El pasado 4 de febrero se cumplieron 62 años de la aprobación por el pueblo de Cuba, constituido en Asamblea General Nacional del Pueblo, de la Segunda Declaración de La Habana. Segunda, porque ya se había desarrollado una Primera Asamblea General Nacional del Pueblo el 2 de septiembre de 1960 que aprobó la Primera Declaración de La Habana. Fidel Castro promovió y dirigió ambos cónclaves reeditando la modalidad de la democracia directa aplicada en la Antigua Grecia donde el pueblo reunido en la plaza pública debatía y aprobaba, directamente, las decisiones y proyecciones que enrumbaban el desarrollo de la sociedad. Además, la Declaración recibió el respaldo masivo de muchos ciudadanos que firmaron posteriormente su adhesión a lo largo y ancho del país, pues no pudieron estar en la Plaza de la Revolución ese día cuando la multitud presente mostró su acuerdo levantando las manos. Todo ello puede considerarse un referendo popular.

No son pocos los aportes de la Segunda Declaración de La Habana a las ciencias políticas, los cuales la convierten en basamento de la aplicación del marxismo a las condiciones contemporáneas de América Latina y Cuba. En esta ocasión me referiré a uno de sus más significativos: el aporte a una nueva comprensión de la estructura de las clases sociales, cuyo análisis es parte integrante de las ciencias políticas, con especial importancia para la identificación del sujeto revolucionario.

En este aspecto, Carlos Marx y Federico Engels definieron que, en su tiempo, el proletariado industrial, el obrero fabril, era la clase decisiva como base social de la revolución la cual, con su emancipación, lograría emancipar, a su vez, a los demás grupos sociales explotados y reprimidos por el capital. V. I. Lenin amplió el criterio incorporando al campesinado en lo que llamó “la alianza obrero- campesina”, que sería la fuerza social que promovería el cambio en la Rusia zarista.

Hoy, las características del momento histórico se han modificado sustancialmente desde la época en la que vivieron Marx, Engels y Lenin. La globalización ha incrementado y agudizado la explotación de amplias capas de la población, las cuales se ven impelidas a luchar directamente por su emancipación. A su vez, el desarrollo científico- técnico ha desdibujado al obrero fabril de mediados del siglo XIX, aunque se mantiene su explotación mediante la plusvalía. Ante estas circunstancias se necesita un nuevo esfuerzo creador para identificar y convocar la base social de la revolución en América Latina y el Caribe.

En el caso de Cuba, la estructura clasista que sirvió de base para la lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista resultó mucho más amplia que la planteada en su época por los clásicos del marxismo. La nueva consideración fue expuesta por Fidel Castro Ruz en su autodefensa ante el juicio por el Asalto al Cuartel Moncada conocida como “La Historia Me Absolverá” (16 de octubre de 1953), en los términos siguientes: “Nosotros llamamos pueblo si de lucha se trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo…; a los quinientos mil obreros del campo…; a los cuatrocientos mil obreros industriales y braceros…; a los cien mil agricultores pequeños…; a los treinta mil maestros y profesores…; a los veinte mil pequeños comerciantes…; a los diez mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, etcétera…”. (1)
Fidel incluyó en el concepto de sujeto revolucionario en la Cuba de entonces a todos los trabajadores manuales e intelectuales y a la llamada clase media integrada por la pequeña y mediana burguesía.

En otro fragmento de “La Historia Me Absolverá” dejó fuera del concepto de sujeto revolucionario a la cúspide de la burguesía nacional vinculada a los intereses del imperio yanqui, al decir: “El porvenir de la nación y la solución de sus problemas no pueden seguir dependiendo del interés egoísta de una docena de financieros, de los fríos cálculos sobre ganancias que tracen en sus despachos de aire acondicionado diez o doce magnates.” (2)

De esta forma, implícitamente, Fidel concebía que parte de la burguesía nacional, y no solo la pequeña burguesía, podía incorporarse a la lucha contra Batista. Solo un reducido grupo de la oligarquía cubana estaría en contra de los intereses políticos nacionales en aquel momento histórico.

En cuanto a América Latina, ya la Primera Declaración de La Habana (2 de septiembre de 1960) había ampliado la participación de otros grupos sociales, étnicos, de género y etarios en la lucha revolucionaria. En su apartado SÉPTIMO se plantea textualmente: “La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba postula: El deber de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales;…”. (3)

Pero es en la Segunda Declaración de La Habana (4 de febrero de 1962) donde se recoge con mayor nitidez la descripción de las clases y grupos sociales que están llamados a participar en la lucha revolucionaria en América Latina. Allí se dice: “En la lucha antimperialista y antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera, los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía nacional…Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de las fuerzas armadas…”. (4)

Profundizando en el tema, la Declaración precisa que en América Latina “…la burguesía nacional no puede encabezar la lucha antifeudal y antimperialista. La experiencia demuestra que en nuestras naciones esa clase, aun cuando sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz de enfrentarse a éste, paralizada por el miedo a la revolución social y asustada por el clamor de las masas explotadas. Situadas ante el dilema imperialismo o revolución, sólo sus capas más progresistas estarán con el pueblo.” (5)
Ante esta circunstancia, la Segunda Declaración de La Habana señala “…a la clase obrera y a los intelectuales revolucionarios de América Latina su verdadero papel, que es el de situarse resueltamente a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo y el feudalismo.” (6)

Considero que el sujeto revolucionario que pugna por llevar a cabo la transformación social en Latinoamérica es el conjunto de la estructura de clases que incluye a la clase obrera, los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía nacional. También hay que tener en cuenta las reivindicaciones económicas, políticas y sociales específicas de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, de los inmigrantes y sus descendientes, de los creyentes religiosos y los no creyentes, de las personas amantes de la paz, de los promotores culturales, de las personas LGBTIQA+, de las personas en situación de discapacidad, de los defensores del medio ambiente, de los protectores de los animales, y muchos otros grupos progresistas y humanistas que, de manera transversal a la estructura de clases, pueden reforzar la lucha contra los monopolios yanquis y las oligarquías reaccionarias de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

A su vez, como subraya la II Declaración de la Habana, en el conjunto del sujeto revolucionario se identifica una vanguardia constituida por la clase obrera y los intelectuales revolucionarios, pero la actuación en la lucha de clases no se puede reducir como único factor de cambio a los obreros y la intelectualidad, pues ello sería una visión reduccionista de los factores en lucha. La consideración más amplia del sujeto revolucionario constituye la base para combatir el sectarismo y el dogmatismo en el pensamiento y la práctica revolucionaria y abre el camino para adoptar una correcta política de unidad en la diversidad.

La estructura clasista de la región latinoamericana que describe la II Declaración de La Habana no se diferencia sustancialmente de la actual, por lo que sus postulados deben presidir el análisis y la actuación económica, política y social con miras a la emancipación de los pueblos de la región.

Al abordar estos asuntos en el caso de la Cuba contemporánea, considero que hoy existe en nuestro país una heterogeneidad de formas de propiedad sobre los medios de producción y por tanto existe una estructura social heterogénea. Como referí más arriba, en su tiempo Carlos Marx apuntó que la base social de la revolución socialista era el proletariado. Lenin le adicionó el campesinado y declaró que la base social de la revolución socialista en Rusia era la alianza obrero-campesina. En Cuba, esa base social hay que ampliarla con la clase media, parte de la cual puede definirse como pequeña y mediana burguesía. El conjunto de estos grupos sociales constituyen la sociedad civil cubana que manifiestan sus intereses mediante la creación y funcionamiento de las organizaciones sociales. Además, en nuestro país actúa en la economía la gran burguesía transnacional que nos llega mediante las inversiones extranjeras, cuyas aspiraciones económicas también hay que tener en cuenta.

La heterogeneidad de formas de propiedad sobre los medios de producción y la diversidad de la estructura social correspondiente determinan a su vez una heterogeneidad en la superestructura de ideas, opiniones, conceptos, conductas y manifestaciones. Ello tiene que reflejarse en el diseño y aplicación de la política económica y social de la Revolución. Pretender alcanzar unanimidad en este ambiente heterogéneo y, peor aún, tratar de lograrlo mediante presiones, oficiales o no, puede conducir a indeseables resultados sociales y políticos. Para alcanzar el consenso popular en la toma de decisiones considero que se debe crear una cultura de debate libre y público en un marco de respeto mutuo donde se confronten diferentes ideas, incluso distintas a la posición oficial. Lo que debe ser rechazado con energía es el intento de derrocar al gobierno por medios violentos para instalar el capitalismo neoliberal que pretende nuestro enemigo principal: el sistema imperialista encabezado por el gobierno de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta esa heterogeneidad en nuestra sociedad considero que las autoridades oficiales y las organizaciones sociales, con el apoyo del pueblo, deben denunciar y rechazar las intenciones contrarrevolucionarias disfrazadas de consignas democráticas y, a su vez, ampliar e intensificar los canales democráticos internos para facilitar que las opiniones de los revolucionarios, patriotas y ciudadanos honestos que puedan ser diferentes al discurso oficial, se debatan abiertamente con plena libertad de expresión, sobre la base de la fundamentación de las consideraciones sometidas a debate y procurando soluciones de consenso a los planteamientos formulados.

Al respecto, el aumento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos aplicando diferentes modalidades de la democracia directa mediante la cual el pueblo adopte decisiones vinculantes, como en los referendos, los plebiscitos y la postulación y elección de los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular en nuestro país, crea condiciones para sostener diálogos con plena libertad de expresión dentro de los órganos y organismos estatales y las organizaciones sociales en temas de mayor calado e influencia en la marcha de la construcción del socialismo en Cuba.

El debate y la polémica en las ideas deben fundamentarse con argumentos, sin ataques personales contra quien discrepe y sin convertir la polémica en un torneo literario. La transición socialista en la que nos encontramos y la complejidad del mundo contemporáneo requieren del concurso de diferentes ideas para encontrar el camino más adecuado para el desarrollo económico y social del país. El debate de ideas está a la orden del día en nuestro proceso revolucionario, así como el tratamiento respetuoso en la polémica.
rmh/fvg

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

1. Castro Ruz, Fidel, “La Historia Me Absolverá”, edición anotada, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2005, página 45.

2. Ibídem, página 51.

3. “Declaraciones de La Habana y Santiago”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, página 9.

4. Ibídem, página 57 – 58.

5. Ibídem, página 56.

6. Ibídem, página 57.