Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En América Latina se ha producido una exitosa apropiación del concepto “libertad” por parte de las derechas políticas y económicas. Con distintas variaciones como “libre mercado”, “libre empresa”, “economía libre” e incluso, muy recientemente, tras la ideología “libertaria” y al mismo tiempo “anarcocapitalista”, lo que se pretende sostener es que una economía basada en el mercado y la empresa privada es la expresión genuina de la libertad humana, en general. Con ese redondeo, sus seguidores e ideólogos juzgan al progresismo latinoamericano, al marxismo y a cualquier postulado de izquierda o socialista, como teorías contrarias a la “libertad”.
Pero la apropiación conceptual no es más que un recurso ideológico, ya que en nada se ajusta a las realidades históricas de la región. Aunque el término libertad es anterior al capitalismo, adquirió la connotación contemporánea asociada al mercado y la empresa, bajo las condiciones creadas por la primera revolución industrial. Tuvo su mayor expresión en los pensadores ilustrados del siglo XVIII y se consolidó con las revoluciones burguesas entre las que sobresalió la de Francia, en 1789.
El mismo pensamiento ilustrado se difundió en América Latina y permitió formulaciones propias, como la asociación entre libertad e independencia anticolonial, que movilizó los procesos independentistas latinoamericanos a inicios del siglo XIX. Sin embargo, durante la época republicana y de edificación de los Estados nacionales, la “libertad” y sus connotaciones (libre mercado, etc.) tuvieron desarrollos contradictorios y hasta conflictivos. Liberales y radicales del siglo XIX asumieron representarlos auténticamente; pero expresaron, inevitablemente, a sectores modernizantes y a burguesías emergentes, que confrontaban contra el dominio terrateniente y las oligarquías agrarias y regionales. Se referían más al campo político y legal, a fin de consagrar los derechos individuales y las instituciones civiles, que finalmente se incorporaron en las Constituciones liberales desde mediados del siglo XIX. En lo económico, hablar de mercado libre o libre empresa no tuvo la fuerza que hoy tiene, aunque se asociaban a la teórica visión de los derechos individuales y de propiedad, además de orientarse, ante todo, a las relaciones de comercio internacionales.
No por ello la situación social cambió, pues si bien fue abolida la esclavitud, el sometimiento campesino, indígena y de los trabajadores a formas serviles y otras relaciones precapitalistas propias de los regímenes oligárquicos de la época, se mantuvo largo tiempo y en buena parte de los países hasta por lo menos mediados del siglo XX. La “libertad” no llegó. Por eso los desarrollismos de las décadas de 1960 y 1970 son los que realmente modernizaron a las sociedades latinoamericanas en su conjunto y afirmaron definitivamente las relaciones capitalistas, lo cual tampoco significa que la “libertad” se haya afianzado en la región que, de todos modos, pasó a ser la más inequitativa del mundo.
A partir de la Revolución Mexicana (1910) y particularmente de su Constitución de 1917, la libertad adquirió un carácter social de liberación: contra la pobreza, la explotación, el subdesarrollo. Con ese impulso, el desarrollo de las izquierdas latinoamericanas durante el siglo XX afirmó la lucha por la libertad como superación del capitalismo en su condición de sistema opresor del ser humano. Al mismo tiempo fue esclareciéndose que la libertad tiene dos concepciones distintas y en disputa para el tiempo presente. De un lado, la libertad y sus variantes económicas, tal como provienen de la ideología neoliberal y de la libertaria, se refieren al dominio empresarial privado, cuestionan al Estado y alientan la flexibilidad laboral, que implica recortar los derechos laborales históricamente alcanzados.
Incluso, desde la perspectiva libertaria anarcocapitalista, el Estado, como órgano opresor y “ladrón” de recursos privados a través de impuestos, debe desaparecer. Desde estas filas parece olvidarse que en la historia latinoamericana no ha existido mercado “libre” y que, además, la empresa “libre” no ha generado bienestar social y ha acudido al Estado tantas veces cuantas ha sido necesario para obtener subsidios, descuentos, reordenamiento o alivio de deudas, supresión de impuestos, etc. El “corralito” en Argentina (2001) y el “feriado bancario” en Ecuador (1999) salvaron a banqueros corruptos, a costa de la sociedad y de los recursos estatales.
De otro lado, la “libertad” planteada desde las izquierdas no se agota en la liberación social, porque se comprende que, librada la sociedad de la dominación capitalista, el individuo puede ejercer, como no ocurrió antes, su plena libertad. Está claro, desde estas filas, que la libertad individual no debe ser confundida con la libertad de mercado o de empresa. Estas “libertades” económicas son las que tienen que sujetarse a las regulaciones del Estado y, ante todo, de la sociedad, para garantizar la efectiva libertad individual y no solo de las élites minoritarias del poder, que acumulan riqueza aprovechando del trabajo socialmente generado.
En última instancia, lo que desde esta otra óptica se plantea para un futuro diferente es no solo cuestionar el poder del Estado como órgano opresor, sino el poder del capital. Si se sigue a los libertarios anarcocapitalistas, al desaparecer el Estado solo queda la actividad privada que, en definitiva, se materializa en los “emprendimientos”, cuyo exponente central son las empresas que emplean trabajadores bajo una supuesta relación “libre” y voluntaria entre partes iguales. Si se sigue a las izquierdas latinoamericanas, es, finalmente, la abolición del poder opresor del capital el que asegurará la verdadera libertad del ser humano.
En esta contraposición de ideales, lo que en la vida efectiva sucede en la América Latina del presente es la contraposición entre dos “modelos” de economía: uno afincado en la libertad del mercado y la acción exclusiva de la empresa privada y otro que se construye con dificultades, entre avances y retrocesos, para lograr una economía de tipo social, en la cual el Estado cuente con fuertes ingresos, redistribuya la riqueza, imponga regulaciones y normas al sector privado, proteja los derechos laborales, sociales y ambientales, y multiplique la atención prioritaria en bienes y, sobre todo, servicios (educación, salud, medicina, vivienda), para el bienestar de la población y su libertad social e individual frente al poder del capital.
Este contraste de caminos tiene experiencias históricas demostrables bien sea con los gobernantes neoliberales y empresariales o bien con los gobiernos progresistas. En la actualidad, México está a la vanguardia en la edificación de una sociedad con economía social; mientras en Argentina se afectan seriamente las condiciones de vida y trabajo de la población y en Ecuador la sucesión de tres gobiernos empresariales desde 2017 ha institucionalizado la segunda época plutocrática en la historia del país, en la cual reviven viejas condiciones del subdesarrollo y dominio oligárquico, en medio de una inseguridad ciudadana inédita.
América Latina sigue en disputa por la libertad: del individuo y la sociedad, en un extremo, o del mercado y las empresas, en el otro.
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