Por Luis Onofa

Nada que celebrar que no sea rememorar luchas históricas mundiales, mucho que luchar. Así podría definirse la situación actual de los trabajadores ecuatorianos, golpeados por las políticas neoliberales, de manera individual o colectiva, al modo de lo que ocurre con otras fuerzas sindicales del continente en países en los que también gobierna la derecha.

El momento está marcado por despidos y desahucios y un torpedeo constante de las leyes que protegían a los trabajadores, de manera particular en los recientes ocho años de hegemonía neoliberal. Ese es el saldo más significativo de este ciclo, junto con la profundización y el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres.

Suman cientos de miles los trabajadores despedidos en el sector estatal, en los recientes ocho años de gobiernos neoliberales, al amparo de la austeridad fiscal de un supuesto estado “obeso”.

A Noboa no le han importado las protestas de los trabajadores ni las observaciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violación de acuerdos firmados por el país. De hecho, comenzó su mandato actual cesanteando a cinco mil trabajadores de instituciones estatales para cumplir con una exigencia del FMI, a cambio de un crédito de cinco mil millones de dólares.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 400 mil empleos adecuados se perdieron en el primer trimestre de este año. A ellos se suman los 186 mil puestos de trabajo que se perdieron entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024.

Se estima que la población en edad de trabajar llega a 8.5 millones de personas. De ellas, apenas 3.1 millones (36.8 por ciento) tienen un trabajo digno, mientras el resto se debate en la informalidad, el subempleo o la desocupación. Seis de cada diez personas no tienen un empleo adecuado.

El Código del Trabajo, instrumento de protección de los derechos laborales, ha estado sujeto a constantes presiones para restar derechos a los trabajadores. Pero no ha sido necesaria una reforma constitucional, que requiere de procedimientos complejos, entre ellos su paso por la Asamblea Nacional. A los regímenes neoliberales, les ha bastado acudir a decisiones administrativas para flexibilizar los derechos laborales.

De manera particular, Daniel Noboa ha expedido normas administrativas que echan al cesto de la basura la jornada laboral de ocho horas diarias para dar paso a un régimen de “negociación” individual de los trabajadores con sus patronos sobre el número de horas diarias por laborar. Ese mecanismo debilita la negociación colectiva y deja a la fuerza trabajo a merced de sus amos.

Durante la campaña electoral de 2024, Noboa prometió crear un millón de empleos en los cuatro años de su mandato. Está próximo a cumplir el primer año de su período y el grado de cumplimiento de esa meta así como los despidos anticipan que le será difícil llegar a esa meta, aun cuando el gobernante asegura haber creado más de 400 mil empleos, cifra que, sin embargo, no la ha sustentado ni desglosado.

Dividir la misma torta para más trabajadores en lugar ensanchar la economía con políticas de crecimiento que originen nuevos empleos ha sido la filosofía de los tres últimos gobiernos de Ecuador, todos ellos alineados con el ideario neoliberal. Ninguno de ellos se ha ocupado de ejecutar estrategias de desarrollo industrial generadoras de empleo, y solo han priorizado el ajuste fiscal para asegurar que el estado cuente con recursos suficientes para cumplir con los pagos de deuda externa.

Con esa táctica, este país continúa siendo exportador de materias primas, especialmente agrícolas, condición que le vuelve más vulnerable al vaivén de precios de los mercados internacionales.

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