Por Luis Ernesto Guerra

Está claro que todo el proceso electoral en el Ecuador fue fraudulento mediante alianza entre el gobierno de Noboa y el Consejo Nacional Electoral.

Está claro que en la segunda vuelta se pusieron en marcha varios mecanismos de fraude electoral que se evidencian en personas de la tercera edad que aparecen votando sin haberlo hecho, en actas sin firmas, en actas con más votos que votantes y más.

Pero hay un mecanismo mencionado en el informe preliminar de observación de la OEA que merece un destaque especial: “la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño”.

Se trata de la manipulación física del voto a través de un mecanismo de transferencia de tinta que habría afectado a Luisa González en favor de Daniel Noboa.

La ejecución de este fraude se basa en el diseño de la papeleta, el tipo de tinta utilizada y el control sobre los materiales electorales.

En este sentido hay que destacar que, durante la segunda vuelta electoral, Noboa (presidente en funciones), participó como candidato sin pedir licencia, manteniendo control de las FF. AA y el CNE. Incluso, dos días antes de la segunda vuelta decretó estado de excepción, ampliando sus poderes y reduciendo garantías ciudadanas. Por lo tanto, eliminando cualquier posibilidad de control ciudadano del material utilizado y fiscalización.

Todo el proceso se llevó a cabo bajo la exclusiva supervisión de las FFAA y el CNE, lo que concentró el control logístico y redujo cualquier tipo de fiscalización independiente. Además, se prohibió fotografiar el voto para que no se documenten las irregularidades en las papeletas.

Por lo tanto, estamos ante un gran fraude con diferentes mecanismos, que pueden repetirse en el supuesto plebiscito para una Constituyente. En fin, lo que se puede observar y mirar en el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA. (pg. 13, del informe preliminar. Tomado del muro de la Red X de Kintto Lucas, escritor e intelectual).

Un manto de opacidad, salpicado de presunciones de mega fraude electoral recorre a un Ecuador caracterizado por la polarización, el odio, una tenaz dosis de intolerancia a la otredad sociocultural, política y de las diversidades genéricas, gracias a una narrativa de estructuras massmediáticas y comunicacionales atrapadas por el atrincherado presidente, que desnuda algunas irregularidades y violaciones de la Constitución, el Código de la Democracia, marco legal y normativo, ocurrido en una arena política electoral durante la primera y segunda vuelta, con una total permisividad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejó de ser un árbitro electoral, inobservó la falta de licencia para hacer campaña del candidato-presidente.

Concomitante, de un Tribunal Contencioso Electoral (TCE), convertido en el juez para extirpar a posibles adversarios del envallado candidato-presidente, Daniel Noboa Azín, que ha utilizado bienes del Estado y dinero público para repartir dádivas y siete bonos que suman 560 millones de dólares estadounidenses. Es decir, una arena política electoral completamente inclinada en beneficio del autócrata y déspota candidato, que jamás respetó las normas establecidas por la Constitución, marco normativo y legal.

Mientras tanto, en la región Nuestramericana, el dólar Swift, al parecer evidencia a un orden unilateral en franca crisis sistémica y estructural con una guerra económica a la que subyace una subjetividad de ataque a China y los BRICS, que se han configurado como el nuevo orden mundial multicéntrico y multipolar, sin esa moneda de bloqueo, sanciones, medidas coercitivas unilaterales y órdenes ejecutivas, que han afectado a la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela al no subordinarse al decadente orden estadounidense.

El asedio e injerencia del supremacista presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su guerra económica, desnuda la subversión política e ideológica, de un orden unilateral que ha perdido su hegemonía, que pretende cargarla en las espaldas de los pueblos de la aldea global y en menor proporción a los pueblos nuestroamericanos, a los que considera como su patio trasero, y que tiene en la mira sus recursos naturales y energéticos.

Mediante el refuncionalizado Destino Manifiesto y Doctrina Monroe 2.0. imprime con autoritarismo su presencia en la región Nuestroamericana, considerando que existe un sinnúmero de regímenes de liberalismo libertario y autoritario, con negación del estado de bienestar y concentración de la riqueza en pocas manos de corporaciones y cofradías de tinte neocolonialista, que reviven el neofascismo y profundizan la lucha de clases, así como el empobrecimiento de millones de seres humanos, mediante regímenes de corte represiva y autoritaria y que ven en el pueblo al enemigo interno a reprimir , cometer desapariciones forzadas y juzgamientos extrajudiciales, con terribles violaciones de derechos humanos.

En el Ecuador, el proceso electoral de primera y segunda vueltas, tiene algunos matices trizados de irregularidades que los podemos enunciar y mencionar en:

El proceso preelectoral:

Desde la táctica y estrategia en el ajedrez preelectoral tiene mucha relevancia, ya que significó decantar, depurar el camino de posibles amenazas y riesgos políticos electorales casos específicos de : José Serrano Salgado, y Jan Tomislav Topic, respectivamente, por el denominado Juez Electoral, Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que neutralizó a estos posibles adversarios políticos y a la vicepresidenta constitucional sancionándola con la pérdida de sus derechos políticos y pecuniarios de algunos salarios mínimos vitales (SMV).

Campaña de promoción política electoral con uso y abuso de la institucionalidad, bienes y recursos económicos del Estado ecuatoriano, reparto de dádivas y clientelismo político, mediante siete bonos en un monto de USD$ 560 millones de dólares.

No haber pedido licencia al órgano correspondiente como es la Asamblea Nacional del Ecuador.

Violación de la Constitución, Código Orgánico de la Democracia y demás normas legales.

El proceso electoral:

Excesivo uso del estado de excepción a pocas horas de realizarse el ejercicio electoral, que significó la fuerte presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía, fuertemente armados, uso de pasamontañas, exhibiendo armamento de grueso calibre, con vestigios de intimidación a la ciudadanía.

Prohibición del uso del celular, sancionado con multa si se hacía registro fotográfico del voto.

Cambio de recintos de votación en territorios electorales muy favorables a la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, bajo el pretexto de una fuerte temporada invernal, cuando en esos territorios y circunscripciones geográficas no llovió.

Se rompió con la narrativa y mito de que los adultos mayores acudieron a votar.

Al parecer existen abundantes inconsistencias e irregularidades cometidas durante el proceso de elecciones. Militares contando y transportando las urnas, actas, sin la firma del presidente y secretario de la correspondiente Junta Electoral, que consta en los informes preliminares de las Misiones de Observación Internacional entre ellas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que presenta algunos hallazgos de irregularidad.

Entre uno de ellos no haber pedido permiso y licencia el presidente-candidato para realizar campaña electoral, concomitante los fuertes dispositivos militares.

Ecuador el pasado 13 de abril, realizó comicios presidenciales, de segunda vuelta, en el que existe la presunción del cometimiento de un megafraude, denunciado por la presidenciable Luisa González; existen cifras y datos numéricos que no cuadran y tampoco guardan coherencia y armonía con el análisis estadístico y numérico o matemático, mientras algunos analistas políticos se pierden en la conjetura y el análisis descontextualizado de manera in-situ de la objetividad analítica matemática, que no es lo mismo a la lectura socio antropológica electoral territorial, la que no evidencia la presunta manipulación del padrón electoral, la migración de los votos blancos y el milagro de que los adultos mayores acudieron a sufragar, generando un incomprensible resultado jamás previsto desde las encuestas electorales, tracking polls y exipoles.

Ese milagro estadístico y numérico no concuerda o se coteja con el ausentismo electoral.

Algunos analistas y expertos en datos presumen que el kit medular reside en el padrón electoral, el ausentismo y los votos blancos que migraron al territorio electoral favorable al candidato-presidente.

El clima post-electoral:

Es por ese motivo que la candidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana, hizo bien en no reconocer los resultados electorales, y difundir la presunción de fraude.

El megrafraude desnuda inconsistencias en mil 857 actas, que no tienen la correspondiente firma de presidente/a y secretario/a de la Junta Electoral, entre otras.

Entonces si tienen validez las declaraciones de Luisa González de que, por cierto, en el clima pos-electoral, han aflorado los ataques de las ultraderechas en el entorno del presidente-candidato, en donde los militares, han activado una enorme cortina de humo para desviar el problema concreto del mega fraude, que pretenden contaminarlo de una falsa narrativa de un presunto complot terrorista orquestado desde territorio mexicano, en contra del presidente-candidato, su gabinete ministerial, desmentido inmediatamente por la Cancillería Mexicana y Presidenta constitucional de la República de Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum.

El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como “deplorable” que estructuras criminales, “en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror”, sin mencionar a la Revolución Ciudadana, cuya candidata anunció la presentación de pruebas del supuesto “fraude” electoral que insistió en denunciar.

México responde respecto al presunto atentado contra presidente Daniel Noboa Azín.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó “tajantemente” la vinculación con “supuestos actos delictivos” en Ecuador contra el presidente Noboa y su Gabinete.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”, dijo la Cancillería mexicana.

Similarmente, manifestó que México rompió relaciones con Ecuador tras el asalto violento a su embajada en Quito que realizó la Policía para detener al ex vicepresidente de la Revolución Ciudadana Jorge Glas Espinel el 5 de abril de 2024, “en grave y flagrante violación al derecho internacional”.

“Al margen de ello, nuestro país se guía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención”, remarcó la Cancillería mexicana.
El excandidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, Diego Borja Cornejo, en declaraciones realizadas a medios de prensa, manifestó que iniciará acciones legales por “supuesta” persecución y aseguró que sí existe una lista con al menos 100 nombres con alerta migratoria y que esto preocupa a su organización política.

A propósito, han quitado la visa al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por levantar la voz frente a la guerra comercial y el asedio recurrente en contra de Nuestramérica.

Debemos recordar que Colombia, la amada hija del General Simón Bolívar, tiene la Secretaría Pro-témpore de la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que no se subordina al colapsado orden unilateral estadounidense.

En su Red de X la presidenciable de la Revolución Ciudadana, Luisa González, refirió que: Periodistas, intelectuales, artistas, académicos y políticos de oposición, todos están en la lista de persecuciones desde un gobierno que no sabe gobernar y buscará CORTINAS DE HUMO para tapar su pésima gestión económica y social.

Añadió que: “Ante mi denuncia de megafraude y su desesperación por callarnos, se viene más persecución, tenemos pruebas como lo es el mismo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Empezaron con una lista negra enviada a Migración, retuvieron a uno de los consultores de mi campaña, Daniel Ivoskus, quisieron quitarle su teléfono y computadora, tuvieron que intervenir los observadores internacionales”.

En efecto en las redes sociales como parte de la agenda de persecución política selectiva ha circulado un listado de más de un centenar de personas consideradas objetivo político del régimen, que con seguridad pretende radicalizar la persecución política y poner en práctica la teoría del denominado enemigo interno, a fin de reprimir y violar derechos humanos.

Ergo, ya se anuncia una Constituyente de plenos poderes para desmontar la Constitución de Montecristi, garantista del ejercicio de un Estado de derechos, laico, de justicia social, plurinacional e intercultural, soberano, fundamentalmente de los derechos por primera vez de la naturaleza.

Constituyente que no resolverá los problemas estructurales de inseguridad, desempleo, caída del presupuesto en Salud, Educación, infraestructura social, de producción, de la seguridad social, de los sectores energéticos estratégicos.

¿Para qué una Nueva Constitución?

Los regímenes autoritarios en Nuestramérica pretenden posicionar su legitimidad y cuando les molesta el control constitucional, acuden a todas las formas para destruir una Carta Magna contraria a sus intereses particulares, corporativos y oligárquicos.

Vía enmienda y reforma se puede cambiar, determinado articulado, de la Constitución, sin afectar su estructura.

Les estorba una Constitución porque su gran objetivo es restringir derechos, cometer regresión de los mismos.

El caso concreto de los cuatro niños de las Malvinas, desnuda una terrible violación de derechos humanos, que se traduce en el cometimiento de delito de lesa humanidad, y la ejecución extrajudicial, al parecer cometida por agentes militares del Estado, se pretende dejar en la impunidad, restringir derechos laborales, y retornar a la tercerización, al pago por horas.

El fin y objetivo medular es destruir una arquitectura estructural de derechos y conquistas históricas, derechos de los pueblos y nacionalidades, derechos de la naturaleza, derechos fundamentales y humanos.

Es decir que la denuncia del Bloque de Seguridad, se convierte en un poderoso distractor sustantivo.

Es evidente una crisis institucional, por el irrespeto a la Constitución de Montecristi.

Se pretende imponer una agenda de derechos regresivos.

Se pretende volver a la Constitución neoliberal del 98, que fue de un Estado de derecho, que permitió la implementación del denominado feriado bancario en el año 2000, el que provocó una migración de más de tres millones de ecuatorianos/as.

Por lo tanto, el azote letal es al Estado de derecho para extirpar las prerrogativas constitucionales, derecho a la salud, a la seguridad social, derechos de la naturaleza, a la educación y salud gratuitas y de calidad, derecho a la seguridad, derecho a una vida digna.

El autoritarismo y narco capitalismo digital ha penetrado la institucionalidad del Ecuador y ha sido utilizado como plataforma de campaña, con el abusivo uso de recursos públicos, que desde ya configura el cometimiento de algunos delitos, los cuales deberían estar bajo la mirada de la Contraloría General del Estado, del CNE, la Fiscalía General del Estado, que están subordinadas al poder corporativo y familiar del autoritario presidente- candidato, Daniel Noboa Azín.

Las declaraciones de la OEA se pueden encontrar en las pp.9 a 13 (Informe de Misión de Observación Electoral. Elecciones Ecuador 2025).

La Revolución Ciudadana, de conformidad al Código de la Democracia, formalizó y presentó oficio de inconsistencias en mil 857 actas de escrutinio y detiene la proclamación de resultados del balotaje del 13 de abril.

La comunidad internacional observa al Ecuador, frente a este escenario de resultados del balotaje que tiene un manto de incertidumbres e ilegitimidad.

El Pleno del CNE conoció los resultados de la Junta Especial del Exterior, en los que se ratifica que Daniel Noboa ganó la Presidencia con el 55,63 por ciento de los votos.

Al parecer se pretende invisibilizar un derecho contemplado en el Código Orgánico de la Democracia.

Por ahora la revisión está en la arena del Consejo Nacional Electoral (CNE); mientras tanto, no se podrá proclamar resultados definitivos hasta tanto se resuelva y subsane las inconsistencias electorales, cuyas denuncias están amparadas en el marco legal.

rmh/leg