Por Luis Onofa

Ecuador vive una paradoja: atraviesa por una aguda crisis económica y social, tan fuerte como aquellas que caracterizaron al país antes de la década progresista (2007-2017), pero una parte de la población insiste en seguir apoyando con su voto a los gobiernos neoliberales causantes del descalabro y luego se sumerge en la abulia y la apatía.

Pruebas al canto. La economía, fuente de bienestar o malestar en cualquier país, se contrajo en 2024, y la covalecencia que le pronostican los organismos financieros internacionales para 2025 ni siquiera logrará devolverlo al estancamiento en el que le han sumido los gobiernos neoliberales de los recientes ocho años.

Sobre el país pende la espada de una nueva crisis eléctrica de magnitud parecida a la de 2024. La producción petrolera, vertiente principal de los ingresos fiscales, sigue cayendo por falta de inversiones. La deuda pública continúa creciendo y agobiándolo: saltó a 83 mil millones de dólares en 2024, monto que equivale a más del 60 por ciento del PIB. En 2025, el país deberá pagar 5.4 mil millones de dólares a los acreedores internacionales y hasta 2030 deberá haber desembolsado 36 mil millones de dólares por el mismo concepto.

Semejante panorama mantiene a Ecuador cautivo del FMI y los multilaterales. Al primer trimestre de 2025, la deuda con el FMI ascendía a ocho mil 705 millones de dólares. Este año deberá seguir endeudándose con esas entidades financieras. Se estima que el gobierno de Daniel Noboa, solicitará al FMI otros mil millones de dólares adicionales a los que recibirá por el acuerdo de 2024 con ese organismo. Serán, según especialistas, préstamos para pagar deudas, mas no para el desarrollo del país.

En efecto, el neoliberalismo, ocupado solo en cuidar los intereses de la banca internacional, no le ha permitido al país forjarse una propuesta de desarrollo ni siquiera de mediano plazo y peor de uno largo, que es lo que ha posibilitado crecimiento y desarrollo a otras naciones del mundo. Ninguno de los gobiernos neoliberales que se han sucedido en años recientes en Ecuador ha sido capaz de pensar una propuesta de esas características. Noboa no tiene una estrategia global de desarrollo económico y social para atenuar y menos para liquidar la pobreza.

De otro lado se estima que en 2025, las remesas que envían los migrantes al país, tan dinamizadoras de la economía como las divisas generadas por exportaciones de petróleo, minas y algunos productos agrícolas, caerán en un dos por ciento con relación a 2024, a causa de la política antimigrantes que ejecuta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En 2024, Ecuador recibió la cifra récord de seis mil 539 millones 800 mil dólares en remesas, principalmente del país norteamericano.

Semejante panorama se traduce en el viacrucis de desempleo y subempleo de los que adolece el país desde hace años: más del 60 por ciento de la población está en el desempleo o carece de un trabajo digno. Crece el costo de la vida a un ritmo mayor que los salarios. Los servicios públicos, particularmente el de salud, continúan en crisis, falto de medicinas, camas hospitalarias y de atención oportuna a los pacientes. Decenas de miles de niños y jóvenes quedan al margen de la educación. La secuela de tan sombrío escenario es la violencia y la inseguridad de la que son víctimas particularmente los estratos marginales y empobrecidos del país.

Como consecuencia de la cascada de reformas que ha generado Noboa mediante el envío de proyectos de ley a la Asamblea Nacional, la institucionalidad de corte liberal que ha caracterizado al país está resentida. Las mujeres están a punto de perder sus derechos políticos por causa de reformas aprobadas por la mayoría parlamentaria oficialista. Los trabajadores del estado han perdido estabilidad, las reservas ecológicas están al borde de una explotación privada intensiva. Mientras los grandes morosos del estado han recibido perdón en el pago de intereses, todos los contribuyentes se vieron obligados a aportes extraordinarios para financiar la seguridad.

Los derechos humanos han sufrido un retroceso: todas las personas que habitan el territorio nacional, incluidos periodistas, han quedado expuestas a la vigilancia de los organismos de inteligencia del estado, en nombre del combate al narcotráfico. Igualmente corren el riesgo de ser detenidos sin orden judicial. Las fuerzas del orden ganaron inmunidad en sus operaciones contra el tráfico de drogas. Los adolescentes serán sentenciados y condenados como adultos, y los periodistas quedaron expuestos a la inteligencia del gobierno. La cultura, considerada un gran remedio contra la violencia en zonas marginales, está ausente del programa de gobierno de Noboa. De ella no hay rastro alguno en su programa de gestión.

El gobierno sigue sin darse abasto para frenar y menos acabar con la inseguridad en el país. En lo que va de 2025, los homicidios intencionales han subido con relación a 2024, de manera particular en mayo pasado, cuando la tasa de homicidios creció en 40 por ciento con relación a similar mes de 2024. El gobernante sigue empeñado no solo en continuar sino en acentuar su estrategia de utilizar las fuerzas policiales y militares para combatir la violencia generada por los grupos de narcotraficantes. Noboa sigue apostando a la represión únicamente, pese a que hay consenso en el país, inclusive en algunos sectores moderados de la derecha, en el sentido de que es necesario abordar el problema con programas sociales de salud, educación y alimentación, arte y cultura para los grupos marginales, entre los cuales el crimen organizado recluta sus cuadros. Cada día reporta redadas, apresamientos y requisas que se difunden por cadenas mediáticas oficiales, cuyos efectos en el imaginario de la población, están por verse.

¿Por qué, pese a tan sombrío panorama, una parte decisoria de los electores ha apoyado y sigue apoyando a Noboa? ¿Por qué los estratos empobrecidos del país respaldan a un mandatario que no solo pertenece a una de las familias más ricas del país, sino que carece de un programa de gobierno popular?

El pais vive una crisis de sentido común, sostenía la excandidata vicepresidencial socialista Verónica Silva, al referirse a la coyuntura ecuatoriana. El sentido común, como se sabe, es la capacidad de entender o juzgar, de forma razonable, situaciones cotidianas y tomar decisiones basadas en la experiencia y la percepción general de la realidad. Es un conocimiento compartido por la mayoría de las personas de una sociedad dada.

Pero ese sentido común ha sido manipulado por una estrategia gubernamental de desinformación y distracción, propia del mercadeo de la política, dirigida a electores que adolecen de claridad en su conciencia de clase. Los relatos factuales y con frecuencia anecdóticos, fantasmagóricos y, además, cargados de odio al ex presidente Correa y su movimiento Revolución Ciudadana, han impedido, en palabras de Verónica Silva, ver que el actual gobierno ecuatoriano tiene un carácter oligárquico. Y como tal, busca beneficios únicamente para ese círculo de poder.

Pero también la centro- izquierda tiene una cuota de responsabilidad en la coyuntura. Su proyecto de unidad, que comenzó a gestarse en la campaña electoral, ha quedado a mitad del camino, frenada por el afloramiento de las contradicciones de internas del movimiento indígena. La mayoría de nuevos asambleístas de Pachakutik, expresión política de al Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, se plegó al gobierno de Noboa.

La Revolución Ciudadana- liderada por el ex presidente Correa-, acosada por el lawfare del gobierno y de la derecha, ha visto mermada su mayoría, porque algunos de sus asambleístas han cedido a las tentaciones del gobierno. Además, ha caído en el juego del odio y el miedo a todo lo que sepa a correísmo, en lugar de proponer un programa de gobierno para la crisis.

“Si no nos organizamos, esto no va a funcionar”, advertía Verónica Silva, al referirse a las tareas que tiene pendiente la centro izquierda. Si los partidos políticos no están dispuestos a sentarse y emprender una lucha por un proyecto de país, en lugar de priorizar únicamente sus objetivos específicos, “esto no va a cambiar”, sostenía.

Ecuador volverá a las urnas a fines de este año para pronunciarse sobre la propuesta de Noboa de permitir el asentamiento de bases militares extranjeras, según el calendario anunciado por el mandatario. Más tarde, en 2027 irá a elecciones de gobiernos seccionales. Entonces se advertirá si el electorado ha clarificado su conciencia o sigue respaldando a sus sayones.

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