Por Gustavo Espinoza M.

El problema surgido recientemente en la Fiscalía de la Nación no ha terminado. Lo ocurrido, no ha sido sino un recodo en el camino. Un punto en el cual se ha planteado de manera concreta una nueva amenaza, aquella que encarna la Junta Nacional de Justicia que apaña a la señora Patricia Benavides y que asoma otra vez alimentada por las fuerzas de la ultraderecha parapetadas en el Congreso de la República y en el espurio régimen de Dina Boluarte.

Aun hay quienes parecen no percibir las cosas de ese modo. Insisten en creer que se trata de una pugna entre dos bandas empeñadas en usar el Ministerio Público con fines de grupo ciertamente mezquinos cuando no deplorables.

En el extremo, esa interpretación ha sido asumida incluso por “Perú Libre”, que se proclama “de izquierda” y que ha usado el caso como una manera de justificar una política errónea, aquella que lo lleva a coincidir en temas sustantivos con Fuerza Popular y sustentar con sus votos la vigencia de organismos, como el Tribunal Constitucional o la propia JNJ, sometidos completamente a los designios de fuerzas reaccionarias que operan en la vida nacional.

En verdad, la situación es harto diferente. Si hay quienes se empeñan por restablecer la gestión de la señora Benavides y devolverle su función en la Fiscalía, es porque muestran una voluntad inequívoca: quieren restaurar un Poder que ya ejercieron antes, y que el país conoce. Nos referimos al de los “Cuellos blancos”.

El caso se conoció a partir de una revelación de audios captados gracias a interceptaciones telefónicas lícitas originadas en unas investigaciones relacionadas al crimen organizado, por delitos como narcotráfico y el sicariato, que comprometían a jueces y fiscales. A la suma de esos sospechosos, se añadieron integrantes del entonces llamado Consejo Nacional de la Magistratura.

Entre los principales involucrados en este sonado caso estuvieron el ex Presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo; el entonces magistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi; los ex consejeros del CNM Julio Gutiérrez, Iván Noguera y otros, además del empresario Antonio Camayo Valverde, así como el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

No fue hace muchos años que ese segmento tuvo en sus manos el núcleo principal de los resortes del Poder en el Ministerio Público. Fueron los años del Fiscal Chávarri. Todos ellos -recordemos- fueron los amos de la administración pública en ese segmento de la vida peruana. Y lo usaron para liberar “Narcos” a través de Emma Benavides, la hermana de Patricia, que acaba de ser “repuesta” por la cuestionada JNJ que preside Gino Ríos.

Pero no solo se dedicaron a eso. También vendieron la administración de justicia incluso en casos como los de violación de menores, tema que conoció el país y que fue de dominio público.

Los que así obraron, en su momento, fueron retirados de sus funciones. Pero hoy vuelven a la carga con la idea de “recuperar” lo perdido. Por eso relinchan fuerte contra quienes los privaron de sus privilegios -Martín Vizcarra, incluido- y los que les sucedieron en sus funciones, porque no se prestaron al mismo juego.

Tras su maquinación está el APRA. Por eso la presencia de Jorge del Castillo, del abogado Abanto y del “defensor” Medina, todos ellos calificados voceros de ese descalificado “partido” hoy convertido en una simple mafia que no tiene ni arte ni parte en la vida nacional.

Por ahora, ellos han perdido. Su nave principal sufrió un disparo en su línea de flotación y encalló en la primera ofensiva. Y es que la Benavides fue suspendida por 24 meses por el Poder Judicial. Pero no ha sido hundida.

Aún tiene posibilidades de recuperación, pero ella pasa por decapitar a los otros Magistrados, a fin de que el camino quede más despejado. En eso andan.

Poseen recursos, sin duda. Cuentan en buena medida con los medios de comunicación. La “Prensa Grande” se empeña en darles la mano para que no se sientan derrotados. Alienta entonces la idea de que se trata de “una pugna” como cualquier otra, apenas una lucha “por el Poder” que ciertamente afecta “a los dos grupos hoy enfrentados”.

Deslizan, incluso, que el tema de “los Cuellos Blancos” corresponde “al pasado”, un tiempo “remoto que no vale la pena recordar”.
De consolidarse esa idea, podrán avanzar porque a la gente le dará igual quién gane, finalmente “los dos son iguales”.

Por lo pronto, en una “línea táctica”, la Junta Nacional de Justicia ha reconocido que perdió la lucha por la Fiscalía y ha admitido la legalidad de quien hoy detenta esa función. Pero eso es apenas “un paso atrás para dar dos adelante”.

Ahora busca que el Congreso de la República inhabilite a cuatro Fiscales Supremos para cambiar la “correlación de fuerzas” en el Ministerio Público. Y luego pretenderá que el Tribunal Constitucional “convalide” lo actuado.

En ese marco, la JNJ designará a otros cuatro vocales en reemplazo de los destituidos. Así, “restablecerá el orden” Mientras eso ocurre, el Consejo de Ministros acuerda unánimemente incrementar el sueldo de Dina Boluarte en un 125 por ciento ante la creciente indignación de los peruanos.

Como se ve, el pleito está vivo. Habrá quienes pretenderán aplacarlo a la espera de otras decisiones, a las que juzgarán “las mayores”. Y batirán palmas por ellas. Alerta, entonces.

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