El pasado 21 de abril (2024), por iniciativa del gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se realizó una consulta y referéndum sobre 11 preguntas, de las cuales tres se referían al papel de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, en apoyo a la policía; otras tres a la extradición de ecuatorianos, el incremento de penas y el cumplimiento de la totalidad de las penas para los sentenciados; tres más sobre judicaturas especializadas en materia constitucional, sancionar como delito el porte de armas y que el Estado pasará a ser propietario de los bienes de origen ilícito incautados. Las dos restantes se referían a los arbitrajes internacionales y otra para hacer posible la implantación del trabajo por horas y el de plazo fijo. Si bien nueve preguntas obtuvieron el apoyo de la ciudadanía votante las dos últimas que he referido fueron rechazadas. Aunque el gobierno tomó el asunto en forma deportiva, vanagloriándose de haber vencido por “goleada” (https://t.ly/l5F_g) de 9 a 2, el tema tiene otras dimensiones que conviene examinar.
El gobierno sostuvo que la consulta/referéndum definía un “nuevo Ecuador” y que el triunfo traería una “nueva era” para el país, marcando un antes y un después (https://t.ly/htDCl). Además, se trató de equiparar el llamado a votar NO con posiciones y grupos “antipatria” y que se oponían a la generación de trabajo para la población, entre la cual un 70 por ciento se halla en la informalidad por el desempleo y el subempleo. Pero apenas un día antes de la consulta, el gobierno y su partido se desmarcaron de las dos preguntas que, de acuerdo con todo tipo de encuestas, serían un golpe contrario a los intereses empresariales del gobierno.
El centro del apoyo a Noboa, el eje de sostenimiento de su régimen, proviene del alto empresariado, las capas ricas y el sector de clases medias que se ubica entre las derechas sociales y suele caer en el clasismo y racismo con el que se mira a los sectores populares. Desde la década de 1980 la élite empresarial acogió la ideología neoliberal, que le permitió desarrollar una serie de consignas: achicar el Estado, privatizar bienes y servicios públicos, eliminar o rebajar impuestos a sus actividades, garantizar al capital interno y mucho más al externo, flexibilizar y precarizar el trabajo, liberalizar mercados. Sus gremios, los profesionales identificados con ellos, los medios de comunicación vinculados a sus mismos intereses, forman lo que la sociología denomina bloque de poder, que no está dispuesto a permitir el triunfo de fuerzas progresistas y de izquierda. El anticorreísmo es una pasión irracional que forma parte de sus estrategias de dominio económico y social. Desde 2017 esos sectores se han sentido representados por los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa.
Durante las últimas cuatro décadas, el sector empresarial más conservador del neoliberalismo y que se ha impuesto sobre toda la clase fue acumulando propuestas para precarizar las relaciones de trabajo. Entre otras: aumentar la jornada sobre las ocho horas diarias, igual superar la de 40 horas semanales (que rige desde 1979), suprimir los décimos sueldos (13º y 14º.), suprimir el reparto de utilidades a los trabajadores, sujetar el salario a la productividad y eficiencia del trabajador, manejar la jornada de acuerdo con la conveniencia del empleador, que el Estado deje de regular los contratos laborales, que se introduzca la figura del “trabajador plurifuncional”, suprimir las indemnizaciones por despido o desahucio, vincular las vacaciones a las decisiones del empleador, recortar derechos a las madres trabajadoras, libertad de la empresa para regular el trabajo interno, limitar derechos a la sindicalización y la huelga, , etc. No hay una sola propuesta para mejorar la calidad del trabajo, el sustento digno del trabajador y su familia, sino exclusivamente buscar reducir “costos” variables con el propósito de incrementar las rentabilidades.
Sobre la consideración histórica de estas propuestas el pronunciamiento ciudadano contra el contrato por horas y de plazo fijo constituye un golpe directo a ese sector empresarial neoliberal, cuya visión oligárquica recuerda a la “época plutocrática” de Ecuador entre 1912-1925. En ese tiempo no había legislación laboral, tampoco ministerio del trabajo, ni seguridad social, no existía impuesto a la renta y el raquítico Estado dependía, sobre todo, de los préstamos que le hacía la poderosa banca privada de la época, entre la que cuatro bancos tenían el monopolio oficial para emitir billetes (no existía Banco Central), sujetos a un “patrón oro” normalmente burlado. De otra parte, a diario la población experimenta en forma directa el trato que recibe por parte de aquellos patronos explotadores en diverso tipo de empresas de todos los sectores de trabajo y está sujeta a las arbitrariedades que también se cometen cuando no se respetan las leyes laborales. En consecuencia, guarda razones poderosas para no confiar en el trabajo por horas y en cualquier otra modalidad flexibilizadora, de todo lo cual existe suficiente experiencia histórica en el país y con testimonios y estudios, como varias de las investigaciones realizadas sobre la “esclavitud moderna” en haciendas bananeras. (https://t.ly/ts4yw; https://t.ly/hJ4cR).
De otra parte, son los países de la periferia capitalista, como ocurre en América Latina, los que pueden exhibir en su historia contemporánea cómo los tratados bilaterales de inversión, así como los convenios sobre arbitraje internacional, solo han servido para proteger a los capitales externos por sobre los intereses y soberanías nacionales. Además, se conoce bien que hay empresarios y grupos económicos que han logrado registrar en el exterior sus actividades y aparecen luego como empresas inversionistas del exterior, a las que los gobiernos neoliberales han brindado protecciones y privilegios legales y económicos. Si bien es cierto que una serie de países- incluyendo latinoamericanos- reconocen esos tratados y acuerdos, no se subraya que las diferentes condiciones en las relaciones de dependencia que tienen los países de la región inclinan los fallos a favor de las gigantes empresas transnacionales de los países capitalistas centrales. Ecuador ha vivido el drama de los arbitrajes internacionales frente a empresas como Chevron-Texaco, Oxy o Perenco. Ese tipo de mecanismos han sido cuestionados por reconocidos académicos como Joseph Stiglitz, Dani Rodrik, Jeffrey Sachs, Kevin Gallagher, Anne-Marie Slaughter; instituciones como la CEPAL en nuestra región, parcialmente por el BID y, sin duda, por universidades y académicos de América Latina, entre quienes se hallan varios profesionales ecuatorianos y organizaciones sociales del país.
Que la población igualmente haya rechazado los arbitrajes internacionales no va en contra del país, sino a favor de su soberanía y del cambio en las relaciones internacionales basadas en la desigualdad y la hegemonía del capital externo. Por eso, también la pérdida del referéndum en este asunto ha sido otro golpe no solo al gobierno, sino a la élite empresarial- neoliberal que continúa aferrada a las ideas del mercado libre del pasado y no puede asimilar el cambio que ocurre en el mundo con la estructuración multipolar y pluricentral del presente.
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