrolera del país, motor de las finanzas públicas, continuó cayendo. Más del 60 por ciento de la población en edad de trabajar se encuentra en el desempleo. No obstante el aumento de la carga tributaria que sufrió la población en 2024, los servicios de salud y educación continuaron deteriorándose. El año pasado, el país sufrió los más prolongados y agudos apagones de electricidad que haya conocido en su historia.
Semejante panorama ha estimulado la emigración. Cerca de medio millón de ecuatorianos abandonaron el país entre 2017, año del comienzo del ciclo neoliberal, y julio de 2024. En los años 2023 y 2024, más de 32 mil ecuatorianos fueron expulsados de Estados Unidos. Cerca de 90 mil habían sido detenidos en la frontera con México en 2024. Alrededor de 30 mil estaban en la lista de deportables. Sin embargo, 1,2 millones de ecuatorianos aún pensaban en emigrar, y 500 mil de ellos insistían en el sueño americano, según la Organización Internacional para las Migraciones en 2024.
Pero el mayor testigo de cargo contra los gobiernos neoliberales que se han sucedido en el país son las masacres y asesinatos que a diario ocurren en las zonas urbanas más empobrecidas, en las que el narcotráfico ha echado raíces. Ecuador es el país más violento de América Latina con 38 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2024 y la tendencia se agudiza en lo que va de 2025, después que la administración Rafael Correa dejara el país con una de las tasas más bajas de la región. Ahora Ecuador ha cambiado su semblante: es un país presa del miedo, después que en los años de gobierno de la Revolución Ciudadana viera reforzada inclusive su identidad cultural.
Semejante escenario debería haber llevado a los electores ecuatorianos a desechar hace rato en las urnas al gobierno de la derecha y su modelo neoliberal. Pero sus discursos y los relatos de los medios hegemónicos ha logrado trastrocar el imaginario de algunas capas de la población, particularmente medias urbanas, pero también populares, sin un sólido pensamiento político crítico, para endosar a Correa y a su movimiento político la responsabilidad de todos los males del país, no obstante que éstos han sido causados por el neoliberalismo. Fantasmas como la desdolarización, en caso de que ganaren las elecciones las fuerzas progresistas, aparecen en los momentos determinantes del destino político del país.
En esa estrategia, la derecha y sus gobiernos han contado con el apoyo de la propia justicia y los órganos estatales de control y de dirección electoral, que modulan sus actuaciones, sus fallos y sus silencios, adecuándolos a momentos de definiciones políticas en los que pueden golpear a las fuerzas progresistas.
El caso más patético fue la confabulación implícita de todos ellos, cuando endosaron de manera pública a la Revolución Ciudadana la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esa acusación, cuyo contenido temerario no ha sido probado hasta ahora por la justicia y, al contrario, comienza a ser desvirtuada por la viuda de la víctima, viró el resultado de las elecciones de 2023, que iba a ganarlas con holgura Luisa González y dieron paso al triunfo de Daniel Noboa, quien ni siquiera figuraba en lugar secundario en las preferencias de los electores.
Un dirigente indígena habló de desigualdad en la campaña electoral para la primera vuelta del pasado 9 de febrero. Aludía a la coalición de la derecha, el gobierno y los medios para desprestigiar a su candidato, Leónidas Iza, quien además, es víctima permanente de una campaña de descalificación de su pensamiento político por su base ideológica de izquierda.
Pero esa desigualdad va más allá. La actual campaña electoral está marcada por el abierto uso del poder estatal por el presidente-candidato Daniel Noboa para su proselitismo político. El gobernante ha ignorado normas constitucionales y el Código de la Democracia que le obligaban a pedir licencia para su proselitismo y tanto el Consejo Nacional Electoral, como los órganos de control del uso de recursos públicos y la Fiscalía General del Estado han ignorado ese hecho, mientras la Corte Constitucional ha optado por un pronunciamiento ambiguo sobre ese episodio.
Dos hechos protagonizados por los candidatos presidenciales finalistas en plena campaña electoral, mostraron la identidad ideológica y política de cada uno de ellos. Mientras Luisa González sellaba un acuerdo con Pachakutik, expresión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la más grande organización de pueblos autóctonos del país, Daniel Noboa, iba a Washington a un encuentro no oficial con Donald Trump, de cuyo contenido nada se sabe, pero con fines abiertamente proselitistas.
El encuentro de Noboa con Trump, en plena campaña electoral, es un peldaño más en el proceso de entrega del país a los intereses geoestratégicos de Washington, que ha sido el denominador común de los tres gobiernos neoliberales que sucedieron al progresismo en 2017. En los ocho años que Ecuador lleva sujeto a la egida de ese modelo, el territorio del país y su espacio aéreo y marítimo han vuelto a ser vigilados y controlados por Estados Unidos.
Además, como la asistencia estadounidense incluye negocios, encima de intereses geoestratégicos, acaba de conocerse que Ecuador comprará fusiles a la industria armamentística del Pentágono, por más de 60 millones de dólares.
¿Aparte de su empeño en establecer vínculos estrechos con Estados Unidos, quién es el joven mandatario ecuatoriano actual? Noboa es uno de los herederos de un emporio formado en torno a la exportación y cultivo de banano, que acumula activos por cerca de mil 400 millones de dólares, en 156 empresas, localizadas en Ecuador y en el extranjero y alcanzan no solo la exportación de la fruta sino su cultivo, transporte naviero, aviación y otras actividades complementarios de la bananera, como la fabricación de cartón, textil, plástica, fertilizantes, inclusive la industria molinera y los seguros, y con nexos directos con transnacionales estadounidenses como PepsiCo, de la cual tiene licencia para producir y comercializar productos alimenticios derivados de la avena.
La defensa y expansión de ese entramado de negocios podría contribuir a explicar las razones por las cuales la familia Noboa ha buscado acceder al poder estatal de manera directa desde hace varios lustros. El padre del actual mandatario ecuatoriano, Álvaro, se candidateó varias veces a la presidencia del país y con el despliegue de su fortuna llegó en tres ocasiones a disputar el balotaje.
La corporación registra un dilatado historial de litigios tributarios con el estado ecuatoriano. El gobierno de Correa le incautó un latifundio bananero por millonarios tributos impagos. Hoy por hoy, tiene pendiente el pago de 90 millones de dólares en tributos, que Noboa dijo que no la pagará, al responder a una pregunta que le hizo su contendora Luisa González, de la Revolución Ciudadana, durante el debate presidencial que precedió al comienzo de la campaña para los comicios de abril.
En ese escenario, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, constituirán una confrontación entre un poder oligárquico y una opción progresista. En ella se definirá si el país continúa por un periodo más (2025-2029) bajo el modelo neoliberal o retoma el sendero de prosperida que tuvo hasta hace ocho años.
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