Por Gustavo Espinoza M.

Si en el futuro a un peruano se le preguntara cómo terminó su gestión “gubernativa” Dina Boluarte, podría responder con presteza: envuelta en sangre. Porque sangre derramó desde el 7 de diciembre de 2022 cuando se puso la “banda presidencial” por un acuerdo sucio con la ultraderecha; y sangre fue la que derramó con inusitada frecuencia en diversos rincones del país, y derrama aún para espanto de la ciudadanía.

Hoy mismo fluye sangre de los peruanos en las calles de Huancavelica, Ayacucho, Juliaca, Abancay, Loreto y otros lugares. También, por cierto, en La Libertad, en el distrito de Pataz donde recientemente aparecieron los cadáveres de trabajadores secuestrados antes por bandas delictivas dedicadas a la minería ilegal y otros turbios enjuagues.

En el colmo de la impudicia, la Boluarte informó al país que esos trabajadores habían “fallecido”, lo cual fue absolutamente falso. Fallecieron otros en distintos lugares de la patria por diversas enfermedades que no pudieron ser atendidas; pero esos 13 no fallecieron; fueron asesinados; que no es lo mismo.

Todo el país sabe que en Pataz se declaró el Estado de Emergencia hace 40 días. Y se dispuso para esa circunstancia, la intervención policial y militar. En otras palabras, había custodia permanente sobre personas y locales. Para todos los efectos, las autoridades estaban en “estado de alerta” y podía ejercer funciones de control en todos los ámbitos de la vida ciudadana. No obstante, ese crimen, y otros delitos, se consumaron igual, como ocurría antes cuando con total impunidad operaban las bandas paramilitares creadas por empresas ilegales que extraían oro a manos llenas. Hoy ellas siguen en acción y gozan- como se habrá de comprobar- de la más absoluta impunidad.

Cabe preguntarse cómo todo eso es posible, a quiénes beneficia ese negocio, y de qué manera se puede impulsar sin sufrir las consecuencias de la barbarie que se siembra en el camino.

Es posible, en primer lugar, por la anuencia del Estado. Un accionar así, no puede prosperar por iniciativa propia y decisión privada. Porque no sólo es dinero, lo que se requiere para su concreción. Son mecanismos formales que deben ser cubiertos, y esos sólo se encuentran en manos de las autoridades formales. Sin su complicidad, no es posible avanzar. Y no se pueden confiar en el viejo aforismo– “la plata lo compra todo”- porque no es verdad. De pronto hay funcionarios probos que no aceptan cualquier “negocio” si no se cumple con los requerimientos establecidos.

Los beneficios de este “negocio” son múltiples. Pero el “bollo central” se lo llevan sus impulsores, los que tienen- como se dice- la sartén por el mango, es decir, los recursos del Poder en el nivel más alto. De ellos depende que prospere el asunto, que debe beneficiar igualmente a los dueños del capital. En definitiva, se trata de un negocio redondo de la clase dominante. Por esa razón goza de la mayor impunidad.

Sólo se puede impulsar contando con la aquiescencia de quienes depende el asunto. Y esos están distribuidos en diversas instancias de la estructura del Estado. Y es que se requiere de leyes que protejan el comercio ilegal- el REINFO, por ejemplo- que está normado por leyes y decisiones parlamentarias, pero también de acciones ejecutivas que requieren disposiciones puntuales.

En el caso, se han constatado hechos clamorosos: los trabajadores fueron secuestrados el 25 de abril y el 27 y 28 se presentaron las primeras denuncias públicas porque la Comisaría local no aceptó las formales. Pero el 30, el primer ministro dijo que “dudaba de la veracidad de los hechos”. Probablemente ya ese día, los rehenes habían sido asesinados. ¿Dónde estuvieron las autoridades a cargo del “Estado de Emergencia” en Pataz en todos esos días?

Los cuerpos de las víctimas fueron ubicados y recuperados por los propios trabajadores y sus compañeros de labor. ¿Por qué no cumplió esa labor la policía? Dos Capturados por la presunta comisión del delito, lo fueron por los ronderos, civiles organizados en Comités de Seguridad Ciudadana creados por ellos mismos, y sin la menor participación oficial.

Los que conocen el tema han dicho que “las medidas” anunciadas por la Boluarte, no tendrán incidencia en los hechos. Suspender las actividades mineras por 30 días “prorrogables”, perjudica a los trabajadores mineros de las empresas formales. Dichas empresas suspenderán el pago de salarios a sus trabajadores porque “no están laborando”. ¿Como habrán de alimentar sus hogares? Por lo demás, las empresas ya anunciaron que “no tendrán ingresos”. Todo eso explica la Marcha de sacrificio que anuncia el Alcalde de Pataz para el 14 de mayo y que cuenta con la masiva aceptación ciudadana.

Entre tanto, decidir la intervención militar o policial no resuelve nada, como tampoco lo resolvió en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras o Villa María. Todos saben que en las narices de los uniformados, se comenten los delitos. Establecer una Base Militar en Pataz, no ayudará. Por lo demás, es idiota pensar en la necesidad de crear Bases en cada una de las provincias en las que surjan conflictos de este orden. A ese ritmo, van a convertir el país en un inmenso cuartel y, en contrapartida, crear una cárcel descomunal para todos los “descontentos”.

Y confundir Pataz con el VRAE no tiene sentido. Una cosa es trasladar droga y otra hacer pasar oro en metálico. Si la inteligencia natural no les da para percibir la diferencia, no estaría mal proporcionarles algo de Inteligencia Artificial, a ver si les liga.

Hay que subrayar, sin embargo, que en el VRAE ya llevan 20 años “combatiendo el narcotráfico” incluso con ayuda yanqui. Y en todo ese lapso, lo único que han hecho ha sido acumular ingentes fortunas en manos de “nuevos ricos” que hoy tienen casas con piscina en las zonas más exclusivas de la capital. ¿O no lo saben los “servicios de Inteligencia”?

Por lo pronto, Dina fue a Pataz, pero no para hablar con los pobladores, o reunirse con los familiares de los asesinados. No. Fue a reunirse con los mil policías y militares a los que mandó allá, y con la empresa. Por cierto, cada día acelera, paso a paso, su derrota.
Lo que es notable, es que el gobierno aprovecha la crisis para apoderarse de lo que pueda en lo que le resta de gestión. Por eso casi triplica el sueldo de Dina y “reinserta” a Juan José Santiváñez (ex ministro del Interior) en el gobierno a través de la Discamec. Pareciera, que de ésta, no se salvan. El Gabinete está en caída y Dina en la víspera de su colapso, envuelta en sangre. Se avizoran días decisivos.

En esta circunstancia es que cabe recordar las sabias palabras de Bolívar en la Carta de Jamaica: «El Perú encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal; oro y esclavos. El primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido por sí mismo”.

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