Por Luis Ernesto Guerra

Un poco de memoria:

En 2019 y 2022 hubo dos levantamientos de las organizaciones sociales y populares, en donde la eliminación de subsidios a los combustibles permitió que las denominadas clases subalternas hagan uso del derecho a la resistencia social, conferida y garantizada por la Constitución de Montecristi del 2008, que tanto viene incomodando a las oligarquías y ultraderechas libertarias, las cuales están extinguiendo el ejercicio de esos derechos constitucionales que tácitamente se expresan en una tremenda lesividad a los derechos humanos.

Los regímenes de Moreno y Lasso, tremendamente represivos y anclados al imperialismo estadounidense, dejaron sin efecto esos decretos de eliminación de subsidios a las gasolinas, pero posteriormente buscaron el mecanismo de ponerlos a precios internacionales, actuando con pírricas y escuetas dádivas a los sectores populares.

Son ocho años con regímenes de neoliberalismo autoritario que viene cumpliendo a rajatabla un manual de recurrentes violaciones de derechos humanos, cometidos por agentes del Estado en correspondencia con manuales y estrategias para reprimir al denominado enemigo interno, que es el pueblo empobrecido.

Ya es conocida esta arremetida represiva que ha configurado crímenes de Estado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las que terminan rayando en la impunidad.

Estas violaciones están ampliamente documentadas en densos informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos (DD. HH), Alto Comisionado de Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales, que realizaron una minuciosa recopilación de casos y de testimonios.

En contexto:

Ecuador está sumergido en 22 meses de régimen autoritario del presidente Daniel Noboa Azín, con masacres carcelarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, como es el caso específico del dirigente comunitario Efraín Fuérez, perteneciente a la comunidad de Cui cocha, cantón Cotacachi, de la provincia de Imbabura, ahora militarizada, convertida en el epicentro de la resistencia social, en la que se evidencia el excesivo uso de la fuerza, sumadas terribles vulneraciones del Estado de derechos, ejecuciones como la del dirigente en mención, al parecer cometidas por agentes del Estado, mediante el uso de tanquetas militares, de armas de fuego de grueso calibre utilizadas en la guerra.

El decreto 126 del 12 de septiembre se convierte en el detonante:

El esperpento de Noboa ha desplegado todos los mecanismos internacionales para blindar los excesos cometidos, que se enmarcan en un denominado orden autoritario, arbitrario, especialmente de los Estados Unidos e Israel, respectivamente.

No sorprende su fijación y admiración a un genocida y criminal de lesa humanidad, Benjamín Netanyahu, que despotricó en el hemiciclo de Naciones Unidas, justificando la operación genocida y limpieza étnica de Palestina. Actualmente tiene orden y boleta de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), sin ningún efecto.

Algunos analistas definen como proteccionismo anclado en el irrespeto a la Constitución de Montecristi, que quieren eliminar por convertirse en el muro de obstáculos para frenar las violaciones de derechos.

A propósito, el Homeland Security o Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos es el instrumento ejecutivo del gobierno federal estadounidense, responsable de la seguridad pública, equivalente a un ministerio del interior en países nuestroamericanos.

Desde nuestra mirada, es la nueva versión intervencionista con penetración de bases militares extranjeras, que cuenta con jurisdicción penal estadounidense y desnuda la apresurada y próxima visita de la subsecretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, como un elemento simbólico en la guerra psicológica, del miedo, que atrapa las emociones de la gente, hacen uso de dos sendos acuerdos suscritos con Lasso y ratificados por Noboa, lesivos a la soberanía y el Estado de derechos que provoca urticaria a estas estructuras oligárquicas libertarias del Ecuador.

Lo que se constituye en una descarada y demencial injerencia en contra de la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela bolivariana.

Empero, el régimen autoritario, viene cocinando una Consulta Popular con la alianza estratégica del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la cual se pretende imponer una Constituyente al más rampante y decadente estilo de la del 98, que viabilizó el feriado bancario y terminó expulsando a cerca de cuatro millones de ecuatorianos/as a la migración, sumada la destrucción de las conquistas laborales para implementar de manera subjetiva la contratación laboral por horas, cuyo significado se traduce en regresión de derechos, concomitante, desmontaje del Estado plurinacional e intercultural, eliminación del derecho a la resistencia social, convertida en la cefalea permanente del régimen. De tal manera que justifican la represión y violación de derechos humanos, al posicionar una narrativa y descalificación a las dirigentes sociales como terroristas.

Cómo se manifiestan estas violaciones:

No existe el respeto al debido proceso de los 12 jóvenes detenidos, pertenecientes al pueblo kichwa de Otavalo, acusados de terroristas, lo que significa el incumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Al parecer, fueron enviados al Centro de Privación de la Libertad, de la provincia de Esmeraldas, en el que acaba de cometerse una masacre carcelaria de 17 personas privadas de Libertad(PPL). Hasta el momento se desconoce sus condiciones psicoemocionales, físicas y de salud.

Este demencial escenario está convirtiendo al Ecuador en enclave para una escalada de asedio e injerencia en contra de países hermanos como Colombia y Venezuela, que no se subordinan a las políticas seguritistas del gobierno federal estadounidense, al pequeño halcón norteamericano Marco Rubio, Secretario de Estado y de Seguridad, de perversa raigambre neocolonialista y neofascista.

Sin embargo, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), demanda y exige el cumplimiento de un pliego de peticiones que incluyen:

Derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.

Cese de la represión y terribles vulneraciones que amenazan el ejercicio de derechos.

Cese de la militarización de la provincia de Imbabura.

Eliminación del tres por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), materializado en el 15 por ciento que no ha podido disminuir la violencia criminal y por el contrario permitió la violación del territorio soberano De los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello es pertinente y procedente denunciar ante la comunidad nacional, internacional, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a observar al régimen de Noboa y estar pendientes de estas violaciones que socaban y erosionan el derecho a la paz, a una vida digna, al ejercicio de los derechos constitucionales de las comunidades, pueblos y nacionalidades, similarmente de los diferentes instrumentos internacionales en la materia concreta y específica de derechos humanos.

Es urgente y necesario observar estos nefastos acontecimientos que laceran el derecho a la vida, a la erradicación de las violencias, la tortura, y otras formas de menoscabo de los derechos humanos.

Mientras tanto, una estructura massmediática y comunicacional, que pauta las narrativas del régimen de Daniel Noboa Azín, rotula a las víctimas de los crímenes de Estado como terroristas, concomitante el uso de todo un entramado de leyes, violencia psicológica, verbal, que perfila con estigmas, discriminación, xenofobia, de racismo y expresiones denigrantes, para seguir descalificando la legítima resistencia social.

Reprimir configura violación de derechos humanos, protestar un derecho.

Al parecer en el régimen reside el cumplimiento de un plan de cacería sangrienta, que se expresa en el cometimiento de un crimen de Estado por agentes militares, sin que se respete los mecanismos y protocolos internacionales, en el caso específico de protestas sociales.

El rostro autoritario del régimen evidencia que los militares no están preparados para contener manifestaciones, mucho más si se están cometiendo allanamientos de domicilios, haciendo uso de dinamita y armamento de grueso calibre, de uso militar para la guerra, que denotan una cadena sistemática de violaciones.

Los aparentes “convoyes humanitarios”, según testimonios de dirigentes comunitarios y de una organización de derechos humanos, han manifestado que esos camiones estaban llevando armas y municiones.

Se está cortando el internet, han colocado inhibidores de señal para impedir la comunicación telefónica en parroquias y comunidades indígenas pertenecientes a los Cantones Otavalo y Cotacachi, para contener las denuncias en las redes sociales, como el asesinato del dirigente comunitario kichwa, Efraín Fuérez, en el sector de Pinsaquí, que evidencia en su cuerpo varios impactos de bala.
Este crimen de Estado, ha sido cometido por militares vestidos de verde oliva y camuflaje, en la provincia de Imbabura, que está convertida, además, en el epicentro de la protesta social.

El paro nacional es fuertemente reprimido y denunciado por organismos internacionales de derechos humanos.
Es salvaje la represión y al parecer existe una disposición superior de cometer estas violaciones.

Los videos lo demuestran de como el Ecuador está atrapado por un régimen que utiliza patrones represivos propios del Mossad sionista, como lo viene haciendo en el proceso de limpieza étnica en Gaza.

No existe la disposición al diálogo, por el contrario, se viene aplicando un manual represivo, que está violando la Constitución, el marco legal y normativo del Ecuador y los diferentes instrumentos internacionales de DD.HH. “No voy a retroceder en las medidas adoptadas”. “Voy a resistir, a expulsar a los indígenas del Ecuador” (Presidente Noboa), que constituyen un estorbo al régimen-
El Plan Fénix, no existe, es una narrativa en la que subyace la represión, las mafias y la delincuencia organizada.

Están asegurando los negocios del bloque de poder hegemónico oligárquico, plutocrático, corporativo y familiar y blindándose con la repartición de bonos.

Sin duda alguna, el régimen tiene poderosos distractores y pretende endosar su negligencia, ineficacia y autárquica forma de gobernar a contradictores y opositores.

Las fake news, son su gran aparato mediático, utilizado en redes sociales y medios de comunicación.

Por ahora la resistencia social y popular continúa.

rmh/leg