Por Luis Onofa

Las maniobras navales conjuntas con Estados Unidos, así como las declaraciones del presidente Daniel Noboa de que estaría dispuesto a llamar a tropas estadounidenses para que participen en el combate al narcotráfico, muestran que el gobernante sigue profundizando sus vínculos con Washington, aun a costa de poner en cuestión la constitución vigente y arriesgar la posición del país en el tenso y cambiante escenario internacional.

Los ejercicios de la Armada ecuatoriana con el portaviones estadounidense Nimitz constituyen la más reciente evidencia del acomodo del mandatario a las directrices de Washington, pero no la fundamental: días atrás fue uno de los mandatarios de derecha de América invitados por Trump a la constitución de Escudo de las Américas, cuyo declarado propósito es combatir el narcotráfico y el terrorismo, pero que en realidad busca constituir un frente de contención de la expansión de China en esta parte del mundo y asegurarse el monopolio indiscutible de la explotación de los recursos naturales de la región, en un momento en que enfrenta riesgos en sus otras fuentes tradicionales: la Península Arábiga, África y otros partes del mundo.

El Escudo de las Américas, creado este 2026, no es una alianza entre iguales sino entre un país (Estados Unidos) que se encuentra a la cabeza y el resto de naciones subordinadas, de acuerdo con Luis Altamirano Junqueira, ex comandante general del Ejército ecuatoriano. Según el experto, el discurso de Trump en el acto de inauguración del “Escudo” “…funciona más como un discurso de dominación y movilización política que como una propuesta hemisférica inclusiva”.

También en marzo de 2026, Noboa firmó el llamado Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. Ese instrumento delata el perfil de los intereses que representa el mandatario. Desgrava aranceles para las exportaciones ecuatorianas de productos primarios, principalmente agrícolas, entre ellos el banano, fruta de la cual la Corporación Noboa, de propiedad del gobernante, es la principal vendedora no solo de Ecuador, sino del mercado regional. También libera el mercado ecuatoriano para el ingreso de productos agrícolas estadounidenses, lo que ha llevado a los cultivadores que abastecen el mercado interno a expresar su preocupación por la competencia de sus similares estadounidenses, que gozan de subsidios de los que carecen los ecuatorianos.

El papel de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en Ecuador ha mostrado dos de sus conflictivos múltiples rostros. Pescadores de este país sudamericano desaparecidos en aguas del Pacífico que finalmente aparecieron en El Salvador han denunciado que su barco fue bombardeado con drones por los “gringos”, sin justificación alguna. Los pescadores no lo explicitaron, pero los únicos aparatos con capacitar de activar drones son los barcos y aviones estadounidenses que patrullan aguas y el espacio aéreo de este país sudamericano.
Días atrás, un finquero de la amazonia se quejó del bombardeo de su finca por un contingente del ejército ecuatoriano, operación que el ministro de Gobierno, JhonReinberg presentó a los medios como un ataque para la destrucción de un centro de apilamiento de droga, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Ambas operaciones se enmarcan en los términos de varios acuerdos que los gobiernos de derecha de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Noboa han ido suscribiendo con Washington para hacer agua la prohibición constitucional de que se instalen bases militares extranjeras en el país, veto que los ecuatorianos ratificaron en un referendo en las urnas, en noviembre de 2025.

El reciente episodio de los pesqueros náufragos y el finquero amazónico trae a la memoria los abusos contra la población civil que cometieron los soldados estadounidenses dislocados en la base de su país asentada en el puerto de Manta entre 1999 y 2009, en razón de un acuerdo entre gobiernos al que puso fin este último año el presidente de ese entonces, Rafael Correa.

Las relaciones diplomáticas, con México, país clave para el combate regional al narcotráfico, están rotas desde dos años, a raíz de la incursión policial ecuatoriana en la sede diplomática de ese país en Quito, ordenada por Noboa, para sacar por la fuerza al exiliado ex vicepresidente Jorge Glass, quien ejerció tal dignidad, durante el gobierno de Rafael Correa. Esa ruptura tiene un costo alto para Noboa: no puede coordinar acciones de combate a redes cuyas matrices están en aquel país norteamericano, que más experiencia tiene en este campo. Noboa nada ha hecho para recomponer esas relaciones.

Los vínculos del gobierno de Quito con su vecina Colombia, país productor de cocaína, igualmente son ríspidas después que el gobernante ecuatoriano empezara una guerra arancelaria, con el pretexto de forzar a su vecino a intensificar su vigilancia en la frontera común para frenar el tránsito ilegal de la droga. Pero su vecino del norte, es también importante para Ecuador porque le abastece de electricidad en períodos de sequía en sus centrales hidroeléctricas. Hoy mismo, esa fuente es vital para Ecuador, pero en lugar de que ambas naciones zanjasen sus diferencias, éstas se tensan cada vez más. La Comunidad Andina hizo un intento fallido por recomponerlas.

En su lugar, Noboa acaba de llamar a consulta a su embajador en Bogotá, en rechazo a una declaración del presidente Petro respecto a la situación crítica en la que se debate Glass en una cárcel ecuatoriana de máxima seguridad.

Noboa también rompió relaciones diplomáticas con Cuba, sin que hubiese justificación de peso para tal decisión. Lo hizo en vísperas de la reunión presidencial que creó el llamado Escudo de las Américas, por lo que, a ojos de muchos analistas, la ruptura tenía el propósito de congraciarse con Trump, anfitrión de la reunión.

Otro damnificado de la sesgada política exterior de Noboa es la integración regional, necesaria no solo en el campo económico y político, sino también en el combate al narcotráfico.

La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, había dado pasos para el diseño y ejecución de una política de seguridad regional. Pero ahora, esa organización vegeta por decisión de los gobiernos derechistas de la región, entre ellos el de Quito.

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