Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
La primera ronda de negociaciones de las Naciones Unidas, iniciada el 26 de abril de 2024, para lograr los Términos de Referencia (TdR) para la primera Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, preparó un texto borrador a ser tratado en agosto (https://t.ly/hVTwm). Se contempló, entre otros, los impuestos sobre rentas, patrimonios, los ambientales y los corporativos.
La iniciativa en 2023 correspondió al Grupo Africano y tuvo, inicialmente, la oposición de los grandes países; pero, finalmente, todos convergieron a las conversaciones. Se partió de considerar que en el mundo los países pierden millones de dólares por la evasión fiscal o la elusión en “paraísos fiscales”, lo que afecta, en forma particular, a los países pobres, que se quedan sin los recursos necesarios para invertir en su desarrollo.
Luego de tres semanas de deliberaciones, el 16 de agosto (2024) se realizó la votación de los TdR en la ONU con un resultado contundente: 110 países a favor, 8 en contra y 44 abstenciones. Quienes votaron en contra fueron: Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y República de Corea. Entre los que votaron a favor están China y Rusia; pero entre los que se abstuvieron constan los principales países europeos occidentales como: Alemania, Austria, Bélgica, España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza. Los países latinoamericanos presentes votaron por los TdR, exceptuando únicamente Argentina que se abstuvo, aunque es una paradoja que Ecuador también haya votado a favor.
La abstención de Argentina se explica por la posición de su presidente Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que los impuestos son un “robo”, de acuerdo con la ideología libertaria anarco-capitalista que lo guía. En el caso de Ecuador, una ha sido la posición externa, mientras es otro el comportamiento interno. Precisamente desde 2017, los sucesivos gobiernos de Lenín Moreno y de los millonarios Guillermo Lasso y Daniel Noboa, se han caracterizado por dictar medidas revestidas como “incentivos tributarios”, que libran del pago de impuestos o los disminuyen sustancialmente, a poderosos grupos económicos del país. Aún más: Moreno está bajo investigación de la Fiscalía por el caso “Papeles INA” sobre vínculos con una sociedad offshore (https://t.ly/uuHc6), el banquero Lasso es mundialmente conocido al ser vinculado en los “Pandora Papers”, que denuncian relaciones con más de 10 sociedades offshore y trusts en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. (https://t.ly/RkxED); y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI) reporta a la “Exportadora Bananera Noboa”, de familiares del presidente, como deudora en firme de una millonaria suma, que se beneficiaría con una amnistía del gobierno (https://t.ly/3XtFA).
De la mano del modelo empresarial-neoliberal consolidado en Ecuador, la evasión y elusión tributarias son realidades permanentes, tanto como las condonaciones, rebajas o supresión de impuestos para los concentradores de la riqueza, así como por las rebajas al ISD (impuesto a la salida de divisas) que en algo permitía gravar el flujo de dineros al exterior. Bajo las orientaciones del neoliberalismo y el libertarianismo nacionales, las élites empresariales y ricas del país gozan de fuertes capacidades para impedir que los impuestos cumplan los objetivos sociales que la ONU busca a nivel global.
Como es conocido, América Latina es la región más inequitativa del mundo, de manera que los impuestos directos sobre la riqueza deben formar parte de las políticas económicas de Estado, a fin no solo de redistribuir la riqueza, sino de contar con recursos para volver eficientes y universales los servicios de educación, salud y seguridad social, que constituyen la trilogía básica para atender a toda la población. La región tiene suficiente experiencia histórica sobre el desastre social ocasionado por las medidas neoliberales y especialmente en cuanto a la “reducción” del Estado, un dogma que únicamente ha deteriorado la provisión de los servicios públicos y ha debilitado la institucionalidad general. Mientras en Ecuador se hace propaganda para reducir o eliminar impuestos con el argumento de que hay “muchos”, los estudios de los organismos internacionales dan cuenta de que el país tiene un nivel tributario por debajo del promedio latinoamericano (CEPAL: https://t.ly/1Snmp), región que no alcanza los promedios de la OCDE, que es del 34-35% del PIB.
Por el momento, la aprobación del documento TdR (https://rb.gy/ayc9nd) es un paso importante, pero insuficiente. En él se establecen los compromisos, centrados en: “a. asignación justa de los derechos impositivos, incluida la tributación equitativa de las empresas multinacionales; b. abordar la evasión y la elusión fiscales por parte de personas con elevado patrimonio neto y garantizar su tributación efectiva en los Estados miembros pertinentes; c. enfoques de cooperación fiscal internacional que contribuyan al logro del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de manera equilibrada e integrada; d. asistencia administrativa mutua efectiva en asuntos tributarios, incluso con respecto a la transparencia y el intercambio de información con fines tributarios; e. abordar los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, la elusión fiscal, la evasión fiscal y las prácticas fiscales nocivas; y f. prevención y resolución efectiva de conflictos tributarios”. El siguiente paso es más difícil: concretar los mecanismos para un control universal de la evasión tributaria y crear los impuestos a los más ricos.
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