Por Luis Onofa

La propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de reformar la constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio de su país, como parte de una estrategia de combate al narcotráfico, es la más reciente puntada del complejo entramado que han tejido Washington y los regímenes neoliberales de Ecuador en los últimos ocho años, y que ha significado la sujeción de esta nación sudamericana a los intereses estratégicos hegemónicos estadounidenses.

La iniciativa del gobernante ecuatoriano no tiene destinatario específico, pero todos infieren que está pensada en Estados Unidos.
La historia de esa urdimbre es antigua y ha tenido momentos dramáticos para los ecuatorianos. La actual se remonta al régimen de Lenin Moreno (2017-2021), cuya instalación en Carondelet, marcó el fin no solo de una década de política exterior independiente de Washington bajo la administración de Rafael Correa, sino también el comienzo de una etapa de sufrimientos para el pueblo ecuatoriano por el estancamiento de la economía, desempleo, deterioro de los servicios públicos, aumento de las migraciones, inseguridad y ahora una aguda crisis energética.

A partir de la administración de Moreno, comenzó a trenzarse una serie de acciones y acuerdos con Estados Unidos que, a criterio de Luis Córdova- Alarcón, catedrático de Relaciones Internacionales, están cargados de opacidad y con los cuales la Casa Blanca ha “moldeado” las relaciones con Ecuador.

En un artículo aparecido en un portal web, el especialista sostiene que los eventos terroristas del primer trimestre de 2018, protagonizados por disidentes de las extintas FARC colombianas en la frontera norte de Ecuador, entre ellos, el secuestro y asesinato de dos periodistas y un asistente suyo, todos trabajadores de un diario quiteño, abrieron “una ventana de oportunidad” para que Estados Unidos inicie un proceso de recomposición de sus relaciones con Ecuador.

La visita a Quito del entonces Subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, en febrero de 2018, marcó el comienzo de lo que un medio periodístico local calificó como el “renacimiento” de las relaciones de Carondelet con la Casa Blanca, después que Correa, en 2009, no renovara el acuerdo de 10 años de duración que permitía la presencia de tropas estadounidenses en el puerto de Manta y expulsara del país a la embajadora Heather Hodges y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). “Estamos analizando los mecanismos de cooperación en seguridad, la movilización de recursos y asistencia técnica”, había comentado Shannon al evaluar su encuentro con Moreno.

Tras la visita a Ecuador de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, en julio del 2018, se reabrió la Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada de los Estados Unidos, dependiente de la Agencia de Seguridad de Defensa de ese país, que se ocupa de promover “los intereses de seguridad específicos de los Estados Unidos, incluidas todas las actividades de cooperación de armamentos y de asistencia de seguridad”.

En septiembre de 2018, un Orion P3, avión de patrulla marítima, reconocimiento, guerra antisuperficie y guerra antisubmarina, comenzó a operar desde el aeropuerto de Guayaquil. Su misión, oficialmente anunciada, era detectar narcotraficantes y pesca ilegal en aguas del Pacífico, frente a las costas ecuatorianas. Sin embargo, la falta de un documento firmado previamente entre las partes para esos vuelos provocó la renuncia del embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, en desacuerdo con ese procedimiento. USAID retornó a Ecuador en 2019, al igual que la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, que había estado ausente desde 2005.

En mayo de 2021, el Orion P3 extendía su base de operaciones al aeropuerto de la isla San Cristóbal, en las Galápagos, con autorización del gobierno ecuatoriano, pese al rechazo de sectores que argumentaron que eran violatorias de la soberanía y la Constitución del país y las advertencias que tendrían un costo ambiental para las islas, declaradas por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Uno de los principales impulsores de esa operación era el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quien el catedrático Córdova-Alarcón lo define como “hombre de confianza del SOUTHCOM”, (Comando Sur de Estados Unidos).

En mayo del 2023, Guillermo Lasso (2021-2023), quien para Washington era el mandatario ecuatoriano más favorable a sus intereses en más de dos décadas, firmó un acuerdo con Estados Unidos para asistencia en interceptación aérea de tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo ecuatoriano. En septiembre de ese mismo año, un mes antes de dejar el poder, Lasso suscribió otro documento para «operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas», con el aval de la Corte Constitucional, sin que su texto hubiese sido tratado y votado por la Asamblea Nacional. El acuerdo fue puesto en vigencia por Daniel Noboa (2023- ), en enero de 2024.

Un recuento de Córdova-Alarcón, reseña que desde marzo de 2018 a febrero de 2024 quince altos funcionarios del Departamento de Defensa y diecisiete del Gobierno Federal visitaron Ecuador. Y, entre mayo de 2019 y octubre de 2023, ambos países firmaron 11 acuerdos de cooperación, uno de los cuales es un memorando de entendimiento militar, que se refiere a compromisos de seguridad, cuya vigencia se extiende hasta 2030. Además, catorce miembros del Congreso de los Estados Unidos (entre representantes y senadores) visitaron el país en el mismo período, cuyo resultado más conocido fue la aprobación legislativa estadounidense de la «Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos», en diciembre de 2022, como parte de la National Defense Authority Act 2023.

En aplicación de esa ley, según propia declaración de la embajada de Estados Unidos en Quito, en marzo de 2023, el Gobierno de Ecuador se incorporó a la Iniciativa Global de Adquisiciones (GPI), al haber sido aceptado como socio número 16 de ese mecanismo, que forma parte de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA). Por lo pronto, ese programa financia la formación y asistencia técnica para los funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), entidad estatal cerebro del país en este ámbito. La GPI, cumple el papel de una plataforma que impulsa a sus socios a adquirir tecnologías de alta calidad y larga duración y a construir infraestructuras inteligentes.

En el fondo de esos hechos está el objetivo estratégico de Estados Unidos de contener el avance de China como nueva potencia mundial en todos los campos, incluido el militar y comercial. Ese propósito lo han expresado de manera pública altos funcionarios del gobierno estadounidense y legisladores de ese país.

La jefa del SOUHTCOMAND, Laura Richardson, manifestó preocupación no solo por las inversiones chinas en la extracción de recursos naturales y construcción de infraestructura crítica en América Latina, sino también por las tecnologías, la posesión de datos y la seguridad cibernética en la región. Lo hizo ante un auditorio de jefes militares de América Latina, durante la Novena Conferencia de Seguridad Hemisférica, en Miami, en mayo de 2024. En su misma intervención, la jefa militar estadounidense instó a “salir a competir por contratos” en proyectos estratégicos en el mundo.

De su lado, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense, el republicano Jason Smith, instó a “usar todas las herramientas a nuestra disposición, incluido el comercio, para contrarrestar la influencia de China en América Latina,”. Agregó que una de sus “prioridades es utilizar la política fiscal y comercial de Estados Unidos para asegurar nuestras cadenas de suministro y contrarrestar la creciente presencia de China en el mundo en desarrollo, especialmente en el hemisferio occidental.” Tales criterios los expuso durante una visita a Quito como parte de una delegación parlamentaria de su país, en marzo de 2023.

En concordancia con ese propósito, la planeación estratégica 2022 de la embajada de Estados Unidos en Ecuador (Integrated Country Strategy), plantea que los compromisos con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de este país permitirán “oportunidades comerciales para los proveedores con sede en Estados Unidos”, al tiempo de mejorar las capacidades militares de Ecuador. Cualquier programa que se inscriba en esos objetivos deberá contar con la participación de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la embajada de aquel país.

El documento referido, al abordar el tema de seguridad, sostiene que Ecuador “tendrá que aumentar significativamente” su gasto en defensa. Para ello no será suficiente la cooperación estadounidense, y deberá recurrir a compras a las entidades militares que negocian armas o a aquellas que operan mediante ventas comerciales directas, todas de su país.

Para ese propósito, según Córdova-Alarcón, Washington ha armado un riguroso procedimiento, que se canaliza a través de las Oficinas de Cooperación en Seguridad (OSC) que funcionan en sus embajadas en el mundo. La “cooperación internacional” en seguridad se gestiona a través de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

El método habitual para ejecutarla es el programa Ventas Militares Extranjeras (Foreign Military Sales, FMS). Este intrumento, desarrollado por el Pentágono, ofrece a los gobiernos solicitantes paquetes completos (Total Package Approach) de artículos y equipos de defensa de su industria bélica, acceso al diseño y construcción de edificaciones logísticas con sus ingenieros y contratistas, y entrenamiento, apoyo y capacitación permanente de sus instructores.

El FMS requiere de acuerdos de gobierno a gobierno, de manera que las partes se convierten en clientes directos del complejo bélico industrial de los Estados Unidos y en “rehenes estratégicos del Pentágono”, en palabras de Córdova-Alarcon.

En julio del 2023 el entonces ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, suscribió en Washington un Memorándum de Entendimiento con el Departamento de Defensa, compromiso que, a juicio del analista, contempla una inversión de tres mil 100 millones de dólares hasta 2030, monto que deberá salir de las arcas fiscales de Ecuador. No está claro si de ese paquete forma parte un programa de inversiones por 93 millones de dólares, en un período de cinco años, del cual habló Laura Richardson, durante su visita de enero de 2024 al nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

De manera adicional, según uno de los instrumentos del acuerdo, el país solicitante de cooperación en seguridad también debe financiar la movilización, manutención y soporte de todo el personal militar y civil del Departamento de Defensa que se desplace al territorio del “Estado cliente”. Para ejecutar esta parte del “compromiso” se suscribió el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), el 27 de septiembre de 2023; y el Acuerdo de Navegantes, el 6 de octubre de ese año.

Los objetivos de Washington con relación a Ecuador rebasan el campo militar, el comercio y la seguridad, los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal. En nombre de la democracia, alcanza también al político: en la planeación estratégica de la embajada en Quito se dice que una de sus misiones es “mitigar el riesgo del retorno del autoritarismo” al gobierno. Obviando los brotes de esa tendencia en su propio país parece referirse a las organizaciones políticas que pudiesen afectar sus intereses en Ecuador.

Ese itinerario de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos lleva a Córdova-Alarcón a sostener que la declaración de Noboa de “guerra interna” al narcotráfico, decretada a comienzos de 2024, no es casual, sino que se inscribe en una compleja cadena de hechos, cuyo propósito es moldear la política exterior de este país sudamericano. La estrategia del mandatario ecuatoriano se inscribiría, además, en las “guerras de baja intensidad”, que son ahora la modalidad escogida por Washington para impedir que llegue al gobierno cualquier opción política que a su juicio pudiese serle adversa.

La propuesta de presidente ecuatoriano Daniel Noboa de levantar la prohibición constitucional para que se instalen bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, en nombre del combate al narcotráfico, calza en los intereses hegemónicos de Washington, aunque por ahora podría no estar en el interés prioritario de Washington, a juzgar por declaraciones de su embajada en Quito, al expresar que no baraja esa modalidad de asientos militares en este país sudamericano. Por ahora podrían bastarle los dispositivos de alta tecnología con los que cuenta en tierra y en el espacio sideral.

La iniciativa de Noboa podría serle útil en el futuro si continúa deteriorándose su hegemonía en el escenario mundial. Ya le fueron útiles en la Segunda Guerra Mundial cuanto instaló sendas bases militares en las Galápagos y en Salinas, punto más occidental de la Península de Santa Elena, mediante acuerdos secretos con el gobierno ecuatoriano de entonces, para cuidar el Canal de Panamá. También le fue pertinente instalar una en el puerto de Manta en 1999, para monitorear a la insurgencia colombiana.

La iniciativa del actual mandatario ecuatoriano deberá pasar por los filtros de la Corte Constitucional, donde se encuentra ahora, y luego por la Asamblea Nacional, antes de ser llevada a consulta popular. Ese proceso podría prolongarse hasta más allá de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo, y de abril siguiente, si hay segunda vuelta por la Presidencia de la República. Pero la carta está lanzada y, por los antecedentes históricos que la preceden, ha encendido las alertas de sectores progresistas del país, que la han rechazado recordando la vocación imperial de Estados Unidos.

rmh/lo