Ecuador inauguró el largo ciclo actual de la democracia constitucional, representativa y electiva el 10 de agosto de 1979, al entrar en vigencia la nueva Constitución y posesionarse Jaime Roldós como presidente de la República, al mismo tiempo que iniciaron las actividades normales de la “Cámara Nacional de Representantes” como se denominaba por entonces al Congreso. El país lleva 45 años de “democracia” y cabe destacar los siguientes procesos.

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Colaborador de Prensa Latina

Han regido tres Constituciones: las “progresistas” de 1979 y 2008, además de la “neoliberal” de 1998. Entre 1979-1996 hubo cinco gobiernos (cuatro electos): J. Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984) por sucesión presidencial; León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996).

Entre 1996 y 2006 hubo seis gobiernos: Abdalá Bucaram (1996-1997), electo y derrocado a los seis meses; Fabián Alarcón (1997-1998) como presidente interino nombrado por el Congreso; Jamil Mahuad (1998-2000) electo y derrocado; Gustavo Noboa (2000-2003) por sucesión constitucional; Lucio Gutiérrez (2003-2005) por elecciones y luego derrocado; Alfredo Palacio (2005-enero 2007) por sucesión.

En la transición entre Bucaram y Alarcón, se “encargó” la Presidencia durante un fin de semana a la vicepresidenta Rosalía Arteaga; mientras el 21 de enero de 2000 se instaló un efímero triunvirato nocturno, en tanto se producía la caída de Mahuad.

Rafael Correa fue electo en tres ocasiones y gobernó entre 2007-2017; y le sucedieron, por elecciones: Lenín Moreno (2007-2021); Guillermo Lasso (2021-2023), quien terminó anticipadamente su período presidencial al acudir a la “muerte cruzada”; y Daniel Noboa (2023-2025). Es evidente que existió un ciclo de crisis política entre 1996-2006, estabilidad entre 2007-2017 y un nuevo ciclo de inestabilidad flotante a partir de 2017.

Pero las diferencias políticas e ideologías de los distintos mandatarios no pueden ocultar otro proceso histórico decisivo: el desarrollismo inicial y el reformismo social que estuvo presente en el gobierno de Roldós, se desinfló parcialmente con el gobierno de Hurtado, al estallar la crisis de la deuda externa (1982) y al pasar Ecuador a sujetarse a las “Cartas de Intención” con el FMI, a partir de la primera (1983).

Con Febres Cordero abiertamente se levantó un modelo empresarial de economía que contradijo las bases económicas y sociales fijadas por la Constitución de 1979, y que fue retomado, en forma imparable, desde Durán Ballén en adelante, ya que Borja intentó temporalmente recuperar políticas sociales reformistas, que resultaron insuficientes.

A consecuencia del camino empresarial-fondomonetarista (que fue consagrado por la Constitución de 1998), se debilitaron las capacidades estatales y adquirió un carácter estructural el deterioro histórico de los servicios públicos (educación, salud, seguridad social), así como el de las condiciones de vida y trabajo de la población, por más que el país parecía “modernizarse” con el crecimiento de los mercados, las importaciones y el consumismo típico de las sociedades capitalistas.

Ese proceso fue cortado por los gobiernos de Correa quien, sobre la base de la Constitución de 2008, puso los cimientos para el desarrollo de un modelo de economía del Buen Vivir (Estado de bienestar) que recuperó fuertes capacidades para el Estado, subordinando los intereses privados a los de la nación y orientando las políticas sociales al beneficio colectivo, en el marco del primer ciclo de gobiernos progresistas en América Latina.

Estas situaciones polarizaron diversas reacciones (incluso entre las “izquierdas”), de modo que las élites empresariales y las derechas políticas y mediáticas que las representan alimentaron posiciones radicales contra el “correísmo”, que fueron acogidas por Moreno, al dar un giro inédito a su gobierno, surgido inicialmente de las filas correístas.

Moreno recuperó la vía empresarial-neoliberal e inauguró la persecución a los “correístas”, apoyado en una serie de reformas institucionales y el respaldo de un férreo bloque de poder oligárquico que se consolidó durante su gobierno. Ese bloque pasó a ser la fuerza decisiva del triunfo presidencial de Lasso y luego de Noboa.

De modo que desde 2017 se ha impuesto en Ecuador un modelo económico ya no solo empresarial y neoliberal, sino también oligárquico, con rasgos comparables a los que tuvo el país durante la denominada “época plutocrática”, referida particularmente a los años 1916-1925, que solo pudo terminar gracias a la Revolución Juliana (1925).

En esa época se consagró el poder de los agroexportadores del cacao (los “gran cacao”), millonarios comerciantes y, sobre todo, los oligopólicos bancos de emisión, que convirtieron al Estado en un eslabón más de la cadena de sus negocios y mantuvieron gobernantes sujetos a sus intereses, sin existir impuestos directos como el de rentas, tampoco leyes laborales, ni instituciones del Estado capaces de imponer controles a los desafueros de la élite de propietarios privados que hegemonizaron la vida política nacional.

Hay que recordar que, con los gobiernos julianos y la presencia de la Misión Kemmerer, se creó el impuesto a las rentas, la Caja de Pensiones, el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, las direcciones de salud.

Durante el ciclo contemporáneo de gobiernos empresariales, el anticorreísmo ha tenido relativo éxito, al tratar de ocultar los logros históricos del pasado y endosar al gobierno de Correa los “grandes males” que sufre el país de la actualidad y que no se originan en ese gobierno, sino en el tipo de economía de privilegio a las élites empresariales, con Estado disminuido, desajustes institucionales y ausencia de políticas sociales, como lo demuestran suficientes estudios académicos.

Son estos factores los que explican el renacer histórico del imparable deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, incluyendo el crecimiento de la inseguridad vinculado al ascenso de la narcodelincuencia, igualmente posible por el ambiente de desinstitucionalización acumulado desde 2017.

Naturalmente, las derechas políticas y los voceros gubernamentales atacan de “izquierdistas”, “zurdos”, “comunistas” “venezolanos” y “correístas” a toda persona, académico, periodista, agrupación o sector social y político que manifieste posturas críticas a las desgracias que experimenta Ecuador, como ocurre con los trabajadores petroleros que defienden esta actividad del Estado o con los líderes actuales del movimiento indígena, estigmatizado, adicionalmente, por el racismo y el clasismo de la “alta sociedad”.

Suele decirse que la historia es una “maestra” que sirve para no cometer los errores del pasado. Pero esta idea no funciona en Ecuador. El país se ha convertido en un ejemplo del retroceso histórico, que parece competir con Argentina.

En definitiva, América Latina tiene en Ecuador y Argentina, dos ejemplos de lo que ocurre cuando se sujeta el Estado a la perversa idea de la “economía libre” y del privilegio absoluto a la empresa privada, mientras a cada paso los estudios académicos y los informes de los organismos internacionales demuestran el sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población en los países citados (CEPAL, FMI).

El presidente Javier Milei, que tanto gusta de resaltar: “somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente”, es obvio que no se refiere a Ecuador (y en Argentina el barco se hunde), aunque en el país hay libertarios y anarco-capitalistas que le creen e impulsan sus ideas. ¿Se logrará revertir las nefastas huellas de la historia inmediata ecuatoriana en las elecciones de febrero 2025?

arb/jjp